El próximo martes 4 de agosto, el Senado resolverá uno de los últimos nudos de la megarreforma: el mecanismo con que el Estado compensará a los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.
Lo que para el Gobierno es un artículo secundario dentro de un proyecto mucho más amplio, para los alcaldes representa una definición estructural sobre el financiamiento local, la redistribución territorial y el futuro del Fondo Común Municipal (FCM).
La votación del informe de la Comisión Mixta, postergada por falta de quórum, se transformó en un conflicto político de mayor escala. El Ejecutivo insiste en que ningún municipio perderá recursos, mientras una creciente presión del mundo municipal sostiene que la fórmula propuesta favorece proporcionalmente a las comunas con mayores ingresos propios y debilita el principal mecanismo de solidaridad territorial del país.
En Ñuble, la discusión adquirió una dimensión propia. Mientras algunos alcaldes de la región respaldan la garantía del Gobierno de compensar íntegramente los recursos que se dejen de recaudar, otros plantean que el mecanismo debería considerar criterios de vulnerabilidad y una distribución más equitativa a través del Fondo Común Municipal.
Un alivio tributario con un costo político
La exención de contribuciones para los mayores de 65 años fue una de las medidas emblemáticas de la megarreforma. Su aprobación tuvo un amplio respaldo político porque responde a una demanda transversal: aliviar la carga tributaria sobre adultos mayores, especialmente de clase media.
El problema surgió cuando se abrió la pregunta inevitable: ¿Quién reemplaza esos recursos?
La propuesta del Gobierno establece que el Servicio de Impuestos Internos calculará anualmente la merma que experimente cada municipio, la Dirección de Presupuestos recibirá esa información y la Tesorería General de la República distribuirá las compensaciones correspondientes. El Ejecutivo ha insistido en un principio simple: “Un peso perdido, un peso compensado”.
Sin embargo, el mecanismo incorpora condiciones para acceder a la compensación, entre ellas una reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de permisos municipales y el cumplimiento de obligaciones de transparencia y entrega de información.
Para el Gobierno, esas exigencias buscan mejorar la gestión municipal. Para parte del mundo municipal, introducen incertidumbre y trasladan al ámbito administrativo una compensación que debería ser automática.
La tensión aumentó cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el proyecto estaba “virtualmente aprobado” y que quedaba “un artículo que no es sustancial ni por cerca al proyecto”. La frase fue interpretada por numerosos alcaldes como una minimización de un debate que afecta directamente las finanzas municipales.
La presión municipal y el debate por el Fondo Común
La presión de los alcaldes cambió el eje de la discusión. Una declaración pública difundida por alcaldes de oposición cuestionó el esquema de compensación propuesto por el Ejecutivo y solicitó que los recursos comprometidos se distribuyan íntegramente a través del Fondo Común Municipal.
El documento sostiene que el mecanismo planteado puede profundizar las desigualdades territoriales y llama a abrir una discusión más amplia sobre el financiamiento municipal.
El planteamiento instala un debate de fondo sobre el Fondo Común Municipal. Mientras el Gobierno entiende la compensación como una restitución de ingresos perdidos por cada municipio, los alcaldes que impulsan cambios sostienen que los recursos deberían canalizarse íntegramente a través del FCM para fortalecer el mecanismo de redistribución entre comunas.
El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, adoptó una posición de cautela. Afirmó que cualquier solución debe resguardar los recursos destinados a programas sociales, servicios básicos y apoyo directo a la comunidad. Más que inclinarse por una fórmula específica, puso el énfasis en que los municipios no vean afectada su capacidad de gestión.
Jorge del Pozo, alcalde de Chillán Viejo, fue más explícito. Recordó que la realidad de comunas como la suya es completamente distinta a la de Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, donde la recaudación por contribuciones es mucho mayor. A su juicio, no puede existir ninguna merma en los recursos municipales y, si el Estado garantiza una compensación completa e incluso una redistribución que considere vulnerabilidad, el mecanismo puede transformarse en una oportunidad para comunas más pequeñas.
Del Pozo también respaldó la idea de exigir rendición de cuentas y transparencia como condición para acceder a las compensaciones, e incluso consideró razonable vincular el beneficio al cumplimiento de obligaciones previsionales y financieras, como propuso el senador de la UDI, Gustavo Sanhueza.
Ñuble: entre la garantía de recursos y las exigencias de gestión
Desde una posición distinta, el alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, defendió abiertamente la fórmula del Gobierno. Sostuvo que las municipalidades no perderán recursos si se respeta el principio de compensación total y criticó a quienes buscan modificar la distribución del Fondo Común Municipal. A su juicio, el sistema ya redistribuye de manera significativa desde las comunas más ricas hacia las más vulnerables, por lo que la compensación propuesta sería suficiente.
Cabezas también apoyó que las compensaciones estén condicionadas a transparencia, rendición y responsabilidad financiera, incluyendo el pago oportuno de cotizaciones previsionales.
En tanto, el alcalde de Quirihue, Eduardo Redlich, expresó confianza en el compromiso presidencial de compensar “hasta el último peso”. Para una comuna pequeña, explicó, los montos asociados a contribuciones no son elevados, pero siguen siendo importantes para el funcionamiento municipal. Su principal preocupación es que el retraso de la votación prolongue la incertidumbre y demore la implementación del mecanismo.
El debate en Ñuble refleja, en el fondo, una diferencia de enfoque. Mientras algunos alcaldes consideran que la prioridad es asegurar que ningún municipio reciba menos recursos que hoy, otros creen que la compensación debe transformarse en una oportunidad para corregir desigualdades territoriales históricas.
La discusión también se cruzó con la postura del senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien ha exigido fortalecer los mecanismos de fiscalización y vincular las compensaciones a una mejor gestión financiera municipal, especialmente frente a las deudas previsionales acumuladas por varias municipalidades del país. Esa idea encontró respaldo en alcaldes que sostienen que el Estado no solo debe compensar recursos, sino también exigir responsabilidad administrativa.
El Senado como campo de negociación
La votación del 4 de agosto quedó atrapada entre dos presiones simultáneas.
Por un lado, los alcaldes intentan reabrir una discusión que el Gobierno considera cerrada. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo que la fórmula aprobada por la Comisión Mixta y la Cámara de Diputados ya no tiene espacio para modificaciones dentro de la tramitación de la megarreforma.
Por otro, senadores de distintas bancadas han introducido nuevas condiciones. Gustavo Sanhueza exige fortalecer los mecanismos de fiscalización y vincular las compensaciones a una mejor gestión financiera municipal. Matías Walker, en tanto, condicionó su respaldo a compromisos concretos para financiar la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama.
Esa combinación convirtió una norma aparentemente técnica en una negociación política de alto impacto.
Si el Senado aprueba el informe tal como viene de la Comisión Mixta, el Gobierno consolidará uno de los compromisos centrales de la megarreforma y cerrará un conflicto que amenazó con extenderse más allá de la reforma tributaria. Si se rechaza o se fuerza un nuevo ajuste, el Ejecutivo enfrentará la presión de utilizar un veto presidencial y abrir una negociación con el mundo municipal.
Para Ñuble, la decisión tiene un significado adicional. La región depende fuertemente de mecanismos redistributivos como el Fondo Común Municipal, pero también necesita certezas presupuestarias para comunas pequeñas con escasa capacidad de recaudación propia.
La paradoja es que todos los actores dicen defender el mismo objetivo: proteger los ingresos municipales. Lo que cambia es el camino para lograrlo. Y esa diferencia, que parecía un detalle técnico, terminará definiéndose en una de las votaciones más sensibles del año para el municipalismo chileno.
