La política pública sigue sin comprender el fenómeno de la agricultura familiar campesina, lo que conduce a perpetuar la pobreza y la informalidad en los sectores rurales del país.
Recientemente me llegó un “reel” denominado “Prodesal se moderniza este 2026”. Un entusiasta funcionario de Indap relata que el programa, centrado en los microproductores, cambia su enfoque a dos segmentos de productores, a saber: “microproductor de subsistencia”, que se dedica a trabajar para el apoyo y el sustento de la familia, y el “microproductor de transición”, quien ya ha comenzado un proceso de desarrollo productivo orientado a la comercialización. Habiendo “reconocido” estos dos tipos de microagricultores, la modernización se materializa realizando contratos diferentes para cada tipo.
Para el microproductor de subsistencia aumenta el capital de trabajo FOA para insumos de $145 mil a $200 mil. Para el microproductor de transición el tope de los fondos concursables IFP aumenta de $2 millones a $3 millones. La fórmula de permanencia en el programa se cambia desde el ingreso bruto por ventas a una regla que depende del tipo de productor. El de subsistencia puede permanecer en el programa por un período máximo de 12 años, mientras que el de transición el tope se reduce a cuatro años. Termina el “reel” con la frase: “el campo evoluciona y nosotros contigo”.
Varias son las razones que se pueden aducir para que surjan dudas razonables respecto de la eficacia del programa. El optimismo del presentador de la propuesta de modernización, colisiona con la realidad del microproductor.
En mi opinión, la propuesta está mal formulada toda vez que no consideran los incentivos de los agentes involucrados. En efecto, una característica del microproductor es la informalidad, lo que se traduce que el ingreso bruto por ventas no es observable. Esta realidad genera una baja rotación de los usuarios. La separación de los contratos no se hace cargo de esta realidad. Los incentivos apuestan a subir en $1 millón el fondo concursable, insuficiente si se considera el costo de perder ocho años de cómoda permanencia en el Prodesal. Es de alta probabilidad que los microproductores de transición oculten su estado y se mantengan como microproductores de subsistencia. Desde esa perspectiva, la modernización del programa es irrealizable toda vez que se mantienen los incentivos de los usuarios para permanecer en el programa como zona de confort.
Adicionalmente, se debe considerar que una buena parte de los microproductores son adultos mayores, con hijos y nietos que han migrado a zonas urbanas. En esta condición, aumenta la aversión al riesgo. Para muchos, cuatro años en el programa es un período demasiado corto. La tranquilidad de permanecer en el programa durante los próximos 12 años les da la tranquilidad de mantener el apoyo del Estado sin asumir mayores riesgos.
Finalmente, la tierra agrícola es un bien valioso que es capaz de generar riqueza para los sectores rurales del país. Simplificar los subsidios del Estado a la subsistencia es reconocer que el país ha abandonado una de las actividades económicas que guarda directa relación con la sustentabilidad y la seguridad alimentaria. En este sentido, no hay dos tipos de micro productores. Existe la pequeña agricultura que se puede intervenir a través de modelos asociativos y de agricultura de contratos, que resulte de una política pública para la atracción de inversiones en la agroindustria.
Renato Segura
Investigador Cerregional
