El gobierno de José Antonio Kast llegó a sus seis meses enfrentado a una paradoja: mientras el Presidente intentaba dejar atrás el lenguaje de la emergencia y abrir una etapa de acuerdos, la evaluación ciudadana siguió deteriorándose.
La última encuesta Data Influye ubicó la aprobación del Mandatario en 25%, once puntos menos que en agosto, mientras la desaprobación llegó al 62%. El Gobierno obtuvo 24% de aprobación y 61% de rechazo. La medición también mostró el bajo nivel de conocimiento de buena parte del gabinete: solo fueron evaluados los ministros que superaban el 35% de conocimiento ciudadano.
El dato resulta especialmente relevante para un Ejecutivo que llegó a La Moneda con un discurso de autoridad, urgencia y ruptura respecto de la administración anterior. El relato inicial puso el acento en la crisis heredada, el desorden y la necesidad de recuperar el control. Kast definió su administración como un “gobierno de emergencia”.
Seis meses después, el discurso comenzó a desplazarse hacia otro lugar. El Presidente llamó a la unidad, habló de acuerdos y, durante su intervención ante Naciones Unidas, sostuvo que “Chile está de vuelta”.
No se trató necesariamente de un cambio de fondo del proyecto político, pero sí de una modificación en la manera de presentarlo. El problema fue que el giro llegó cuando el desgaste ya se había instalado.
Para Fernanda Rubilar, miembro de la Red de Politólogas y jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, el escenario corresponde a una “policrisis”.
“El gobierno se encuentra entrando en un proceso de policrisis”, sostuvo. Y precisó que se trataba de “una serie de crisis que se interconectan y se amplifican mutuamente, generando un efecto multiplicador”.
La primera dimensión que identificó fue comunicacional. A su juicio, el Ejecutivo no consiguió desprenderse completamente del tono de campaña, pese a contar con una mayoría parlamentaria y avanzar en reformas relevantes.
“Ya no se trata de un proceso de instalación con un semestre ejerciendo el poder y dos estilos al mando de la vocería de gobierno. Los errores no forzados son múltiples y desde distintas carteras”, afirmó.
El problema, desde esa perspectiva, no está solamente en cuánto comunica La Moneda, sino también en quiénes están disponibles para comunicarla.
Presidente presente y ministros ausentes
El bajo conocimiento de los ministros se convirtió en uno de los síntomas más visibles de esa dificultad. La presidencialización de la política chilena no comenzó con Kast y tampoco el bajo perfil ministerial constituye una anomalía exclusiva de esta administración. Pero el diseño del actual Ejecutivo volvió particularmente visible la distancia entre un Presidente con alta exposición y un gabinete con escaso peso propio.
Cristian Quiroz, doctor en Administración y Política Pública, apuntó precisamente a esa combinación.
“Creo que puede tener más de una causa. La primera, se trata de un perfil ministerial en general proveniente del mundo privado, desconociendo la necesidad e importancia de comunicar a la opinión pública”, sostuvo.
A ello sumó “la presidencialización del poder en nuestro país, que concentra la atención mediática en el Presidente, en desmedro de los ministros”, fenómeno que, según explicó, se vio aumentado por “la debilidad política y comunicacional del gabinete”.
También mencionó la rotación de carteras y la denominada “ignorancia racional”, vinculada a las fuentes de información y desinformación disponibles actualmente.
El resultado fue una estructura en la que el Presidente terminó ocupando buena parte del espacio político, mientras los ministros quedaron asociados principalmente a la gestión sectorial. El efecto no es menor: cuando un gabinete carece de figuras reconocibles y con agenda propia, los errores de sus integrantes terminan repercutiendo directamente sobre La Moneda.
Rubilar observó esa relación entre gabinete y comunicación.
“Paralelamente se visualiza un presidente personalista, que nombró un gabinete casi sin contrapesos y sin experiencia política”, afirmó.
Según su análisis, eso se refleja en que “las y los ministros no logran mínimos de conocimiento y su presencia en prensa es escasa, sin grandes despliegues comunicacionales, poco terreno y errores no forzados que son los únicos que han copado portadas como el incidente entre defensa y cancillería”.
Alfonso Henríquez, abogado y académico de la Universidad de Concepción, planteó una lectura complementaria. Para él, el bajo perfil ministerial y territorial no corresponde solamente a un problema de esta administración.
“Esto no se trata de un problema particular del actual gobierno. Durante el gobierno del expresidente Boric, la situación fue muy similar, autoridades poco conocidas y con perfil muy bajo”, sostuvo.
A su juicio, se trata de un problema “más bien transversal, propio de un proceso de regionalización a medias y de la falta de cuadros políticos preparados”.
La distinción resulta relevante. El actual Gobierno puede estar exhibiendo una versión particularmente visible de una debilidad que viene de antes: ministros sin suficiente autonomía política, seremis con poco margen de decisión y una administración regional que depende en buena medida de instrucciones y recursos definidos desde Santiago.
Pero esa explicación estructural no elimina el problema político del momento. Si Kast llegó prometiendo conducción y capacidad de respuesta, la falta de figuras ministeriales reconocibles también dificulta mostrar quién conduce cada área cuando la agenda deja de estar en manos del Presidente.
De la emergencia al acuerdo
El giro discursivo de septiembre tampoco pudo separarse de la realidad política que encontró el Ejecutivo después de seis meses.
Gonzalo Muñoz, analista político, describió el cambio utilizando dos palabras distintas para dos momentos.
“Cuando José Antonio Kast asumió la Presidencia, el país escuchó la gramática de la urgencia”, afirmó. El relato inicial instaló la idea de que Chile estaba en crisis y que la administración anterior había dejado “la casa en malas condiciones”.
“Era un discurso de autoridad, orden y carácter; con cierto aire portaliano y pocas ganas de perder tiempo en matices”, sostuvo.
Seis meses después, según Muñoz, la palabra comenzó a ser otra: esperanza.
La intervención de Kast ante Naciones Unidas fue representativa de ese cambio. Allí sostuvo que “Chile está de vuelta” y presentó al país desde una perspectiva de recuperación, inversión y apertura internacional.
El viaje a Estados Unidos, sin embargo, no consiguió modificar el cuadro interno. La medición de Data Influye conocida durante esa semana ubicó la aprobación presidencial en su nivel más bajo desde el inicio del mandato. La coincidencia temporal no permite atribuir causalidad entre la gira y el resultado, pero sí mostró que la exposición internacional ocurrió en un momento de fuerte desgaste doméstico.
Muñoz resumió el cambio de tono desde una perspectiva política.
“Entonces la moderación puede tener bastante menos de mística y bastante más de aritmética”, sostuvo.
El argumento apunta al dilema que enfrenta el Ejecutivo: una vez terminada la campaña y comenzado el ejercicio cotidiano del poder, el margen para mantener una confrontación permanente se redujo.
Henríquez coincidió en que el cambio discursivo podía responder a una razón institucional concreta.
“Si bien el Gobierno disfruta de una relativa mayoría en el Congreso, para algunos cambios aún son necesarios los votos de los sectores más moderados”, explicó. “Entonces la confrontación acorta el margen de maniobra. El giro hacia acuerdos en algunas materias responde a esta circunstancia, es decir, la realidad del proceso legislativo se ha terminado por imponer”.
A ello sumó otro elemento: las expectativas.
“Sostener de manera prolongada un relato de crisis no resulta sostenible”, sostuvo, porque el discurso presidencial puede terminar teniendo efectos sobre la economía, la inversión y las expectativas.
“Por tanto, la propia narrativa del gobierno pudo haber tenido un resultado paradójico, esto es, terminar alimentando una profecía autocumplida que daña al propio gobierno”, afirmó.
El contexto económico contribuyó a tensionar todavía más ese relato. En el trimestre mayo-julio, la desocupación nacional llegó a 9,5%, mientras el empleo y el costo de vida se mantuvieron entre las preocupaciones que más directamente afectan a los hogares.
Muñoz planteó esa tensión con una imagen sencilla: “La Moneda sigue insistiendo en que recibió una emergencia y que ahora está ordenando la casa”.
Pero, advirtió, “después de seis meses la gente empieza, inevitablemente, a mirar menos al dueño anterior y más al que tiene actualmente las llaves”.
Ese desplazamiento de responsabilidad constituye uno de los cambios más importantes del primer semestre. La explicación de la herencia recibida puede sostener parte del relato inicial, pero pierde fuerza como respuesta cuando el Ejecutivo comienza a acumular meses de gestión.
La administración anterior puede seguir formando parte del diagnóstico. Ya no puede ocupar todo el diagnóstico.
Cuando la debilidad del gabinete llega a las seremías
El problema del gabinete adquiere una dimensión particular cuando se observa desde las regiones.
Durante los primeros meses del Gobierno, Ñuble recibió visitas de ministros de distintas carteras. Vivienda, Secretaría General de Gobierno, Segpres, Obras Públicas, Cultura, Mujer y Agricultura tuvieron presencia en el territorio.
El dato permitió al oficialismo defender que la región estaba dentro de la agenda nacional. Pero la discusión regional no estuvo solamente centrada en cuántos ministros llegaron, sino en qué tipo de presencia construyeron, cuánto margen tuvieron para instalar una agenda propia y qué capacidad existió para articular a los actores locales.
El delegado presidencial, Diego Sepúlveda, defendió el despliegue y sostuvo que “cada visita ministerial ha respondido a objetivos concretos”, vinculados con emergencias, proyectos de inversión, seguridad, infraestructura y materias sectoriales.
Desde el oficialismo regional, la presidenta de la UDI, Isabel Troncoso, rechazó la idea de un supuesto hermetismo. “Lo más importante es que este despliegue se está realizando sin distinción de colores políticos”, afirmó.
Su par de RN, Renán Cabezas, valoró la presencia ministerial, pero reconoció que “siempre es positivo fortalecer la comunicación y la coordinación con las autoridades locales y parlamentarias”.
La oposición, en cambio, apuntó a una diferencia entre presencia y articulación.
El presidente regional del PS, Juan Parada, habló de “hermetismo, falta de diálogo y decisiones que incluso amenazaron proyectos estratégicos para Ñuble”. También sostuvo: “Es inaceptable que varias autoridades llegaran con agendas secretas y que parlamentarios, alcaldes y medios de comunicación locales se enteraran por la prensa”.
El PPD regional, a través de Sebastián González, puso el foco en una diferencia similar. “Nuestra región necesita y merece la presencia de sus autoridades”, afirmó, aunque cuestionó que el despliegue pudiera quedarse en reuniones y fotografías.
“Hasta ahora, lo que hemos visto es mucho despliegue comunicacional, pero poco contenido”, sostuvo.
Más allá de las posiciones partidarias, las observaciones apuntaron a un problema que coincide con el diagnóstico nacional: una autoridad ministerial que llega a una región necesita algo más que una agenda preparada desde Santiago.
Necesita capacidad política para comprometer decisiones, explicar prioridades, relacionarse con parlamentarios de distintos sectores y construir una interlocución que sobreviva a la fotografía de la visita.
Así lo planteó Alfonso Henríquez: “Resulta evidente que, si los ministros no tienen peso político ni agenda propia a nivel nacional, su despliegue en la región se reducirá a giras protocolares”, sostuvo.
Y allí aparece el siguiente eslabón: las seremías.
Fernanda Rubilar fue directa: “Lo anterior afecta directamente en el conocimiento y performance de las y los seremis en Ñuble y las demás regiones, los que son reflejo de la carencia de agenda”.
El diagnóstico apunta a una relación directa entre la estructura nacional y la capacidad territorial. Si el ministro no instala prioridades, el seremi difícilmente puede convertirse en el principal articulador de una política sectorial en la región. Y si además dispone de escaso margen legal y político para decidir, su papel puede terminar reducido a ejecutar instrucciones y acompañar actividades.
Quiroz puso el acento precisamente en esa dimensión institucional. “Ahora, sobre los seremis, es una debilidad institucional que viene desde hace años. La capacidad legal de decisión con que cuentan es muy limitada, siendo otra característica de la debilidad multinivel y del diseño centralizado que tanto acomoda al poder político de nuestro país”, sostuvo.
La observación permite sacar el análisis de la contingencia inmediata. No todo lo que ocurre con las seremías puede atribuirse al actual Gobierno. Pero tampoco resulta indiferente quién ocupa los cargos, qué experiencia política posee y cuánto espacio se entrega a las autoridades regionales para construir agenda.
En Ñuble, esa discusión resulta especialmente relevante porque se trata de una región joven institucionalmente, con un Gobierno Regional que durante los últimos años adquirió mayor presencia política.
Rubilar advirtió justamente que el bajo rendimiento político-comunicacional del Ejecutivo podría producir un efecto inesperado. “Es más, su bajo rendimiento político-comunicacional ha sido un elemento que puede terminar beneficiando el liderazgo político de los gobernadores regionales”, afirmó.
Es una paradoja del centralismo: mientras La Moneda concentra la agenda presidencial, los vacíos que deja en los territorios pueden ser ocupados por autoridades con mayor visibilidad local.
