La seguidilla de amenazas registradas en establecimientos educacionales de Ñuble durante las últimas semanas no puede ser relativizada como una simple “broma”. Aunque en muchos casos no exista una intención real de ejecutar hechos violentos, sus efectos son concretos: alteración de las jornadas escolares, suspensión de clases, despliegue de recursos policiales y, sobre todo, una legítima sensación de inseguridad en comunidades que debieran ser espacios protegidos.
Las cifras conocidas esta semana son elocuentes. Carabineros ha registrado 70 hechos de este tipo en la región y ha detenido a cuatro adolescentes por su participación en amenazas en colegios de Chillán Viejo y San Ignacio. A ello se suman tres denuncias por vulneración de derechos en casos donde los involucrados son inimputables ante la ley. El fenómeno evidencia una preocupante normalización de conductas que cruzan la línea de lo aceptable.
En este contexto, es necesario valorar que las instituciones estén actuando con decisión. La detención de quienes sí son imputables envía una señal clara: estas acciones tienen consecuencias. Del mismo modo, la activación de una mesa regional de seguridad escolar, liderada por la Delegación Presidencial y que reúne a actores clave del ámbito educativo, policial y municipal, apunta en la dirección correcta. La coordinación interinstitucional permite una respuesta más eficaz y también fortalece la prevención.
Sería un error pensar que este problema se resolverá únicamente desde el ámbito policial o administrativo. Las propias autoridades han enfatizado un elemento central: la responsabilidad parental. Cuando los involucrados son menores de edad, muchas veces inimputables, el foco necesariamente debe trasladarse al entorno familiar. No basta con sancionar cuando el hecho ya ocurrió; es imprescindible anticiparse, formar y supervisar.
El rol de los padres y apoderados es insustituible. Son ellos quienes deben establecer límites claros respecto del uso de redes sociales, del lenguaje que se emplea y de las conductas que se validan o rechazan. En un escenario donde una amenaza puede difundirse en segundos y generar consecuencias de alto impacto, la educación en convivencia se vuelve urgente.
También es relevante el trabajo preventivo que se está desarrollando en los propios establecimientos. Las charlas, las brigadas escolares y el vínculo permanente con Carabineros son herramientas valiosas, pero requieren ser acompañadas por una cultura escolar que no tolere la banalización de la violencia, ni siquiera en forma de “broma”.
Las autoridades han sido enfáticas en sostener que ninguna de estas amenazas se ha materializado. Esa es una buena noticia, pero no debe conducir a la complacencia. Cada denuncia debe seguir siendo investigada con rigor y cada caso abordado con la seriedad que merece.
Lo que está en juego es la confianza en el espacio escolar como un lugar seguro. Recuperarla y fortalecerla exige un esfuerzo conjunto: del Estado, de las comunidades educativas y, de manera muy especial, de las familias. Porque cuando una “broma” interrumpe el derecho a educarse, deja de ser un juego y se convierte en un problema que todos debemos enfrentar.
