El Plan de Reconstrucción Nacional y el desarrollo económico y social, se presenta en abril de 2026 como respuesta a una economía chilena marcada por el estancamiento y la pérdida de competitividad, con una narrativa de restauración del desarrollo mediante cuatro ejes de intervención: físico, económico, institucional y fiscal. La propuesta del Ejecutivo busca alcanzar un crecimiento promedio del 3,5% y reducir el desempleo al 6% para la próxima década. Sin embargo, un análisis crítico revela que subsisten riesgos técnicos y tensiones estructurales que podrían limitar su impacto real en la ciudadanía.
El cambio de paradigma con la Reforma Tributaria de 2014 (Ley 20.780) sería la prioridad. Mientras esta buscaba mayor recaudación, el centro hoy está en el crecimiento y la inversión.
Uno de los sectores a intervenir es la construcción, motor histórico del empleo, pero donde también se observan contradicciones. La exención transitoria de IVA a la primera venta de viviendas nuevas para absorber el sobre stock inmobiliario, genera un diseño problemático: eliminar el débito fiscal sin resolver plenamente el destino del crédito fiscal acumulado durante la obra, lo convierte en un costo directo para el desarrollador, endosándolo, nuevamente, a la clase media.
Además, se presenta una redistribución de la carga que tensiona la inversión local. Con la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23% (no aplicable a Pymes), la reintegración total del sistema no se concretará plenamente hasta el año tributario 2030.
La evidencia comparada sugiere que la inversión responde a factores de estabilidad legal y crecimiento proyectado. Según el Fondo Monetario Internacional FMI (2023), las reducciones de impuestos no necesariamente se autofinancian a través de un mayor crecimiento económico. De Mooij y Ederveen (2008), mencionan que la inversión responde positivamente a reducciones tributarias, pero con efectos moderados, y Alesina y Ardagna (2010) señalan que los ajustes fiscales basados en el gasto tienden a ser más sostenibles, aunque pueden tener efectos contractivos en el corto plazo. Por tanto, el impacto real dependerá de un entorno macroeconómico coherente con una política fiscal sólida.
En materia de capital humano, se recurre a un aumento de las tasas marginales al 40% para el segmento de mayores ingresos para financiar la deducción de gastos en arriendo y la exención de contribuciones a adultos mayores. Además, se eliminaría la franquicia Sence y se propone un beneficio tributario mensual (con ciertos requisitos) si se contratan trabajadoras menores de 25 años.
Con todo, resulta cuestionable financiar el gasto fiscal con un plan, sin considerar otras alternativas (al menos conocidas). Tal como está hasta ahora, podríamos llegar a un endeudamiento mayor al que Chile puede soportar, con niveles que sobrepasarían un prudente 45% del PIB. Aunque la iniciativa entrega señales favorables para la inversión, su eficacia dependerá de una tramitación legislativa que refina las zonas de incertidumbre y evite que la urgencia política sacrifique la operatividad técnica necesaria para una reactivación genuina y duradera.
