Con los primeros 100 días de administración cumplidos, el gobierno del Presidente José Antonio Kast busca recuperar protagonismo legislativo mediante una ofensiva que combina seguridad pública, impulso económico y apoyo a las familias.
El Ejecutivo ingresó nuevas iniciativas y otorgó urgencia a proyectos que considera emblemáticos para esta etapa de su mandato. Entre ellos destacan tres propuestas que concentran buena parte de la discusión parlamentaria: el Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, más conocido como Registro de Vándalos; la Sala Cuna Universal; y el Proyecto de Reconstrucción Nacional, bautizado por sus detractores y partidarios como la “megarreforma”.
Las iniciativas ya generan alineamientos y diferencias entre oficialismo y oposición, pero también matices al interior de cada sector. En Ñuble, los cinco diputados de la región coinciden en la relevancia de estos debates, aunque difieren en aspectos clave de su contenido.
Registro de Vándalos: el proyecto más controvertido
La iniciativa ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputadas y Diputados con suma urgencia. Su objetivo es crear un sistema público, electrónico y nacional administrado por el Registro Civil, donde serán inscritas personas condenadas o sancionadas por una serie de conductas consideradas vandálicas o incívicas.
Entre ellas figuran daños a bienes públicos, rayados, interrupciones del tránsito, afectaciones al transporte público, desórdenes y consumo de alcohol o drogas en la vía pública.
La principal novedad es que la inscripción conllevaría sanciones accesorias temporales. Dependiendo de la gravedad de la conducta, quienes integren el registro podrían enfrentar restricciones para acceder a beneficios estatales, obtener pasaporte o licencia de conducir, acceder a gratuidad universitaria, becas de posgrado, subsidios habitacionales e incluso a la Pensión Garantizada Universal.
Los plazos contemplados serían de cinco años para delitos constitutivos de vandalismo y de un año para incivilidades, aunque podrían aumentar en casos de reincidencia.
El diputado UDI Cristóbal Martínez respalda la propuesta y plantea incluso ampliarla.
“Como bancada estamos preparando un catálogo para incorporar nuevas faltas que afectan directamente la vida cotidiana. Es fundamental que estas conductas, aunque no sean delitos, dejen de percibirse como impunes y tengan sanciones proporcionales”, sostuvo.
En la misma línea, la diputada Sara Concha valoró el cumplimiento de un compromiso presidencial.
“La creación del Registro Único de Vándalos es una medida importante, que además fue parte de los compromisos de campaña y que hoy cobra aún más sentido frente a los hechos de violencia que hemos visto en las últimas semanas”, afirmó.
Desde una posición más cautelosa, el socialista Francisco Crisóstomo advirtió sobre la efectividad de la medida.
“Todos compartimos la preocupación por mejorar la convivencia y recuperar los espacios públicos, pero también debemos preguntarnos si las herramientas que estamos creando son realmente efectivas”, expresó.
Una mirada aún más crítica tiene el independiente-DC Felipe Camaño.
“La ciudadanía espera que el Estado recupere la capacidad de garantizar convivencia segura en los espacios públicos. Debemos entregar herramientas efectivas, pero las sanciones no pueden limitarse a multas que terminan afectando solo a quienes menos tienen, quitándoles derechos sociales”, afirmó.
Por su parte, el RN Carlos Chandía estima que existe un amplio consenso respecto de la idea central del proyecto.
“Tendrá, seguramente, un debate intenso, pero creo que hay coincidencia mayoritaria en su idea matriz”, manifestó.
Sala Cuna Universal: acuerdo en el objetivo, diferencias en el financiamiento
El segundo eje legislativo es la Sala Cuna Universal, iniciativa que se encuentra en primer trámite en el Senado, y que busca modificar el histórico artículo 203 del Código del Trabajo.
Actualmente, la obligación de financiar sala cuna recae en empresas con 20 ó más trabajadoras. El proyecto elimina ese requisito y extiende el beneficio desde la primera contratación femenina.
Además, incorpora criterios de corresponsabilidad parental, permitiendo que madres, padres y cuidadores legales accedan al beneficio. También incluye a trabajadores independientes y trabajadoras de casa particular.
Su financiamiento considera un Fondo Público de Sala Cuna, sustentado principalmente mediante una cotización patronal de 0,35%, compensada con una reducción equivalente en el Seguro de Cesantía.
Precisamente allí se concentra una de las principales controversias.
Felipe Camaño cuestionó la fórmula propuesta.
“Nos dimos cuenta de que venía con letra chica: proponen financiarla con el seguro de cesantía, un fondo que existe para proteger a las personas cuando pierden su trabajo, no para cubrir lo que los empleadores no quieren pagar”, sostuvo.
En contraste, Carlos Chandía valoró el respaldo del Ejecutivo.
“Con el respaldo del Ejecutivo es viable, constitucional y financiable, además de ser una iniciativa altamente necesaria y urgente para Chile”, afirmó.
Desde el oficialismo, Cristóbal Martínez considera que se trata de una herramienta clave para la recuperación económica.
“Permite conciliar de mejor manera la maternidad con la vida laboral, en un momento en que necesitamos impulsar con fuerza la natalidad”, indicó.
Francisco Crisóstomo también manifestó su respaldo.
“Creemos que la Sala Cuna Universal es una herramienta fundamental para avanzar en igualdad de oportunidades”, afirmó, agregando que espera una aprobación transversal.
Sara Concha destacó que el proyecto permitirá entregar apoyo concreto a las familias.
“Es una medida muy necesaria para ayudar a las madres a compatibilizar de mejor manera la vida laboral y familiar”, sostuvo.
Megarreforma: crecimiento versus cautela fiscal
El tercer proyecto es el denominado Proyecto de Reconstrucción Nacional, actualmente en segundo trámite en el Senado.
La iniciativa contempla una rebaja gradual del impuesto corporativo, incentivos al empleo, medidas de simplificación regulatoria y modificaciones ambientales orientadas a acelerar inversiones.
Para el Ejecutivo, se trata de una estrategia destinada a dinamizar la economía, aumentar la inversión y generar empleo.
El diputado Cristóbal Martínez considera que la discusión debe avanzar con rapidez.
“La falta de inversión, el desempleo y el estancamiento de la economía no pueden seguir esperando”, afirmó.
Carlos Chandía también observa posibilidades de acuerdo.
“El ministro de Hacienda ha estado reuniéndose con senadores de oposición, recibiendo sus inquietudes y requerimientos, lo que augura una discusión con más altura de miras”, manifestó.
Sin embargo, Felipe Camaño expresó reparos importantes.
“Bajar el impuesto corporativo en un momento de déficit fiscal no tiene justificación, y la invariabilidad tributaria significa que un gobierno le pone candado a las decisiones que podrían tomar los que vengan después”, advirtió.
Desde el PS, Francisco Crisóstomo llamó a privilegiar los consensos.
“La ciudadanía espera acuerdos y soluciones concretas. Confío en que primará la responsabilidad y que el debate se centrará en mejorar el proyecto”, sostuvo.
Sara Concha, en tanto, resaltó la orientación general de la agenda económica impulsada por La Moneda, especialmente por su impacto esperado en regiones que enfrentan procesos de reconstrucción y recuperación económica.
Una prueba para las mayorías parlamentarias
Las tres iniciativas representan desafíos distintos para el Ejecutivo. Mientras la Sala Cuna Universal aparece como el proyecto con mayores posibilidades de consenso, el Registro de Vándalos anticipa un debate más ideológico sobre derechos, sanciones y seguridad. La megarreforma, en tanto, pondrá a prueba la capacidad del gobierno para construir acuerdos en materias económicas y tributarias.
A poco más de tres meses de iniciado el mandato, estas discusiones marcarán el ritmo político del Congreso y permitirán medir la capacidad de La Moneda para transformar sus anuncios en leyes concretas.
