Controversia en el mundo vitivinícola ha generado la modificación, por parte del gobierno, del artículo 19 del Decreto N° 78 de 1986 -que reglamenta la ley 18.455 que fija normas de producción y comercialización de alcoholes-, al crear una categoría de “vino bajo alcohol”, con una graduación mínima de 8,5°.
El cambio busca responder a la creciente demanda por vinos de baja graduación, que hoy se comercializan con rótulos como cóctel de vino, entre otros. Ello, en un escenario de disminución sostenida del consumo. Asimismo, se argumenta que también buscaría responder a las distintas realidades territoriales, pues no todas las zonas vitivinícolas alcanzan naturalmente los mismos niveles de azúcar y alcohol.
Para el ministro Jaime Campos, el estándar de 8,5° coincide con el parámetro de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Según afirmó, se trata de “una necesidad planteada por la industria desde hace varios años” y defendió que el cambio permitiría desarrollar una oferta que hasta ahora los productores no podían comercializar bajo la denominación de vino en Chile.
En esa línea, desde el gremio Vinos de Chile, que agrupa a la gran industria, valoraron la medida, argumentando que la legislación se está adaptando a una tendencia.
Críticas
Para sus detractores, la medida tuerce la legislación vigente, que exige, al menos, 11,5° de alcohol, abriendo la puerta a la legalización del fraude de “vinos falsos” o a la adulteración por adición de agua sobre lo permitido.
Organizaciones de viñateros de Ñuble, Biobío, Maule, O’Higgins y Valparaíso rechazaron el decreto, apuntando a la “legalización del fraude” y al carácter ilegal del cambio, que según argumentaron, debe ser aprobado por el congreso.
La Coalición Nacional de Viñateros, la Asociación Gremial de Viñateros del Itata por Precios Justos, la Asociación Comunal de Viñateros de San Nicolás y Viñateras Bravas, entre otros gremios, declararon que “lo que están haciendo a puertas cerradas es legalizar el ‘vino falso’ de los gigantes industriales. Llevamos años denunciando que inundan el mercado con productos de 8 ó 9 grados que se venden como vino y que en gran parte son agua saborizada con químicos, reventando a las pymes, estafando al consumidor y destruyendo el precio de la uva y vino a productor en las regiones”.
“Esto es competencia desleal pura que atenta contra el libre mercado, destruye empleos y economías regionales”, añadió Yenny Llanos, viñatera del Itata y dirigente de la Coalición Nacional de Viñateros, quien ha denunciado reiteradamente la nula capacidad fiscalizadora del SAG de la concentración de agua en los vinos, lo que deviene en la adulteración permanente sin sanción.
La discusión no es nueva. Entre 2018 y 2019 ya se impulsó en el congreso un proyecto para reducir a 8,5° el mínimo legal. Hoy, en cambio, el gobierno optó por crear una categoría separada.
En el fondo, la preocupación de los viñateros apunta a que cualquier cambio en la graduación y en la elaboración puede alterar la relación entre la cantidad de uva utilizada y el volumen final producido, lo que es particularmente sensible para un sector que todos los años lamenta los bajos precios que se pagan por la materia prima.
Razones comerciales
El enólogo y académico de la Facultad de Agronomía de la U. de Concepción, Dr. Guillermo Pascual, expuso que la gran industria es la gran beneficiada con este cambio, en específico para el mercado nacional, porque las empresas chilenas ya exportan vino con graduaciones menores en virtud de las legislaciones de cada país de destino.
“Es algo que ya se está haciendo; hace rato que en las góndolas de supermercados encontramos productos que tienen menor grado, que tienen azúcar, se venden muchos cócteles de vino. Es un tema comercial por cómo está el mercado, las personas están buscando vinos de bajo grado, el consumo ha bajado mucho, entonces, esto se hace para tratar de adecuarse al mercado, lo que está bien”, reflexionó.
“Pero se mira la parte comercial y no se ve la parte técnica: hacer vinos de 8,5° es difícil y muy caro; en Chile no es un tema de condición natural, se ha justificado que en muchas partes no se llega al grado, pero eso no es tan así, eso ocurre en algunos valles del sur ocasionalmente; técnicamente, para mí, no tiene tanto sustento y da pie, obviamente, y es lo que todos dicen, a la falsificación de vinos al agregar agua para bajar grados”, puntualizó.
“Yo no sé a qué productores va a beneficiar esta medida, veo muy difícil que beneficie a los pequeños”, planteó el Dr. Pascual.
Falta de diálogo
Desde la mirada del productor vitivinícola de Ránquil, Víctor Castellón (Viña Castellón), “este cambio no es fruto del diálogo con todos los actores, es más bien una movida de los directivos del gremio Vinos de Chile”.
“Legalmente está correcto. Si miramos el resto del mundo, en Europa hace tiempo tienen el mínimo de 8,5° y el resultado ha sido positivo, porque han podido cubrir el nicho millennial, por un tema de tendencias de consumo; y, en segundo lugar, por los territorios, ya que en algunas zonas la madurez de la fruta no les permite alcanzar más grados. En Chile, somos privilegiados porque la fruta nos da alta graduación”, puntualizó el productor.
