La Cámara de Diputadas y Diputados está revisando dos proyectos de ley que buscan sancionar con multas a quienes no voten en elecciones y plebiscitos. Esta semana, la Comisión de Gobierno Interior despachó a Sala, en primer trámite constitucional, una moción que establece sanciones económicas por no acudir a las urnas. Pero apenas días antes, el 10 de junio, el Senado había despachado otro texto con un objetivo prácticamente idéntico, que ya ingresó a la Cámara para continuar su segundo trámite legislativo.
Esta duplicidad ha encendido las alertas respecto de la falta de coordinación en el Congreso para avanzar en una legislación unificada sobre el voto obligatorio.
Dos proyectos con la misma intención
El proyecto aprobado en la Comisión de Gobierno Interior modifica la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo multas de entre media y tres unidades tributarias mensuales (entre 34 mil y 206 mil pesos) para quienes no cumplan con su obligación de votar. La propuesta, impulsada por la diputada Joanna Pérez, fue ingresada en 2019, pero su discusión se suspendió en 2021 y recién ahora fue retomada.
El texto considera diversas excepciones para quienes no puedan sufragar, como enfermedades, embarazo, estar a más de 200 kilómetros del local de votación o encontrarse en el extranjero. Estas causales deberán acreditarse a través de una nueva plataforma digital del Servel o en comisarías de Carabineros. También se incorporó una indicación que permite presentar excusas hasta el día de la elección.
Mientras tanto, el proyecto aprobado por el Senado contempla sanciones más altas: multas que pueden ir desde 0,5 hasta 5 UTM (alrededor de 344 mil pesos). Esta iniciativa fue presentada por las senadoras Luz Ebensperger y Ximena Rincón, junto a los senadores Manuel José Ossandón y Matías Walker. Además de las causales de excusa, considera una multa doble en caso de reincidencia en dos procesos electorales consecutivos.
Durante su aprobación en la Cámara Alta, hubo críticas a que la norma no haya pasado por la Comisión de Hacienda, debido a que implicaría gasto fiscal. De hecho, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ingresó una reserva de constitucionalidad por este motivo.
“Lo más probable es que se termine votando el proyecto del Senado”
Frente a la coexistencia de ambos textos legales, el diputado Frank Sauerbaum (RN) afirmó que lo más probable es que se termine legislando sobre el proyecto que ya fue aprobado por el Senado.
“Lo que pasa es que se vota el proyecto que llega primero, y si hay algunas modificaciones o algo distinto, se pueden presentar algunas indicaciones en la sala, pero eso implicaría volver a la comisión (en el caso del que fue despachado por la comisión de Gobierno el miércoles), entonces yo no creo que finalmente se hagan las indicaciones, porque si no, el proyecto se sigue aplazando. Ahora, nosotros lo conversamos, y lo más probable es que se termine votando el proyecto del Senado en la Cámara de Diputados”, expresó el legislador.
La duplicidad en la tramitación de estos proyectos revela una vez más los desafíos de coordinación en el Congreso. El proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior fue retomado antes de que el Senado despachara su propio texto, lo que generó una superposición innecesaria, especialmente considerando la urgencia que algunos parlamentarios le atribuyen al fortalecimiento del voto obligatorio.
Ambos textos buscan reforzar la participación electoral, en momentos en que el ausentismo ha sido una constante preocupación en los últimos comicios. La definición sobre cuál de los dos proyectos prevalecerá, ahora recae en la Cámara, que deberá zanjar si prioriza el que ya pasó por el Senado o insiste en desarrollar su propio camino legislativo.
Por ahora, lo cierto es que la Cámara deberá debatir dos propuestas que persiguen el mismo fin, pero con diferencias técnicas y políticas que podrían complejizar el avance de una norma que sancione efectivamente el no votar.
