Durante años, el debate económico en Chile se ha centrado en cómo reactivar el crecimiento y superar el estancamiento de la productividad. Sin embargo, mientras el país busca fórmulas teóricas, en el terreno productivo se acumula un síntoma silencioso pero asfixiante, la distancia insalvable entre obtener una autorización técnica y poder, efectivamente, poner en marcha un proyecto.
La minería, motor histórico del desarrollo nacional, vive hoy una paradoja crítica. En un ciclo global marcado por la transición energética y una demanda sostenida de cobre y minerales críticos, las oportunidades comerciales no son eternas. Tienen ventanas acotadas de rentabilidad que exigen decisiones rápidas y certezas mínimas.
No obstante, el ciclo de desarrollo de proyectos enfrenta un cuello de botella que neutraliza cualquier esfuerzo de eficiencia operativa: la judicialización posterior a la aprobación ambiental.
Hasta hace poco, la discusión apuntaba a la “permisología”, entendida como el tiempo y la burocracia necesarios para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Hoy, la realidad muestra que contar con una RCA favorable ya no asegura el inicio de faenas. Se ha consolidado una segunda etapa, la post-RCA, donde cualquier iniciativa aprobada puede pasar años entrampada entre los Tribunales Ambientales y la Corte Suprema.
Las cifras reflejan la magnitud del problema, decenas de causas en tramitación mantienen en vilo más de diez mil millones de dólares en inversiones estratégicas en minería, energía e infraestructura. Hablar de US$10.000 millones inmovilizados no es solo citar una cifra macroeconómica; representa faenas que no contratan, pymes proveedoras sin contratos, menor recaudación fiscal y, fundamentalmente, horas de trabajo y capital congelados. Eso es, en su definición más pura, pérdida directa de productividad.
Lo más revelador de este esquema no es la existencia del escrutinio judicial, legítimo y necesario en cualquier Estado de derecho, sino la desproporción entre el tiempo invertido en litigar y el desenlace final.
En una proporción sustantiva de los casos, la justicia termina ratificando lo que la autoridad técnica y ambiental ya había evaluado y aprobado. Se valida el rigor técnico del sistema original, pero a costa de dos o tres años de ineficiencia temporal irrecuperable.
La productividad de un país no depende únicamente de la tecnología o de la capacitación de sus trabajadores; descansa en la previsibilidad de sus reglas. Cuando litigar contra una inversión aprobada carece de filtros rigurosos de admisibilidad técnica y no existen plazos razonables de resolución, el sistema genera incentivos perversos. Mientras Chile posterga decisiones, los mercados internacionales no esperan: otros distritos mineros capturan la demanda y atraen los capitales.
Proteger los ecosistemas y promover el desarrollo no son caminos incompatibles. El verdadero desafío institucional radica en perfeccionar el sistema: exigir solvencia a las reclamaciones, acotar los tiempos de respuesta y fortalecer el diálogo temprano con las comunidades.
Si Chile aspira a destrabar su productividad, debe resolver de urgencia este limbo jurídico. Sin certeza para invertir, la promesa del desarrollo seguirá postergada.
Jorge Bocaz Bocaz
Empresario e Ingeniero Civil Metalúrgico
