A las 2.40 de la madrugada, después de una jornada de más de siete horas de debate y votaciones, el Senado aprobó en particular la denominada megarreforma de reconstrucción nacional.
El proyecto, que avanzó con discusión inmediata, volverá ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados en tercer trámite, donde los parlamentarios deberán pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
El desenlace no es todavía el final del camino legislativo. Si la Cámara ratifica los cambios, la iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada. Si rechaza alguna de las modificaciones, las diferencias deberán ser resueltas por una Comisión Mixta.
La votación confirmó, además, el peso decisivo de los 26 votos oficialistas en los artículos más controvertidos. Con esa mayoría, el Senado aprobó la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, desde el actual 27% hasta un 23% a partir del año comercial 2029. El cronograma contempla una tasa de 25,5% en 2027 y de 24% en 2028.
La misma votación permitió avanzar en la reintegración gradual del sistema tributario, uno de los pilares del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Para sus defensores, ambas medidas buscan mejorar las condiciones para la inversión y recuperar el crecimiento; para sus detractores, implican una disminución de ingresos fiscales que no cuenta con compensaciones suficientes.
En ese escenario, el senador por Ñuble Gustavo Sanhueza (UDI) defendió el proyecto como un cambio de orientación para la economía chilena.
“Hay votaciones que despachan leyes y hay votaciones que marcan rumbos. La de hoy pertenece a la segunda categoría”, sostuvo durante el debate.
El parlamentario vinculó directamente la iniciativa con la reconstrucción tras los incendios de enero, que destruyeron 4.429 viviendas entre Ñuble y Biobío. Según destacó, el fondo de emergencia transitorio aumentará desde $800 mil millones a $1,2 billones, lo que permitirá disponer de $400 mil millones adicionales.
Para Sanhueza, la discusión también dejó una lección política. Criticó la dificultad para disentir de las posiciones predominantes dentro de los propios sectores y llamó a recuperar la capacidad de diálogo.
“No podemos tener un debate serio cuando las posturas vienen predefinidas en bloque”, afirmó, cuestionando que la disidencia sea castigada en redes sociales y en la prensa.
Impuestos, inversiones y el costo fiscal de la reforma
Uno de los nudos más estrechos fue la invariabilidad tributaria. El Senado aprobó, por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, un régimen que fija las condiciones impositivas para grandes inversiones por períodos de entre 10 y 20 años, según el monto comprometido. Las empresas que se acojan deberán pagar una sobretasa corporativa de 1,5 puntos porcentuales.
La votación se produjo luego que Hacienda retirara una propuesta que reducía el impuesto corporativo hasta el 22% y mantuviera la fórmula negociada previamente con sectores de la oposición.
La senadora Loreto Carvajal (PPD), junto a Ricardo Celis, votaron en contra de la invariabilidad, marcando distancia con la posición de otros integrantes de su colectividad.
En su intervención, la senadora por Ñuble puso el acento en el escenario económico y social de la región. Recordó que el desempleo local supera el 12% y que las mujeres enfrentan un impacto particularmente severo. Al mismo tiempo, advirtió sobre el deterioro de las finanzas públicas.
Desde esa perspectiva, cuestionó la orientación general de la reforma. “Se plantea una rebaja del impuesto corporativo desde el 27 al 23 por ciento, mientras las medidas dirigidas a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas son escasas”, sostuvo. A su juicio, el proyecto vuelve a confiar en la “vieja teoría del chorreo”, en lugar de impulsar una política de crecimiento, innovación y productividad acompañada de mayor equidad.
La exención de contribuciones para propietarios de una primera vivienda mayores de 65 años fue aprobada por 28 votos contra 22. La medida generó un extenso debate por sus eventuales efectos sobre los ingresos municipales. El Ejecutivo propuso una compensación para el Fondo Común Municipal y para los municipios directamente afectados, pero solo la primera alternativa logró avanzar.
También se aprobó, por 26 votos contra 24, la posibilidad de que empresas soliciten una indemnización al Estado cuando sus permisos ambientales sean anulados judicialmente. La norma fue defendida como una forma de otorgar certeza a la inversión, pero recibió duras críticas opositoras y reservas de constitucionalidad.
El proyecto incorpora, además, modificaciones a la relocalización de concesiones acuícolas, los plazos de invalidación de actos administrativos y las facultades de la Dirección de Presupuestos para acceder a información de organismos públicos.
En materia social, avanzó una indicación que elimina la obligación exclusiva de las empresas con 20 o más trabajadoras de entregar el derecho a sala cuna. También se aprobó una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés y una disposición sobre el denominado derecho al olvido financiero. Todas estas materias fueron objeto de reparos de constitucionalidad por parte del Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el resultado como un paso relevante para recuperar la inversión, generar empleo y acelerar la reconstrucción. La oposición, en cambio, anticipó una ofensiva ante el Tribunal Constitucional por aspectos tributarios, ambientales y de invariabilidad.
El proyecto enfrenta ahora su última estación en la Cámara de Diputadas y Diputados. El resultado de esa votación definirá si la megarreforma queda lista para convertirse en ley o si deberá pasar por una Comisión Mixta.
