La municipalidad de Chillán busca zanjar dos procesos clave para el cuidado y mantención de la ciudad. Se trata de los futuros contratos de los servicios de recolección de basura y mantención de áreas verdes. Ambas concesiones han sido complejas y difíciles de gestionar por el consistorio no solo en el presente sino también en el pasado.
La primera ha carecido de una planificación estratégica por el municipio, ya que se tuvo que extender más allá del término del contrato con la empresa Dimensión S.A, mediante una prórroga. Luego, la adjudicación de la licitación pública a la empresa Altramuz, que daría continuidad al servicio, fue rechazada por el concejo municipal que criticó aspectos administrativos y técnicos, no quedando otra alternativa que aprobar un trato directo de emergencia con la actual firma por un plazo de hasta 12 meses, a partir del 1 de julio de 2026, con el objetivo de evitar una crisis sanitaria.
Mientras que la segunda ha estado marcada una relación tensa con la firma Parque Johnson, que derivó en una pugna judicial, tras discusiones por multas y operatividad del servicio, por lo que la empresa pidió su término anticipado y una indemnización. De igual manera, desde el municipio han asegurado que la firma continuará ejecutando el contrato hasta su término en febrero de 2027.
Con miras a renovar ambos contratos, la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), publicó el 14 de octubre las bases de licitación pública para contratar el nuevo servicio de mantención de áreas verdes, parques, jardines y arbolado de la comuna.
El proceso busca garantizar la continuidad de estas labores antes que finalice el contrato vigente con la empresa Parques Johnson en medio de la pugna judicial que se encuentra en su etapa probatoria, donde la municipalidad afirmó haber entregado toda la información requerida ante el tribunal para afirmar su cumplimiento del contrato y las bases.
Según las etapas de la licitación, el proceso contempla la recepción de ofertas técnicas y económicas hasta el próximo 13 de noviembre y se establece como fecha de adjudicación el 13 de enero de 2027.
La contratación considera un presupuesto máximo mensual de $220 millones por la prestación de los servicios que se extenderán por un período de 64 meses.
El contrato abarcará una superficie total de 735.058 metros cuadrados, distribuidos en dos categorías de áreas verdes.
La mayor superficie corresponde a las áreas verdes tipo B, que suman aproximadamente 554.971 m² y se encuentran principalmente en sectores periféricos al damero central de Chillán, incluyendo villas, poblaciones y espacios urbanos de diversa configuración.
En tanto, las áreas tipo A comprenden 180.087 m² y corresponden a espacios de alta circulación pública, como plazas, principales avenidas, edificios públicos, explanadas cívicas y otros puntos relevantes del centro de la ciudad.
Asimismo, se definieron las remuneraciones para 13 cargos contemplados en la prestación, con montos que fluctúan entre $1.870.581 y $587.286. El ingreso más alto corresponde al cargo de administrador, mientras que el más bajo está destinado a jardineros.
De cara a este futuro contrato, el director de jurídica de la municipalidad de Chillán, Ricardo Betancourt, indicó que se establece un aumento de la superficie a intervenir, lo que será objeto de una mayor fiscalización.
“Esperamos mejorar la fiscalización del servicio, aumentar metros cuadrados de áreas verdes, y en general brindar un servicio como el que pide la comunidad chillaneja, que tiene cada vez más y mejores áreas verdes como consecuencia de las políticas municipales y la propia ciudadanía que recupera espacios públicos a través de los proyectos que hemos impulsado en conjunto”, subrayó.
En el caso del próximo contrato de la extracción, transporte y destino de los residuos domiciliarios, actualmente se están desarrollando las nuevas bases de licitación de este servicio, donde uno de los requisitos críticos será la experiencia en ciudades similares a Chillán, ya que, una de las principales razones por las que concejales desecharon el proceso anterior, que adjudicó el servicio a Altramuz, fue no acreditar este ítem.
“Este es un servicio estratégico, necesario y altamente especializado que requiere experiencia por parte de la empresa seleccionada. Es un área ciertamente compleja de abordar y es por ello que en general hay que estar muy atentos y vigilantes respecto del cumplimiento”, explicó el abogado.
Los plazos sobre este proceso fue uno de los temas que marcó el último concejo municipal, donde sus integrantes solicitaron premura en la licitación, ya que han pedido que quede zanjada antes de finalizar el trato directo.
Una de las razones esgrimidas es la incertidumbre que afecta a los trabajadores.
“Esto preocupa enormemente a los trabajadores por su estabilidad y no saber cómo van a iniciar el próximo año”, manifestó la concejala Brígida Hormazábal.
Desde la municipalidad han dado a entender que existen avances en conformidad a los plazos.
“Se nombró una nueva comisión que está trabajando hace semanas y se pretende terminar estas bases la próxima. Nosotros esperamos en una o dos semanas más volver a subir la licitación”, respondió el director de Secpla, Carlos Araya.
Inspectores con dedicación exclusiva
Tras la sesión municipal, el concejal Rodrigo Ramírez advirtió que los procesos licitatorios conllevan diversas etapas y niveles de complejidad que requieren de un margen de tiempo suficiente para planificar y vislumbrar escenarios.
“Julio de 2027 parece lejos, pero un proceso bien hecho toma tiempo. Apurar es la única forma de no repetir el trato directo. Los plazos reales son largos, hay que elaborar bases técnicas y administrativas, consultar a la comunidad y las áreas municipales, aprobación del Concejo si corresponde, publicación, preguntas y respuestas de los oferentes, evaluación, adjudicación y eventuales reclamos ante el Tribunal de Contratación Pública. También hace falta tiempo de transición para la empresa adjudicada, si es nueva, necesita adquirir camiones y equipamiento, contratar personal y organizar rutas. Eso no se hace en semanas. Hacerlas con calma permite incorporar lo aprendido del contrato actual y exigir más, con menor riesgo de que el municipio quede “amarrado” y sin poder negociar por falta de alternativas”, explicó.
El edil también planteó la necesidad de entregar mayor seguridad a los trabajadores, incluyendo mecanismos para priorizar la contratación del personal vigente.
“La incertidumbre sobre el vencimiento afecta a quienes trabajan en el servicio. Si no hay planificación, puede haber cambio de empresa de un día para otro, con riesgo de despidos, finiquitos impagos o cotizaciones adeudadas. Las bases pueden exigir que la nueva empresa priorice la contratación del personal vigente y que se acredite el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Planificar con tiempo da certeza a las familias de los trabajadores”, alertó.
En materia de los futuros contratos, Ramírez afirmó que “urge una planificación estratégica en sus vencimientos. Llegar a la fecha sin evaluación ni nuevas bases solo trae prórrogas, tratos directos y servicios deficientes. Necesitamos equipos nuevos y contratos que estén fiscalizados y profesionalizados, con inspectores técnicos con dedicación exclusiva, que fiscalicen el cumplimiento en terreno”.
“Si la fiscalización hubiera sido rigurosa, hoy no estaríamos hablando de atrasos ni de contratos que llegan a su vencimiento sin bases nuevas”, añadió.
Expectativas de los próximos servicios
La concejala Débora Fernández, en tanto, llamó a ajustar adecuadamente los plazos para revisar en detalle las condiciones de la licitación de residuos antes de su votación, advirtiendo que una decisión apresurada puede comprometer la calidad de la prestación.
Espera que la continuidad del servicio la asuma una empresa con experiencia en ciudades como Chillán.
“Nosotros necesitamos estudiar bien las bases para hacer una votación responsable, estudiada y a conciencia. No es algo menor. No quiero que nos convirtamos en un Coronel, donde vimos hasta el alcalde recogiendo basura, porque la empresa no tenía la capacidad. (…) A la rápida las cosas no quedan bien hechas, por eso necesitamos tiempo”, subrayó.
La edil también puso el foco en la cobertura de sectores alejados del centro, mencionando localidades como Quinchamalí y el camino a Boyén, donde —según indicó— la frecuencia de extracción de los desechos no siempre alcanza las tres visitas semanales esperadas y en algunos pasajes no estarían ingresando las máquinas.
“Espero que toda la ciudad esté limpia. Que se pueda tener el personal que corresponde con los elementos de protección y que estos sean utilizados. En Camino a Boyén los vecinos manifiestan que los choferes y recolectores dicen que no van a entrar al lugar, porque sus camiones se echan a perder”, comentó.
En relación a las áreas verdes, manifestó su preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores, particularmente por la falta de acceso a servicios sanitarios en algunos puntos de la comuna, lo que a su juicio debe ser solucionado en el próximo acuerdo.
También pidió asegurar el mantenimiento del pasto y la adecuada conservación de los espacios públicos.
“Los mismos funcionarios llegan a ciertos lugares y tienen que hablar con algún vecino para pedir baño. Es terrible y he levantado varias veces esa solicitud. Que podamos tener los pastos verdes y bien cortados, porque tenemos áreas verdes muy bonitas, pero no podemos tener así a los funcionarios. Todos trabajamos y tenemos acceso a un baño. Estas empresas son grandes. Después de levantar esta solicitud, me comentaron que un baño se trasladaba en distintas partes y que duró un tiempo, según los funcionarios. En Chillán existen más de 150 juntas de vecinos, se puede hacer algún convenio”, indicó.
Estándar equitativo en sectores
El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán, Pedro Lagos, reconoció avances en el corte de pasto y las podas del arbolado urbano, pero sostuvo que persisten diferencias en el nivel de mantención entre sectores, señalando que las cuatro avenidas han concentrado una mayor prioridad, mientras que otros sectores alejados del centro presentan carencias de inversión, como la población Irene Frei o Vicente Pérez Rosales.
“Tienen que invertir un poco más en las áreas verdes, sobre todo, en las que no tienen sistema de riego, porque en el verano se nota. (…) A veces las empresas evitan invertir y esto afecta la calidad del servicio. (…) Que se gaste para efectivamente ciertos sectores que siempre han estado más débiles para que tengan un estándar que sea lo más cercano a lo que uno ve en otro lado, como en el centro o en otros sectores de la comuna”, explicó.
A su juicio, la rotación de trabajadores y la falta de personal en determinados puntos pueden afectar la continuidad de las labores. Además, planteó la necesidad de mejorar las remuneraciones y reforzar la fiscalización para evitar que las condiciones contractuales terminen perjudicando la calidad del servicio.
El dirigente realizó una evaluación positiva del servicio de recolección de desechos, valorando su frecuencia de tres veces por semana, aunque advirtió que existen aspectos susceptibles de mejora.
“En cuanto al horario, una comuna tan extensa, obviamente que a veces uno esperaría que el camión pasara todos los días a las 9 de la mañana para que la basura no esté todo el día, porque uno sabe que hay sectores que pasan a las 12 de la tarde y los perros rompen las bolsas y dejan sucio. Quizás ahí requieren un poquito más de camiones, más personal, para que no suceda eso”.
También solicitó mantener la denominada operación Cachureo, servicio que actualmente presta Dimensión S.A., e incluso evaluar un aumento de su frecuencia, debido a que algunas solicitudes pueden tardar entre cuatro y cinco meses en ser atendidas. Según indicó, esta prestación ha contribuido a disminuir el impacto de los microbasurales.
