La seguridad municipal debía ser uno de los puntos de encuentro entre el Gobierno y los alcaldes.
La nueva legislación busca ordenar y fortalecer funciones que los municipios ya han ido asumiendo frente a la delincuencia y la incivilidad. Sin embargo, su implementación acaba de abrir un nuevo foco de tensión para el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
El Gobierno anunció este miércoles el retiro de Contraloría del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, luego que alcaldes de distintos sectores cuestionaran una de sus disposiciones y exigieran revisar el texto antes de continuar su tramitación.
El foco estuvo en el artículo 8, que establece obligaciones para los municipios respecto de la verificación de requisitos de directores de Seguridad Pública e inspectores municipales. El documento detallaba que el incumplimiento podía generar responsabilidades administrativas y, si comprometía al alcalde, eventualmente configurar la causal de notable abandono de deberes.
Desde el Gobierno sostuvieron que la norma no creaba una nueva causal de destitución, sino que precisaba obligaciones ya contempladas en la legislación municipal. La explicación, sin embargo, no logró disipar la inquietud de los alcaldes.
El propio Arrau había anticipado la posibilidad de retirar el reglamento. “Si es necesario retirar el reglamento y arreglarlo se va a hacer”, dijo. Finalmente, eso fue lo que ocurrió.
El artículo que encendió la molestia municipal
El problema para el Ejecutivo no estuvo solamente en el contenido de la disposición, sino en la forma en que fue incorporada. Los alcaldes consultados coinciden en que no existió una instancia específica de participación sobre este punto, y cuestionan que una materia con eventuales consecuencias sobre autoridades elegidas democráticamente pueda quedar sujeta a la interpretación de un reglamento.
El alcalde de Chillán Viejo, Jorge Del Pozo, sostuvo que la controversia pudo revertirse por la acción coordinada de los municipios.
“Nos enteramos de esta indicación introducida inesperadamente en el reglamento que tenía que ser visado por la Contraloría General de la República. Sin embargo, gracias al accionar de las asociaciones que albergan a los municipios, a los alcaldes y municipios del país, esto se pudo revertir”, dijo.
Del Pozo planteó que ahora debe revisarse el reglamento en su conjunto y no solamente la disposición cuestionada. También puso sobre la mesa un problema que acompaña desde el inicio la discusión: el financiamiento.
“Hay que analizar que esta era una ley que tenía carácter urgente, después le quitaron esa característica, y se ha demorado más del tiempo que a nosotros nos gustaría, entendiendo que la seguridad es una de las prioridades para nuestros vecinos y vecinas de cada comuna”, afirmó.
Y agregó: “Además, el financiamiento ha sido una cosa que no ha estado nunca muy clara, y por eso es que a nosotros también nos preocupa, porque, evidentemente, todo lo que queremos implementar tiene que ver con recursos públicos”.
La preocupación por la causal de notable abandono de deberes también fue explícita. “Basta que haya una posición política o una voluntad de perjudicar a un alcalde, como ha ocurrido en otras materias, para que finalmente pueda ser acusado por notable abandono de deberes. Es injusto”, sostuvo Del Pozo.
“Siempre pedimos participación”
Desde Chillán, Camilo Benavente apuntó directamente a la falta de consulta.
“Los alcaldes siempre pedimos participación respecto de cómo se iba a implementar esta ley de seguridad municipal. Sin embargo, respecto de este punto en particular, no hubo una instancia de consulta para ver cómo se recogía en el reglamento”, dijo.
Benavente destacó que el retiro no puede atribuirse exclusivamente a esta controversia, pero sí valoró la coordinación municipal.
“No podría decir que fue únicamente por esta razón, pero, sin duda, el accionar conjunto de los alcaldes desde sus respectivos espacios, así como también la postura conjunta y unificada de las municipalidades a través de la ACHM, fue clave para el retiro del documento”.
La frase revela uno de los elementos políticos más significativos del episodio: el Gobierno se encontró con una respuesta común de autoridades que, pese a sus diferencias partidarias, coincidieron en defender un espacio de autonomía y participación municipal.
Reclamo que cruzó sectores políticos
La transversalidad de las críticas es especialmente relevante para La Moneda. La seguridad es una de las áreas en que el Ejecutivo necesita cooperación territorial y los municipios serán parte central de la implementación de la ley. Por eso, que la primera controversia relevante termine uniendo a alcaldes de distintos sectores constituye una señal que Arrau deberá considerar.
El alcalde de Ninhue, Luis Molina, respaldó el retiro y llamó a retomar el diálogo. “Creo que fue correcto que el Gobierno retirara el reglamento y que se considere conversar con todas y todos los alcaldes para tener una opinión respecto de esta materia. La seguridad municipal es una prioridad y necesitamos que esta ley avance, pero las reglas deben ser claras”, manifestó.
Molina cuestionó que una eventual causal de cese pueda derivarse de una interpretación reglamentaria.
“Una eventual causal de cese de una autoridad elegida democráticamente es una materia que debe estar establecida por ley y no generar interpretaciones a través de un reglamento”, explicitó.
Desde San Carlos, su par, Rubén Méndez, calificó la disposición como un error.
“Me parece que el artículo 8 de la ley es una mala decisión. Creo que ha sido un error, espero que así sea, y que claramente se pueda corregir”.
Su crítica apuntó también a la proporcionalidad de las eventuales consecuencias: “No tiene proporcionalidad el hecho de que un alcalde exponga incluso su condición de alcalde por una elección de este tipo, más aún considerando que las municipalidades deben tener cierta autonomía en la toma de esas decisiones”.
En Quillón, Felipe Catalán vinculó la controversia con un problema más amplio: el aumento de responsabilidades municipales sin recursos equivalentes.
“Efectivamente, causó una molestia a nivel nacional y, evidentemente, regional esta iniciativa del nuevo reglamento, donde también coloca más presión a las municipalidades y al alcalde. Y sin comunicarlo ni mediarlo anteriormente con las asociaciones de alcaldes o de municipalidades, existe una falta, un error, el cual vemos que ya se está subsanando con el retiro de Contraloría de este reglamento”, precisó.
Catalán sostuvo que los municipios ya están destinando recursos propios a seguridad. “El Estado de Chile, cada vez, le entrega más cargas a los municipios. Hoy, en materia de seguridad, la comunidad se enfrenta a los municipios directamente por los problemas de seguridad y nosotros hemos tenido que estar invirtiendo grandes recursos de nuestro presupuesto para poder entregar mayor seguridad a nuestras comunidades, con cámaras, con más efectivos, más personal, más vehículos para hacer más rondas”, detalló.
A su juicio, la nueva exigencia podía aumentar esa presión.
“Nos siguen entregando más cargas, nos siguen entregando menos recursos y, con esto, más encima, con este reglamento, nos querían generar más presión, hasta el punto de que, si se cometía un error administrativo, podíamos ser acusados de notable abandono de deberes”.
Catalán pidió que el nuevo reglamento sea construido con participación municipal: “Esperamos que el reglamento sea consensuado, porque finalmente somos los alcaldes los que vamos a terminar aplicando este reglamento sin mayores recursos del Estado de Chile, por lo cual lo mínimo que deben hacer es considerar la opinión y el trabajo de los municipios en terreno”.
El desafío de recomponer confianza
El alcalde de Quirihue, Eduardo Redlich, también respaldó la necesidad de avanzar en seguridad, pero cuestionó el nivel de exigencias.
“Creo que estos artículos han sido la molestia de todos los alcaldes en relación con las altas exigencias que están imponiendo a los alcaldes, además de exigir, de alguna forma amenazante, la cesación del cargo por incumplimiento de labores para cada uno de los ediles comunales”, comentó, tras consulta de La Discusión.
Redlich fue enfático en separar su respaldo a la ley, de sus reparos al reglamento. “Yo estoy completamente de acuerdo con la normativa que se está impulsando. Es lo que nos unió como alcaldes a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, y esperamos que esto pueda revertirse”, dijo.
El alcalde también puso el acento en los recursos: “Es complicada la situación para poder asumir tanta responsabilidad, además de una cartera que viene sin recursos”, sostuvo.
