La cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, en la que anunció el envío del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso, abrió un flanco inesperado en el mundo municipal.
Si bien una de las medidas más destacadas -la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda de mayores de 65 años- fue valorada en términos sociales, su impacto en el financiamiento del Fondo Común Municipal (FCM) encendió alertas transversales entre alcaldes de todo el país.
El anuncio fue seguido con atención tanto por alcaldes oficialistas como de oposición. Un grupo liderado por la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, incluso se reunió para analizar el mensaje presidencial y, posteriormente, advirtió que la iniciativa pone en riesgo el FCM, al no establecer mecanismos claros de compensación.
La preocupación no es menor: el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cifró en US$ 200 millones la menor recaudación, de los cuales US$ 130 millones corresponden al fondo solidario entre comunas. Aunque el Ejecutivo comprometió restituir esa parte con recursos fiscales, no existe claridad sobre los restantes US$ 70 millones que dejarían de percibir directamente los municipios.
La incertidumbre se acentúa por la falta de información desagregada. Ni los municipios ni la Tesorería General de la República cuentan con datos precisos sobre cuánto se recauda específicamente de contribuyentes mayores de 65 años, lo que dificulta dimensionar el impacto real en cada comuna.
Fragilidad presupuestaria
En Ñuble, donde la mayoría de las comunas depende en gran medida del FCM para su funcionamiento, las reacciones han sido particularmente críticas.
El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, destacó el alivio a los adultos mayores, pero advirtió que la medida debe ir acompañada de una compensación permanente. “Dependemos en más de un 60% del fondo común, por lo que cualquier merma afecta directamente programas sociales y servicios básicos”, sostuvo, enfatizando la necesidad de focalizar mejor el beneficio.
Una preocupación similar expresó el alcalde de San Fabián, Cristopher Valdés, quien puso el acento en la fragilidad presupuestaria de las comunas pequeñas.
“Para nosotros sería un desmedro gigante que nos complicaría aún más, porque ya estamos pensando en cómo llegar a fin de año”, afirmó, agregando que una reducción de recursos podría incluso comprometer el cumplimiento de obligaciones básicas.
Desde Portezuelo, el alcalde Juan Carlos Rodríguez se mostró expectante respecto de los anuncios de compensación del gobierno, aunque advirtió que cualquier merma en el FCM sería “preocupante”, considerando la alta vulnerabilidad social y económica de su comuna.
El alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, en tanto, si bien no abordó directamente el impacto financiero de una posible disminución del Fondo Común Municipal, planteó que el foco del plan debe estar en la reactivación del empleo como herramienta central para enfrentar la pobreza.
“No existe herramienta más potente contra la pobreza y para dar un respiro a la clase media que la recuperación del empleo; es el corazón de cualquier proyecto de Reconstrucción real”, dijo.
A nivel nacional, alcaldes de comunas de mayores ingresos también advirtieron efectos relevantes, dado su rol como principales aportantes al FCM.
Sin embargo, en regiones como Ñuble el énfasis está puesto en la dependencia estructural de estos recursos, lo que hace más sensible cualquier alteración en su flujo.
Así, aunque la medida apunta a aliviar la carga económica de los adultos mayores -una demanda largamente instalada-, su implementación abre un debate mayor sobre la sostenibilidad del financiamiento municipal.
La ausencia, por ahora, de un mecanismo explícito y permanente de compensación mantiene en alerta a los gobiernos comunales, que advierten que el éxito del Plan de Reconstrucción también dependerá de no debilitar la capacidad operativa de los municipios.
La región de Ñuble, por ejemplo, registró un 68,2% de dependencia del Fondo Común Municipal en 2024, situándose como la región con mayor dependencia a nivel nacional, superando ampliamente el promedio del país (44,4%). Este alto indicador muestra una limitada capacidad de recaudación propia en la mayoría de sus comunas, haciendo al fondo clave para sus finanzas.
De hecho, más de 265 municipios en Chile dependen en más del 44,4% de este fondo.
