No pasaron ni 24 horas desde que se hizo público, este fin de semana, que el delegado presidencial de Ñuble confirmaba al sector de Oro Verde como uno de los lugares que se barajan para proyectar la futura cárcel regional, y la presión de los vecinos se hizo notar de inmediato.
“No a la cárcel en Oro Verde”, se leía en afiches digitales que comenzaron a circular masivamente por redes sociales.
Se repetía así una historia conocida en Ñuble. Portezuelo, San Nicolás y San Carlos también se organizaron para marchar y protestar apenas escucharon la palabra cárcel.
La diferencia es que esta vez ni el Gobierno ni la Delegación Presidencial pueden ponerle pausa a la iniciativa. La salida del penal desde el centro de Chillán dejó de ser una promesa de campaña para transformarse en un mandato del Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria, firmado a mediados de junio y que considera a Ñuble como una región prioritaria.
En otras palabras, se trata de la oportunidad más concreta que ha tenido la región para concretar este proyecto.
Al respecto, el delegado presidencial, Diego Sepúlveda, explicó que “Oro Verde es una de las opciones, hay otra más que corresponde a un particular, pero antes de concretar cualquier decisión debemos realizar un trabajo especial de socialización con las comunidades, para que no se sientan ni resulten perjudicadas por este proyecto”.
Más allá de ese proceso, Oro Verde cuenta con un respaldo poco habitual en este tipo de iniciativas: el del alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
El jefe comunal ha reiterado que la cárcel debe permanecer en la comuna. “No tenemos por qué enviarla a otra comuna vecina. Además, Chillán siempre resulta favorecida con recursos para distintos proyectos de infraestructura, por lo que no es justo rechazar esta iniciativa”, ha sostenido.
Autoridades piden estudios
Las autoridades regionales, sin embargo, coinciden en un punto: antes de definir cualquier ubicación deben existir estudios técnicos que analicen las necesidades de Gendarmería, el impacto ambiental y los efectos sociales que podría generar el proyecto.
El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, valoró que exista consenso respecto de sacar la cárcel del centro de Chillán, pero advirtió que “ese traslado será un fracaso si las decisiones se siguen tomando desde Santiago sin considerar la realidad de los territorios. Primero debe existir una evaluación técnica seria y, sobre esa base, construir un acuerdo regional responsable”.
Por lo mismo, cuestionó que se mencionara públicamente a Oro Verde sin que se hayan conocido estudios preliminares.
“Es un error comenzar a señalar posibles ubicaciones sin contar con los informes técnicos, porque solo se genera incertidumbre y conflictos innecesarios. Queremos transmitir tranquilidad a los vecinos de Ñuble: insistiremos en que este sea un proceso transparente, dialogado y respetuoso de la región”, afirmó.
Una postura similar expresó el diputado Felipe Caamaño, quien sostuvo que “el emplazamiento de una cárcel no puede depender únicamente de la decisión del gobierno de turno. Debe existir un estudio serio, técnico y participativo que entregue garantías a las comunidades, considerando los impactos sociales, ambientales y de seguridad”.
El parlamentario añadió que los planes reguladores comunales también deben ser considerados antes de adoptar una decisión definitiva.
“El desarrollo es necesario, pero debe ir de la mano con el respeto por las comunidades. Zonificar el territorio, establecer criterios claros para la localización de estas obras y resguardar una distancia razonable de los sectores habitados no es frenar el progreso; es hacerlo de manera responsable”, concluyó.
