Luego de diversos intentos fallidos, finalmente -y mediante la presión de los querellantes- la Fiscalía de Chillán formalizó una investigación por el delito de venta de loteos irregulares, siendo éste el segundo caso en judicializarse en la región de Ñuble.
Mientras que el primer caso, que terminó con dos personas condenadas el 2024 por venta y promoción de este tipo de predios en el sector Las Hijuelas, de la comuna de Pinto en 2017, estos nuevos hechos vuelven a denunciarse en Pinto, aunque en esta oportunidad en el fundo Las Hijuelas del sector Las Trancas, de esa comuna.
La audiencia se realizó el jueves de la semana anterior, con cargos a formular a dos personas, sin embargo compareció sólo la dueña de los predios en cuestión y que acorde a la carpeta fiscal, sería socia del otro imputado, a quien se le atribuyen las ventas.
Este socio comercial no pudo ser formalizado, ya que se encontraría en el sur de Chile, por lo tanto no había sido ubicado ni notificado.
“Pero pese a que está separado de hecho de su exmujer, se le notificó al domicilio que ambos compartían en Las Trancas, tal como lo permite la ley. De esa manera, en caso de no comparecencia, se puede dar una orden de aprehensión en su contra por parte del tribunal”, conmentó al abogado querellante, Roberto Gutiérrez, quien también fue interviniente en el primer juicio.
Según la investigación encargada a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Chillán, la promoción y venta de los paños comenzaron a partir del 2019, concretándose algunas ventas, bajo las condiciones contractuales y formales que exige la ley de Urbanismo y Construcción, lo que con el paso de los meses comenzaría a cambiar.
“La inmobiliaria empezó a subdividir los lotes que estaba vendiendo, probablemente ante la repentina alza de demanda por conseguir predios fuera de los grandes centros urbanos, causada por el estallido social de 2019 y luego por lo de la pandemia”, advirtió Gutiérrez.
5 años y un día más reembolsos
El abogado representa en esta causa a siete quienes compraron estos sitios pensando que, como se les habría asegurado, podrían regularizar sus construcciones en la Dirección de Obras del municipio pinteño, lo que -conforme lo aclaran en la Municipalidad- no es legalmente posible.
Paralelamente, representa a otros vecinos del sector, quienes se oponen a que se subdividan las propiedades en menos de los 5 mil metros cuadrados que exige la ley, ya que eso significaría un inviable aumento de casas y cabañas en el sector.
“Ambos tienen irreprochable conducta anterior, por lo que la ley les impondría un máximo de 5 años y un día de cárcel, que es lo que querellante estamos pidiendo, pero eso siempre y cuando ellos hagan devolución de ciertos montos a mis representados”, añadió.
Respecto a la mujer, su defensa planta que ella tuvo una participación casi nula en los hechos, ya que sólo era la dueña de los predios, no quien los vendía, por lo que no se decretaron cautelares en su contra.
