La definición del terreno para la nueva cárcel de Ñuble no puede seguir siendo una tarea postergada para un futuro indefinido. Después de 18 años de anuncios, estudios, alternativas descartadas y promesas incumplidas, la región enfrenta ahora una oportunidad que no debe desperdiciar: por primera vez en mucho tiempo existe un proyecto incorporado a una planificación nacional, recursos contemplados para su desarrollo y una autoridad que ha puesto fecha, aunque todavía lejana, a una eventual licitación. Pero todo sigue dependiendo de la misma condición que ha entrampado el proyecto desde 2008: decidir dónde construir.
La afirmación del subsecretario de Justicia, Luis Silva, es tan clara como preocupante. El financiamiento, en principio, existe y el modelo de concesiones ofrece una vía conocida para desarrollar infraestructura penitenciaria. Sin embargo, mientras no haya un terreno definido, no existe proyecto en sentido estricto. Solo hay una necesidad reconocida, una idea largamente discutida y una sucesión de etapas que no pueden comenzar.
Por eso resulta inquietante que, si todo marcha bien, la licitación se proyecte recién para 2031. La construcción de un recinto para 2.100 plazas requiere estudios, diseño, evaluación ambiental, estructuración de la concesión, licitación, adjudicación, obras y puesta en marcha. Es decir, la decisión sobre el terreno no es un trámite más: es el punto de partida de un proceso que, por su propia naturaleza, puede extenderse durante años. Cada mes de demora en esta etapa inicial puede traducirse en nuevos años de espera para una región que ya ha esperado demasiado.
La historia demuestra, precisamente, que el problema no ha sido la falta de diagnósticos. Desde 2008 se repite que la cárcel de Chillán debe salir del centro de la ciudad. El actual recinto fue construido hace más de ocho décadas para unas 340 personas y, aunque hoy su población se ha reducido respecto de los peores momentos, sigue siendo una infraestructura completamente desfasada para las exigencias actuales. Además, el entorno urbano ha cambiado radicalmente. La cárcel quedó rodeada por viviendas, colegios, plazas, servicios y actividad comercial, mientras el fenómeno delictual también se transformó.
Los llamados “pelotazos”, las comunicaciones entre el exterior y el interior del penal y el riesgo de que las cárceles sean utilizadas por bandas criminales para continuar coordinando delitos han convertido la localización de estos recintos en un asunto de seguridad pública, y no solamente en un problema de infraestructura. Los vecinos no debieran tener que acostumbrarse a los gritos nocturnos, a los lanzamientos de drogas ni a restricciones para que los escolares transiten por espacios públicos cercanos. Tampoco la ciudad debiera seguir manteniendo en una de sus zonas más valiosas un recinto que ya no responde a las necesidades penitenciarias ni urbanas del presente.
Pero si la necesidad de trasladar la cárcel está ampliamente reconocida, también debe asumirse que ninguna comunidad recibirá con entusiasmo la instalación de un penal en su entorno. Esa dificultad ha sido, justamente, uno de los factores que han hecho naufragar anteriores intentos. San Carlos, San Nicolás y otras localidades han conocido la resistencia que generan estos proyectos. La oposición ciudadana es comprensible y debe ser escuchada. Sin embargo, no puede transformarse en una especie de veto permanente que condene a toda la región a mantener cárceles obsoletas dentro de sus ciudades.
El desafío, por tanto, es que el Estado adopte una decisión técnicamente fundada, transparente y explicada a la ciudadanía. Si existen informes que descartan terrenos, deben conocerse sus fundamentos. Si hay evaluaciones que pueden ser revisadas, como ha planteado el subsecretario, deben revisarse con rigor y sin convertir la discusión técnica en una disputa política. Y si existen alternativas privadas o fiscales, deben compararse bajo criterios objetivos, considerando accesibilidad, seguridad, impacto urbano, costos, disponibilidad de servicios y compatibilidad territorial.
Lo que Ñuble no puede permitirse es volver a iniciar una interminable ronda de conversaciones que, bajo la apariencia de prudencia, termine reproduciendo la inacción de los últimos 18 años.
