La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACC Zañartu) contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 9 de junio de 2025, zanjando así la denominada “Guerra del agua” desatada en el río Laja hace más de una década, debido a las pretensiones de la ACC Zañartu de incrementar en un 46% el caudal que puede extraer, lo que encendió las alarmas de los demás usuarios de aguas del Laja en las regiones del Biobío y de Ñuble, entre ellos, los regantes del río Diguillín, que reciben aguas del Laja a través del Canal Laja-Diguillín.
De esta forma, la Suprema dejó sin efecto la controvertida resolución 2320 de la Dirección General de Aguas (DGA), de agosto de 2023, que para sorpresa de todos reconoció a la ACC Zañartu la extracción de un mayor caudal desde el río Laja, de 22 m3/s a 33 m3/s.
En dos fallos del 14 de septiembre pasado, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso en la forma y rechazó el fondo, como así también, se rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por la ACC Zañartu, que pretendía dejar sin efecto la Resolución 3549 de diciembre de 2022, que sancionó a la ACC Zañartu por extracción ilegal de aguas sobre los 22 m3/s.
Prolongada batalla judicial
Se trata de un conflicto que se viene arrastrando desde 2011 y que ya había sido zanjado por la Corte Suprema en 2021 y por la propia DGA en 2022, no solo negando las pretensiones de los canalistas del Canal Zañartu, sino que también, aplicando sanciones a la ACC Zañartu por la extracción ilegal de aguas y ordenando la destrucción de obras de captación no autorizadas, sin embargo, un repentino cambio de criterio en las autoridades de la DGA sorprendió a los usuarios de aguas y a la comunidad en general, con la decisión de agosto de 2023, abriendo un nuevo capítulo de esta historia.
De hecho, en junio de 2024, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD), junto a otros usuarios del río Laja, como la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola de Biobío A.G., la Cámara de Turismo Saltos del Laja y Aproleche Biobío A.G., interpusieron una querella en contra de altos directivos de la DGA, “por la comisión del delito de prevaricación administrativa”, dada la controvertida resolución de agosto de 2023.
Entre los afectados se encuentran más de 3 mil pequeños y medianos agricultores usuarios del río Laja, que riegan más de 80.400 hectáreas y las más de 5 mil familias regantes del sistema del Canal Laja-Diguillín, obra del Estado que beneficia a 44.630 hectáreas.
Se trata de grandes volúmenes, pues se calcula que con 10 m3/s se pueden regar entre 8 mil y 10 mil hectáreas. A modo de referencia, el Canal Laja-Diguillín entrega cerca de 26 m3/s, de los cuales 10 m3/s se distribuyen en Yungay, Pemuco y El Carmen (Agrocanal), y 16 m3/s entre los usuarios de la JVRD en comunas como Bulnes, San Ignacio y El Carmen.
Efectos en Ñuble
La noticia fue recibida con beneplácito en Ñuble, particularmente entre los regantes del río Diguillín. El presidente de la JVRD, Juan Carlos Villagra, sostuvo que “estamos muy contentos, porque estos fallos confirman nuestra posición de que el Canal Zañartu solo tiene derecho a extraer 22,6 m3/s”.
Villagra manifestó que, en 2023, “la DGA tuvo un cambio de criterio improcedente, al otorgar al canal Zañartu un aumento de caudal de 22,6 a 33 m3/s, pese a que en 2021 multó a dicha organización por extracción ilegal de aguas y pese a la sentencia de la Corte Suprema, que en agosto de 2021 confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, de febrero de 2021, que rechazó la extracción ilegal de agua por sobre los 22,6 m3/s por parte del canal Zañartu. De hecho, en diciembre de 2022, la DGA rechazó el recurso de reconsideración que había ingresado el canal Zañartu, por lo que el conflicto parecía zanjado”.
El timonel de los regantes del Diguillín expresó que “la resolución que sacó la DGA era para nosotros sumamente grave, porque nosotros como como Junta de Vigilancia, todavía no tenemos completamente terminado nuestro proyecto Laja-Diguillín, existe un gran número de ‘Blancos’ que todavía no reciben agua, porque no se ha avanzado en la construcción de los canales secundarios”.
“Para nosotros era muy grave, porque esos 10 m3/s que la DGA le estaba entregando al Canal Zañartu era durante todo el año, y nosotros regamos casi 10 mil hectáreas con 10 m3/s solo en la temporada de riego, y en la práctica, es menos que eso, dada la menor disponibilidad hídrica”, recordó el dirigente, quien hizo hincapié en que la resolución de la DGA afectaba a toda la cuenca del Laja, por los impactos que pudiera tener la sobreexplotación del lago Laja.
De hecho, la organización que preside impulsó y se hizo parte de acciones judiciales y administrativas, así como también con gestiones ante el gobierno en la administración anterior.
Amenaza latente
Francisco Saldías, juez de río de la JVRD, aseveró que “estas sentencias de la Suprema dejan sin efecto la resolución de la DGA de 2023, que permitió al canal Zañartu captar 33 m3/s desde el río Laja. Ahora debe extraer un máximo de 22,6 m3/s, que son los caudales que siempre ha utilizado para usuarios de ese canal; si extraen un mayor caudal, es ilegal, al no contar con los permisos de la DGA, por cuanto tiene obras para conducir hasta 22,6 m3/s. Es decir, una captación superior es ilegal, al ser usurpación de aguas”.
El profesional indicó que “estas sentencias hacen justicia y son un beneficio real para la cuenca del río Laja y en especial, para el Canal Laja-Diguillín, obra de riego construida por el Estado”.
Explicó que “el Canal Laja-Diguillín se abastece de las aguas del lago Laja que son transportadas por el río Laja hasta la bocatoma Tucapel, entonces pasamos a ser parte del sistema Laja, sobre todo, que el río Laja no cuenta con Junta de Vigilancia y que también hemos estado apoyando su necesaria conformación”.
En esa línea, Saldías subrayó que, “para el Canal Laja-Diguillín, es muy beneficioso, por cuanto asegura el caudal para esta obra estatal y permite soñar con el riego de los Blancos postergados por la disponibilidad de aguas, debido a estos litigios con el canal Zañartu”.
Destacó como efectos prácticos, “que se cumplen los objetivos de la Mesa público privada para la recuperación del lago Laja y se mantiene un equilibrio entre los diferentes usos de aguas de la cuenca del Laja, que incluye el Canal Laja-Diguillín”.
Recordó que “como Junta de Vigilancia hemos estado presentes en todas las instancias, como la presentación ante la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que rechazó la resolución 2320 por un componente político; hemos sido parte en las denuncias presentadas ante la DGA y la Comisión Nacional de Riego (CNR) -que envió los antecedentes al Ministerio Público-, y también ante la Superintendencia de Medio Ambiente”, al tiempo que expresó que “esperamos que con estas sentencias, se destraben las investigaciones pendientes”.
Consultado por dichas investigaciones, Francisco Saldías detalló que “la CNR, frente a denuncias por ampliaciones de obras del Canal Zañartu para aumentar su caudal a 45 m3/s, respaldada con resoluciones fundadas de la DGA, constató que la directiva del Canal Zañartu obtuvo recursos económicos a través de la Ley de riego 18.450, con antecedentes que podrían constituir un ilícito, razón por la cual ha enviado en dos oportunidades oficios con todos los antecedentes de los concursos de riego al Ministerio Publico para que investigue a fondo”.
Asimismo, reflexionó que, “sin lugar a duda que estas sentencias marcan un antes y un después, por cuanto permiten a la DGA ratificar el caudal de 22 m3/s que venía respaldado desde siempre y que fue interrumpida por la resolución 2320 del 30 de agosto de 2023 por una acción política y nada de técnica”.
No obstante, el juez de río de la JVRD advirtió que “conociendo la contumacia del Canal Zañartu de todos estos años, liderada por la familia Sabag, con el objetivo de la generación hidroeléctrica y no del riego para sus usuarios, se puede esperar cualquier otra acción política, como ocurrió con la dictación de la resolución 2320 que fue demostrada con el informe final de la Comisión Especial Investigadora CEI 58 aprobada por amplia mayoría de la Cámara de Diputados”.
“Es un tema que no concluye y se debe estar atentos en forma permanente en beneficio del riego de la región de Ñuble”, cerró.
