La megarreforma quedó, en los hechos, a un paso de convertirse en ley.
Tras casi tres meses de tramitación y una discusión que acumuló cientos de indicaciones, negociaciones y votaciones, el Congreso despejó prácticamente todo el articulado del proyecto de Reconstrucción Nacional, dejando solo un punto pendiente: la compensación de $1.500.000 UTM al Fondo Común Municipal por la exención de contribuciones a las personas mayores de 65 años.
La discrepancia será resuelta por una comisión mixta, pero el resto de las normas quedó firme para su despacho. Es decir, el Gobierno consiguió mantener en pie la arquitectura central de una iniciativa que, desde su origen, buscó ser mucho más que un proyecto de reconstrucción: una plataforma para reactivar la inversión, reducir la carga tributaria empresarial, modificar regulaciones y entregar incentivos a la contratación y al crecimiento.
El desenlace constituye una victoria política para La Moneda. La estrategia de mantener unidas en un mismo proyecto las medidas de reconstrucción y las disposiciones económicas resistió los cuestionamientos de la oposición y la presión de quienes pedían separar ambas materias para acelerar la ayuda a las familias damnificadas.
El resultado también consolidó varios de los ejes más relevantes de la propuesta. Entre ellos, la reducción gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% hacia 2029; la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, con plazos diferenciados de entre 10 y 20 años según el monto de los proyectos; modificaciones a la franquicia Sence; medidas para incentivar el empleo formal; y cambios destinados a agilizar la tramitación de inversiones.
A ello se suma el fondo de $400 mil millones para la reconstrucción de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales, la exención de contribuciones para la primera vivienda de mayores de 65 años y diversas modificaciones a la regulación ambiental. En este último punto se establecieron, entre otras materias, disposiciones sobre relocalización de concesiones acuícolas, evaluación ambiental, reclamaciones y un eventual derecho a indemnización cuando proyectos vean anuladas sus resoluciones de calificación ambiental por sentencia judicial.
Precisamente varias de estas normas fueron objeto de reservas de constitucionalidad. Legisladores de distintos sectores formularon reparos a una quincena de artículos, entre ellos, los cambios ambientales y la invariabilidad tributaria. Desde el oficialismo, en tanto, se cuestionó constitucionalmente la eliminación del registro histórico de deudas.
La fractura política de Ñuble
La división entre los diputados de la región fue nítida. Carlos Chandía (RN), Cristóbal Martínez (UDI) y Sara Concha (Partido Cristiano) respaldaron el proyecto, destacando su potencial para reactivar la economía, atraer inversiones y generar empleos. Francisco Crisóstomo (PS) y Felipe Camaño (ind.-DC), en cambio, votaron en contra y acusaron al Gobierno de utilizar la urgencia de la reconstrucción para aprobar rebajas tributarias y cambios regulatorios que, a su juicio, favorecerán principalmente a los grandes grupos económicos.
Chandía rescató que la propuesta fuera aprobada “por una mayoría incluso mayor a la proyectada” y destacó que el fondo para reconstruir Ñuble y Biobío, los incentivos tributarios y el fin de las contribuciones para mayores de 65 años quedaron listos para convertirse en ley, salvo la compensación a los municipios. “Es una buena noticia para que Chile retome el crecimiento y la generación de empleo”, sostuvo.
El diputado RN, no obstante, marcó una diferencia con parte del articulado ambiental. “Rechacé dos normas vinculadas a la parte ambiental, porque creo que el Estado debe cuidar su patrimonio”, explicó, cuestionando particularmente la posibilidad de indemnizar ante permisos fallidos. También pidió acelerar la tramitación de la Sala Cuna Universal en el proyecto que ya se encuentra en el Congreso, luego de que esa materia fuera eliminada de la megarreforma.
Cristóbal Martínez leyó el resultado como un cambio de rumbo. El diputado UDI destacó la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria, la exención de contribuciones para mayores de 65 años y el fondo de reconstrucción regional. “Con este proyecto de ley comenzaremos a revertir ese escenario, mejorando las condiciones para que los emprendedores y las empresas vuelvan a invertir y a generar oportunidades para los chilenos”, afirmó.
Su argumento central fue que el crecimiento constituye una condición para mejorar las oportunidades laborales y los ingresos de las familias. “Si recuperamos la confianza para invertir, reducimos la burocracia y entregamos reglas y señales claras, nuestro país volverá a ser competitivo”, sostuvo.
Sara Concha también respaldó la iniciativa y puso el foco en el impacto regional. A su juicio, el proyecto entrega herramientas para impulsar el crecimiento, atraer inversiones y fortalecer la reconstrucción. Para Ñuble, afirmó, representa una oportunidad para la agricultura, la agroindustria y el turismo, además de permitir mejorar la conectividad y atraer nuevos proyectos.
“Chile necesita volver a crecer, y este proyecto de ley va en esa dirección”, manifestó la diputada del Partido Cristiano, quien resumió su expectativa en una definición política: “Queremos un Ñuble con más inversión, más empleo y más crecimiento”.
“Imposición de agenda económica”
La oposición, en cambio, interpretó el desenlace como la imposición de una agenda económica que excede la reconstrucción. Francisco Crisóstomo insistió en que el Gobierno debió presentar un proyecto exclusivamente destinado a las familias damnificadas. “Si hubiesen hecho un proyecto único, solo de reconstrucción, ya se lo hubiesen aprobado al inicio de este gobierno”, afirmó.
El diputado socialista cuestionó que el proyecto combine la urgencia de reconstruir con una rebaja del impuesto corporativo y modificaciones regulatorias. A su juicio, mientras las familias afectadas siguen esperando soluciones habitacionales definitivas, el Congreso aprobó una disminución de ingresos fiscales que terminará afectando a sectores como la salud, los adultos mayores, la agricultura y los municipios.
“Esa es la consecuencia de haber puesto por delante una discusión ideológica en vez de una urgencia para la gente”, sostuvo Crisóstomo, quien también manifestó preocupación por los recursos del Hospital Regional de Ñuble y por los programas destinados al mundo rural.
Felipe Camaño profundizó esa crítica. El diputado independiente-DC calificó el resultado como una “megarreforma tributaria” y sostuvo que el Estado dejará de recibir más de US$4 mil millones. Según el legislador, los principales beneficiados serán los grandes empresarios y los inversionistas extranjeros, mientras las familias enfrentan emergencias y necesidades sociales todavía no resueltas.
“Ganó ese 1% más rico”, afirmó, cuestionando que se reduzcan impuestos mientras el país enfrenta problemas de reconstrucción, salud y conectividad. Su conclusión fue categórica: “Chile necesita reconstrucción de verdad, no una reforma tributaria maquillada de ayuda para todos”.
