La controversia por el acuerdo alcanzado entre los senadores del PPD y el Gobierno para reducir de 25 a 10 años la invariabilidad tributaria sumó ayer una nueva arista que amenaza con desdibujar el entendimiento, y al mismo tiempo, profundizar las diferencias al interior de la oposición.
Luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmara que la megarreforma contempla disminuir el impuesto corporativo desde el 27% al 22%, los propios parlamentarios PPD que habían negociado con el Ejecutivo advirtieron que esa cifra nunca formó parte de las conversaciones y que modifica sustancialmente las condiciones bajo las cuales aceptaron el acuerdo.
El senador Pedro Araya sostuvo que las negociaciones siempre se desarrollaron sobre la base de una tasa efectiva de 24,5%, mientras que Ricardo Celis aseguró que si el Gobierno insiste en el 22%, “no hay acuerdo”, debido al menor nivel de recaudación que ello implicaría.
La senadora por Ñuble, Loreto Carvajal, también salió a precisar el alcance del entendimiento.
“Como bancada de senadoras y senadores del PPD, tenemos un acuerdo estrictamente acotado a la invariabilidad tributaria y en la rebaja de años. Cualquier otra materia en relación a otros puntos no contará con nuestros votos”, afirmó, dejando en claro que el compromiso no se extendía al resto de las normas de la reforma tributaria.
Desde Hacienda, el ministro Quiroz respondió que el Ejecutivo conversará nuevamente con los parlamentarios “de buena fe”, asegurando que el acuerdo siempre estuvo circunscrito a la invariabilidad tributaria y al recargo de 1,5 puntos para quienes optaran por ese régimen.
Críticas que no ceden
Más allá de la incertidumbre que abrió el nuevo anuncio del Gobierno, en Ñuble el episodio volvió a poner el foco sobre la decisión de Carvajal de negociar con La Moneda, pese a que los partidos opositores habían acordado recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar precisamente la norma sobre invariabilidad tributaria.
El presidente regional del PPD, Sebastián González, reiteró que la colectividad no valida el Plan de Reconstrucción Nacional, y defendió la decisión institucional de recurrir al TC.
A su juicio, Chile requiere una reforma que otorgue certezas y nazca de acuerdos amplios, por lo que no resulta razonable reducir una discusión de esa magnitud a un entendimiento político sobre un solo aspecto del proyecto.
Desde el PS, su presidente regional, Juan Parada, resaltó que la directiva nacional del PPD mantenga el compromiso de acudir al Tribunal Constitucional, aunque cuestionó el actuar de la senadora por Ñuble, señalando que la negociación “no representa a su partido político ni tampoco al resto de la oposición”.
En su opinión, este tipo de decisiones termina debilitando la coordinación entre las fuerzas opositoras.
En el Frente Amplio, la presidenta regional, Francisca Leyton, sostuvo que el acuerdo alcanzado por un grupo de senadores PPD fue “lamentable”, aunque destacó que la oposición ha logrado sostener una postura común frente a una norma que, a su juicio, mantiene un privilegio tributario excepcional para grandes inversiones y limita la capacidad de futuros gobiernos para modificar la política fiscal.
Las críticas también fueron compartidas por el Partido Comunista y la Democracia Cristiana.
Mientras la presidenta regional del PC, Marta Carvajal, advirtió que acuerdos aislados debilitan la estrategia común de la oposición; la timonel regional DC, Carmen Arias, cuestionó la falta de coherencia entre el compromiso firmado por los partidos y la posterior actuación de los senadores PPD.
Con la rebaja del impuesto corporativo instalada como un nuevo foco de conflicto, el Gobierno deberá intentar recomponer un entendimiento que los propios parlamentarios del PPD consideran alterado por el cambio de escenario. En paralelo, la oposición busca dejar atrás el episodio reafirmando una estrategia común para enfrentar la megarreforma en el Tribunal Constitucional, aunque las diferencias políticas que dejó la negociación siguen lejos de disiparse.
Al cierre de esta edición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio marcha atrás y confirmó que el impuesto corporativo se mantendrá en 23%, privilegiando el acuerdo que había negociado con senadores del PPD. Sin embargo, la bancada PPD anunció que no se sumará al pacto, dejando en suspenso el avance de la megarreforma.
