La megarreforma llegó a su última valla legislativa con el Gobierno confiado en que el trámite estaba prácticamente resuelto. La Cámara había aprobado el informe de la comisión mixta y La Moneda buscaba cerrar durante julio la que considera su principal apuesta económica. Sin embargo, la mayoría oficialista se desarmó en el Senado y el Ejecutivo terminó retirando la urgencia para evitar una derrota.
La votación quedó postergada para la primera semana de agosto, después de la semana regional, luego que se hiciera evidente que el Gobierno no contaba con los 26 votos necesarios para ratificar el informe. La decisión fue impulsada por el comité de senadores de la UDI, que optó por suspender una definición que podía terminar exponiendo las fracturas del oficialismo.
El informe había sido aprobado en la Cámara por 80 votos a favor, 48 en contra y dos abstenciones. Pero ese respaldo no se replicó en el Senado. El senador por Ñuble, Gustavo Sanhueza (UDI), anunció que votaría en contra, mientras Enrique Van Rysselberghe y Vanessa Kaiser no se encontraban en la Sala. A ello se sumaban los votos contrarios que anticipaban Rojo Edwards y Matías Walker.
“Están los votos, pero no están acá”, resumió el biministro Claudio Alvarado. El problema, sin embargo, no se limitaba a las ausencias. La votación evidenció que parte de la derecha y del centro político mantenía reparos suficientes como para impedir la aprobación.
En el caso de Sanhueza, anunció en Sala su voto en contra, advirtiendo que nadie se esperaba que la propia izquierda terminara rechazando una indicación que nació desde el Gobierno.
“Durante la discusión ellos pidieron cambios, impulsaron compensaciones para los municipios, se modificó la redacción para recoger esas observaciones y, finalmente, se coordinaron para votar en contra”, dijo.
El senador cuestionó la forma en que el Estado pretende asegurar los recursos de las municipalidades.
“Existen muchos municipios que están siendo administrados desprolijamente”, sostuvo, antes de poner el foco en los más de $512 mil millones en deudas previsionales acumuladas por corporaciones edilicias. “Los municipios no han pagado las cotizaciones de sus trabajadores, principalmente en las áreas de educación y de salud”, afirmó.
Por eso, Sanhueza pidió que el Ejecutivo diseñe una planificación para abordar esas obligaciones y que la deuda pueda ser descontada a través del Fondo Común Municipal. La señal política detrás de su postura es que la compensación estatal no debería operar de manera aislada, sin asociarse a exigencias de responsabilidad financiera y control sobre la gestión municipal.
La fórmula aprobada establece que la Tesorería General de la República transferirá los recursos necesarios para que los municipios mantengan la proporción de ingresos que habrían recibido sin la exención. El Servicio de Impuestos Internos deberá calcular anualmente la pérdida y comunicar los montos a la Dirección de Presupuestos y a Tesorería.
Compensación municipal: una nueva moneda de cambio
El mecanismo también establece condiciones para acceder a los recursos, entre ellas mantener actualizada la información exigida por ley y acreditar una reducción de al menos 30% en los tiempos de tramitación de permisos respecto del período 2023-2025.
Además, Tesorería asumirá nuevas facultades para cobrar deudas por patentes municipales y derechos de aseo, otorgar facilidades de pago, condonar intereses y multas y retener devoluciones de impuestos de contribuyentes morosos.
La compensación, estimada en cerca de US$70 millones, ha sido cuestionada por la oposición porque será financiada con recursos generales del Estado. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, advirtió que los contribuyentes podrían terminar financiando los presupuestos de comunas de mayores ingresos, como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
