La negociación por el Presupuesto 2027 dejó una señal política que los gobernadores regionales no parecen dispuestos a desaprovechar.
Después de conseguir, mediante una acción coordinada y transversal, que el Ejecutivo desistiera del recorte que amenazaba la inversión de los gobiernos regionales, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) prepara una nueva ofensiva: conseguir que la descentralización deje de ser una promesa recurrente y se convierta en una agenda legislativa con avances concretos.
El desafío fue planteado por el gobernador de Valparaíso y vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca, al término de las conversaciones que permitieron alcanzar un acuerdo presupuestario con el Ministerio de Hacienda. Y aunque la discusión por los recursos concentró buena parte de los esfuerzos de las últimas semanas, para el dirigente regionalista el entendimiento alcanzado constituye apenas el comienzo de una tarea bastante más amplia.
“La descentralización le cambia la vida a las chilenas y los chilenos. La descentralización es muy importante para Chile, porque esto significa tener justicia, justicia territorial, significa propender hacia la agilidad, la suficiencia y la autonomía, como dice Jorge Flies, en materia presupuestaria”, sostuvo.
En ese contexto, anunció que la asociación buscará reactivar los proyectos que apuntan a entregar mayores atribuciones y herramientas financieras a las administraciones regionales.
“Lo hemos conversado con el ministro Quiroz, lo hemos conversado con el director de la Dipres, vamos a empujar la ley de Regiones Más Fuertes para tener descentralización fiscal, vamos a empujar ley de rentas, eso es muy importante, vamos a empujar ley de plantas”, enumeró.
Mundaca agregó que la discusión también debe alcanzar la dimensión política de la descentralización. “Creo que lo dijeron varios parlamentarios, vamos a empujar descentralización política también, porque la descentralización en Chile todavía amanece”, afirmó.
La frase no es menor si se considera que la reciente negociación presupuestaria mostró que, pese a la elección democrática de los gobernadores y a la instalación de los gobiernos regionales como actores relevantes en la inversión pública, buena parte de sus decisiones continúa dependiendo de autorizaciones, restricciones y criterios definidos desde Santiago.
La unidad exhibida por los gobernadores frente a Hacienda podría convertirse así en una herramienta de presión para el siguiente capítulo. Esta vez, sin embargo, el resultado no dependerá únicamente de una negociación por recursos, sino de conseguir respaldo político y legislativo para iniciativas que llevan tiempo esperando avanzar en el Congreso.
Regiones Más Fuertes, el proyecto que espera destrabarse
Entre las prioridades aparece el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, presentado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y que busca fortalecer la gestión de los gobiernos regionales, avanzar en autonomía financiera y entregar mayores herramientas para administrar los recursos de acuerdo con las necesidades de cada territorio.
La iniciativa permanece en su primer trámite constitucional, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, sin avances significativos desde su ingreso. Una demora que ya genera inquietud entre quienes consideran que la discusión presupuestaria dejó en evidencia las limitaciones del actual modelo.
El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, fue explícito al plantear que la tramitación debe adquirir mayor urgencia.
“Es fundamental avanzar con decisión en la aprobación del proyecto de ley Regiones Más Fuertes. La descentralización no puede quedarse solo en buenas intenciones; debe traducirse en mayores facultades y autonomía para que las regiones podamos decidir y responder oportunamente a las prioridades de nuestros territorios”, manifestó.
Para el jefe regional, la negociación presupuestaria dejó al descubierto un problema que no se resuelve simplemente consiguiendo mejores condiciones cada año. El exceso de procedimientos y las restricciones administrativas, señaló, terminan dificultando las inversiones y postergando respuestas para las comunidades.
“La reciente negociación presupuestaria permitió que el nivel central comprendiera la relevancia de la gestión de los gobiernos regionales y cómo el exceso de trámites y restricciones administrativas dificulta las inversiones y retrasa soluciones para nuestras comunidades. No podemos seguir enfrentando cada año las mismas tensiones presupuestarias ni depender de negociaciones para resolver problemas que son estructurales”, sostuvo.
Crisóstomo apuntó también a la necesidad de establecer reglas permanentes, más allá de la disposición que tenga cada administración central para favorecer a las regiones.
“Necesitamos un marco legal sólido que entregue estabilidad, autonomía financiera y mayores atribuciones a un modelo de gestión que le hace bien al país y, especialmente, a quienes vivimos en regiones”, indicó.
La discusión, en todo caso, no supone para el gobernador una disminución de las exigencias de fiscalización. Por el contrario, anticipándose a uno de los principales cuestionamientos que suelen acompañar las demandas de mayor autonomía, defendió la necesidad de compatibilizar atribuciones con controles efectivos.
“Y quiero ser muy claro: más autonomía no significa menos control. Existe un consenso transversal sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la fiscalización y el buen uso de los recursos públicos. Pero controlar mejor no significa centralizar todas las decisiones”, planteó.
Una distinción que también aparece en las intervenciones de los parlamentarios de Ñuble, quienes, aunque coinciden en la necesidad de fortalecer la descentralización, ponen distintos énfasis sobre la forma de avanzar y las condiciones que deben acompañar el proceso.
En el Senado, la parlamentaria del PPD, Loreto Carvajal, comparte la necesidad de contar con un financiamiento regional estable y que no dependa de las decisiones de cada gobierno. Para la legisladora, la experiencia de la discusión presupuestaria constituye precisamente un argumento para acelerar los cambios.
“Creo firmemente en la autonomía regional. Ñuble, como región joven, necesita más que nunca un financiamiento permanente y estable, que no dependa de la voluntad del gobierno central de turno. La descentralización no puede quedarse en discursos: requiere recursos y atribuciones reales”, afirmó.
Carvajal advirtió que la nueva etapa debe traducirse en compromisos verificables. “Por eso impulsaremos con fuerza esta agenda, pero también esperamos señales concretas del Ejecutivo, porque la voluntad política se demuestra con hechos y no solo con anuncios”, agregó.
La senadora también puso el acento en las particularidades económicas de Ñuble, una región que mantiene cifras de desempleo de dos dígitos y que, a su juicio, necesita anticipar inversiones para dinamizar su actividad productiva.
En esa línea, sostuvo que la discusión sobre descentralización no puede desligarse de la capacidad de los territorios para responder a sus urgencias. Mencionó, entre otras necesidades, la construcción de un nuevo cuartel de la PDI y la activación de un plan extraordinario de empleo para la región.
“Pero lo principal es que Ñuble requiere apoyos gubernamentales para enfrentar el flagelo del desempleo del 11,8% que nos golpea y que se arrastra sobre los dos dígitos hace años”, afirmó.
Desde la UDI, el senador Gustavo Sanhueza también respaldó la necesidad de avanzar en proyectos que fortalezcan la autonomía regional, aunque planteó que el Ejecutivo debe revisar qué está impidiendo la tramitación de Regiones Más Fuertes.
“Es importante que se pueda avanzar en los proyectos que van en la dirección de fomentar la autonomía de las regiones, ya que de esa forma se cuenta con más recursos y, principalmente, herramientas para poder ejecutar iniciativas locales que permitan lograr un mayor desarrollo regional y mejores oportunidades para quienes vivimos en regiones”, indicó.
El parlamentario advirtió que la iniciativa no ha conseguido progresar desde que ingresó a la Cámara. “Por ejemplo, Regiones Más Fuertes no ha tenido avances significativos desde que ingresó a la Cámara. Entonces, habría que ver el porqué para que se pueda revisar, hacer las modificaciones para fortalecerlo y así poder destrabar su tramitación o ingresar otro que tenga como objetivo robustecer el desarrollo regional”, planteó.
Para Sanhueza, lo importante es que el objetivo de fortalecer las capacidades regionales se concrete en una iniciativa que efectivamente pueda avanzar.
En la Cámara, el diputado RN Carlos Chandía también se declaró partidario de una descentralización que contemple competencias, atribuciones y autonomía financiera.
“Soy de quienes creen en una descentralización efectiva en aspectos de competencias y atribuciones en decisiones estratégicas y autonomía financiera”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la agenda legislativa ha estado concentrada en otras prioridades y llamó al Ejecutivo a retomar estas materias pensando en el próximo año.
“El proyecto de ley de Regiones Más Fuertes está en su primer trámite, en la Comisión de Constitución, y no ha salido de ahí. Hay que discutir en profundidad esta iniciativa, para tener efectivamente regiones con más potencial, pero también con autoridades e instituciones que rindan cuentas y cuenten con los contrapesos necesarios”, afirmó.
Rentas regionales: quién recauda y quién decide
El segundo gran componente de la ofensiva anunciada por Agorechi es la Ley de Rentas Regionales, una demanda que apunta a fortalecer los ingresos propios de los gobiernos regionales y avanzar hacia una mayor autonomía tributaria.
Se trata de una discusión especialmente sensible, porque no solo involucra la distribución de recursos desde el nivel central, sino también la posibilidad de modificar la forma en que se generan y administran los ingresos fiscales en los territorios.
La iniciativa enfrenta, por lo mismo, consideraciones económicas y políticas que no necesariamente concitan el mismo nivel de consenso que la necesidad general de descentralizar.
El diputado UDI, Cristóbal Martínez, reconoció que se trata de una demanda histórica y recordó que también formó parte de los compromisos del gobierno anterior, sin que llegara a concretarse.
“La Ley de Rentas Regionales y una mayor autonomía tributaria para las regiones son demandas que vienen desde hace mucho tiempo y que incluso el gobierno anterior se comprometió a impulsarlas, pero que finalmente nunca lo hizo”, señaló.
No obstante, el legislador pidió cautela frente a cualquier modificación tributaria, considerando el escenario económico del país.
“Tenemos un IPC que volvió a aumentar y una inflación que alcanza el 4,5%, por lo que debemos actuar con absoluta responsabilidad y cautela al momento de discutir cualquier modificación relacionada con los tributos y los ingresos fiscales”, advirtió.
Para Martínez, la prioridad debe seguir siendo la recuperación del crecimiento y el empleo, por lo que cualquier propuesta de mayores ingresos regionales debe considerar ese contexto.
La diputada del Partido Cristiano, Sara Concha, en tanto, manifestó su respaldo a fortalecer las herramientas de decisión de las regiones, aunque puso especial énfasis en que la autonomía debe ir acompañada de mecanismos de fiscalización y transparencia.
“Creo que es fundamental que las regiones tengan cada vez más herramientas y autonomía para responder a las necesidades de sus territorios. La descentralización es un proceso que debemos seguir fortaleciendo, porque las decisiones también deben considerar las distintas realidades que existen a lo largo del país”, expresó.
La legisladora sostuvo que las personas tienen derecho a conocer el destino de los recursos públicos y que cualquier avance legislativo debe contemplar garantías de una administración responsable.
El Congreso también reclama su espacio
Pero la discusión no está exenta de diferencias respecto de los protagonismos y responsabilidades que tuvo cada actor en la negociación presupuestaria. Una señal de ello expuso el diputado independiente-DC, Felipe Camaño, quien, si bien respaldó la necesidad de avanzar en Regiones Más Fuertes y en la Ley de Rentas Regionales, cuestionó que algunos gobernadores hayan presentado el acuerdo presupuestario como un logro exclusivamente propio.
“Por supuesto que es importante avanzar en Regiones Más Fuertes y en la ley de rentas regionales. Sin recursos propios y capacidad real de decisión, la autonomía se queda en el discurso. Pero cuando hablamos de recursos, también hay que ser claros sobre quién los defiende”, planteó.
El parlamentario reivindicó el papel que desempeñaron los legisladores en las negociaciones para modificar la propuesta inicial del Ejecutivo y evitar el ajuste a los presupuestos regionales.
“El acuerdo que evitó el recorte del presupuesto regional demuestra que, cuando se defienden los recursos, se logran resultados. Y en esa defensa, en el presupuesto, quienes damos la pelea cada año somos los parlamentarios. Los gobernadores pueden aportar a la discusión, pero algunos presentan como logro propio lo que fue un trabajo de muchos en el Congreso, y en el que otros pusimos bastante más que una foto”, afirmó.
Desde el Partido Socialista, el diputado Francisco Crisóstomo, en cambio, defendió directamente la iniciativa Regiones más Fuertes impulsada durante la administración anterior y cuestionó la falta de urgencia que, a su juicio, ha mostrado el actual Ejecutivo.
“Este proyecto, que fue presentado por el expresidente Boric, es de vital importancia porque aborda una necesidad y urgencia que no se puede seguir postergando y que tiene que ver con lograr mayor autonomía en materia de ejecución de los recursos”, manifestó.
El legislador destacó que la propuesta permitiría que las inversiones regionales respondan de manera más directa a las prioridades de cada territorio, sin quedar sujetas permanentemente a decisiones del nivel central.
“Los gobiernos regionales conocen de primera fuente dónde falta un camino, un hospital, una escuela; entonces, para llegar a tiempo se requiere no depender de las decisiones del nivel central”, sostuvo.
Crisóstomo también apuntó a la paradoja que dejó la discusión presupuestaria: mientras se habla de fortalecer la descentralización, los gobernadores debieron desplegar una intensa negociación para evitar que se redujeran los recursos disponibles para sus territorios.
“Lamentablemente no hemos visto sentido de urgencia por parte del gobierno, de hecho los gobernadores tuvieron que dar la pelea para evitar que se les recortaran los recursos. Esperamos que después de la discusión presupuestaria se pueda retomar este proyecto y trabajar junto con los gobernadores para lograr una verdadera descentralización”, manifestó
