Los datos revelados por la Contraloría General de la República no pueden ser interpretados como una simple irregularidad administrativa. Que en la Región de Ñuble se hayan renovado 2.287 permisos de circulación a vehículos que mantenían multas impagas, contraviniendo una norma legal expresa, constituye una señal preocupante sobre el funcionamiento de los municipios y sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias reglas.
La Ley N.º 18.287 es clara: un vehículo con multas de tránsito pendientes no puede obtener un nuevo permiso de circulación sin saldar previamente esa deuda. La exigencia no es un mero trámite burocrático; responde a un principio básico de igualdad ante la ley y busca incentivar el cumplimiento de las normas de tránsito. Cuando ese requisito se omite, el mensaje que recibe la ciudadanía es que las obligaciones pueden relativizarse dependiendo de la gestión administrativa de turno.
Las cifras de Ñuble son particularmente elocuentes. Chillán y Chillán Viejo concentran cerca del 60% de los casos regionales, una situación que puede explicarse en parte por su mayor parque vehicular, pero que de ninguna manera exime de responsabilidades. Tampoco pasa inadvertido que el informe identifique permisos vinculados a familiares y funcionarios municipales, antecedentes que, aunque representan una fracción menor del total, exigen máxima transparencia para despejar cualquier duda sobre eventuales conflictos de interés o tratos preferentes.
Lo más preocupante es que este problema no es exclusivo de la región. La Contraloría detectó que 322 municipios del país, equivalentes al 93% del total, incurrieron en la misma práctica, otorgando 146.469 permisos de circulación de manera irregular. Casos extremos, como vehículos que renovaron su permiso acumulando más de un centenar de multas, evidencian fallas sistémicas que trascienden el error humano y apuntan a debilidades en los mecanismos de control, fiscalización e interoperabilidad de los sistemas informáticos.
La confianza ciudadana en las instituciones se construye sobre la base de reglas claras y aplicadas sin excepciones. Cuando un vecino paga oportunamente sus multas para cumplir con la ley, espera que todos enfrenten las mismas exigencias. Si ello no ocurre, se instala una percepción de desigualdad que termina debilitando la legitimidad de la administración pública.
Sin embargo, este episodio también representa una oportunidad. Los municipios involucrados deben colaborar plenamente con las investigaciones, esclarecer las responsabilidades administrativas que correspondan y corregir los procedimientos que permitieron estas renovaciones. Paralelamente, el Gobierno y los organismos competentes deben avanzar hacia sistemas de validación automatizados que impidan que un permiso sea emitido cuando existan impedimentos legales.
La ciudadanía no espera explicaciones técnicas ni excusas burocráticas. Espera que las instituciones funcionen correctamente, que los errores sean corregidos y que quienes incumplen la ley no reciban beneficios por fallas del sistema. Restablecer esa confianza será, probablemente, el desafío más importante que deja este informe de la Contraloría.
