Según el INE, en Ñuble los ocupados informales llegaron a 75.825 en enero-marzo de 2025, lo que representó una caída de 7,7% en 12 meses. De esta forma, la tasa de ocupación informal se ubicó en 33,0%, mostrando un decrecimiento de 3,7 puntos en comparación con igual periodo de 2024.
Ñuble exhibe la tercera tasa de ocupación informal más alta del país, después de La Araucanía (35,8%) y Los Ríos (33,4%), y muy por encima del promedio nacional de 25,8%.
La buena noticia es que la tasa que anotó Ñuble repite el comportamiento a la baja que viene mostrando el indicador en los últimos meses, acercándose a los niveles de 2020, cuando la pandemia obligó a restringir los desplazamientos.
Y aunque es prematuro plantear que hay una tendencia, desde el gobierno salieron a celebrar las cifras, particularmente la reducción de 6 mil 330 trabajadores informales y el crecimiento de 8,5% (12.060) de los ocupados formales.
El crecimiento registrado por Ñuble en el cuarto trimestre de 2024 -alza de 5,0% del PIB regional-, permite explicar en buena medida el aumento de los ocupados formales, sin embargo, el mercado laboral todavía no alcanza el suficiente dinamismo para frenar las altas tasas de desocupación (9,6% en enero-marzo), aunque la expansión de la fuerza de trabajo en 12 meses (3,1%) -que contribuyó al alto desempleo-, reveló que más personas están saliendo a buscar empleo porque creen que hay más oportunidades que hace un año.
No obstante estos resultados, sería un error caer en la autocomplacencia mientras la informalidad laboral afecta a uno de cada tres trabajadores de la región, una proporción alarmante por varias razones, donde la más importante es la precariedad de dichos empleos, con trabajadores que carecen de derechos laborales, como seguridad social. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los informales, sino que también tiene consecuencias negativas para la economía al reducir la base imponible, limitar los ingresos fiscales y cargar injustamente sobre el bolsillo de los trabajadores formales y sus empleadores el peso del financiamiento fiscal, ya sea a través de impuestos como de otros aportes, por ejemplo, las nuevas cotizaciones previsionales y el Fonasa.
Por ello, no atacar la informalidad trae profundas consecuencias, ya que no solo perpetúa la pobreza y la desigualdad, sino que también socava el desarrollo económico sostenible y genera una discriminación inexcusable.
En ese sentido, es fundamental que las autoridades y la comunidad reconozcan la gravedad de este problema y adopten medidas efectivas para continuar reduciendo estos números, donde el crecimiento económico no basta por sí solo y tampoco ofrece proyecciones muy auspiciosas para el presente año, mientras la permisología mantiene en compás de espera un gran número de proyectos de inversión.
Es necesario mejorar la fiscalización y el cruce de datos, puesto que estas cifras también esconden el ánimo mezquino de engañar al sistema para obtener beneficios, ya sea para evitar el descuento de imposiciones y tributos, como también para no perder los subsidios del estado, que se financian, en buena parte, con el aporte de los trabajadores formales.
Se requiere implementar políticas que incentiven la creación de empleos formales y no la desincentiven, como ocurre hoy. Asimismo, urge avanzar en la flexibilización de regulaciones laborales para facilitar la contratación formal, y es clave fortalecer los programas de educación y capacitación laboral con pertinencia territorial y eficiencia.
