La toma de decisiones consiste en la selección de un curso de acción entre varias alternativas. En este proceso, la racionalidad debería ser la base de los resultados esperados. Para ello la información real, el conocimiento técnico y la experiencia de quien se encuentra a cargo son fundamentales.
El curso de acción debería contemplar: establecimiento de objetivos, búsqueda y comparación de alternativas, evaluación de consecuencias adversas, selección de la mejor alternativa y por último la implementación de los resultados. A su vez, los principales problemas del proceso de la toma de decisiones son: sesgo o favoritismo de algunas de las alternativas, objetivos ocultos, consideración de solo el lado positivo o negativo de las alternativas y uso de supuestos en lugar de información real. Traducido a la situación que históricamente se ha vivido en Chile, es la toma de decisiones con medias verdades.
El sesgo político en la toma de decisiones de los gobiernos es mucho más evidente, donde una medida buena para un sector es mala para el otro, agravado por los verdaderos objetivos de las decisiones. En la memoria colectiva de la población esto se traduce en que muchas de las decisiones políticas están orientadas al fortalecimiento de sus propios partidos y no necesariamente al del país.
Por ejemplo, se puede estar de acuerdo en que existe un porcentaje importante de los gastos de nuestra nación que, por alguna razón, son excesivos o simplemente mal asignados. Frente a ello, una decisión racional sería revisar dichos gastos, reducir partidas innecesarias o redestinar recursos hacia áreas de mayor impacto social.
Esta medida debería estar totalmente fundamentada, requiriendo un análisis completo de cada partida o cada programa y estableciendo la eficiencia real para la cual fue creada. Del mismo modo, se deben analizar los gastos en recursos humanos de los nuevos puestos de trabajo de cada gobierno, variable muy cuestionada en la actualidad por supuestos sueldos excesivos y cargos ficticios.
Con toda esta información no es ilógico pensar que se puede recortar un 3% y más de cada partida del presupuesto nacional o de algunas de ellas. Sin embargo, lo que parece racional para algunos es irracional para otros, o sea, aparece el sesgo y también el oportunismo que predispone a la población a tomar una postura política sobre la base de verdades a medias, ya que, si bien parece claro que la solución sería definir con claridad, objetividad y transparencia el recorte del gasto, la experiencia demuestra que los recortes suelen aplicarse directamente a beneficios sociales y no sobre los dineros mal gastados. Al parecer, estos últimos son aceptados y necesarios para los gobiernos y en particular para los partidos políticos.
Así, queda la impresión que las decisiones presupuestarias no responden al interés general, sino a una lógica que termina protegiendo sistemáticamente a la clase política en desmedro del beneficio del país. En definitiva, una sociedad que toma decisiones basadas en verdades a medias corre el riego de profundizar la desconfianza y aumentar la distancia entre las autoridades y la ciudadanía.
