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Ñuble registra 98 puntos críticos por riesgo de deslizamientos y aluviones

Sernageomin

El reciente aluvión ocurrido en la precordillera de Las Condes, en la Región Metropolitana, vuelve a poner en alerta sobre los riesgos asociados a las lluvias intensas y la inestabilidad de los terrenos. En Ñuble, las condiciones geográficas de sectores cordilleranos, costeros y de la cordillera de la costa favorecen la ocurrencia de deslizamientos, aluviones u otros movimientos de tierra, fenómenos que pueden provocar daños a personas y viviendas, afectar caminos e interrumpir la conectividad.

De acuerdo con el director regional (s) de Senapred, Cristian Matus, en Ñuble se identificaron 98 puntos críticos asociados a amenazas de remoción en masa y fenómenos relacionados. De estos, 55 corresponden a deslizamientos y derrumbes, 10 a flujos de barro y detritos (aluviones) y 33 a subsidencia y licuefacción.

Del total, 44 puntos presentan un nivel de riesgo alto o muy alto. Las comunas que concentran la mayor cantidad de puntos identificados son Coelemu, con 16; Coihueco, con 12; y Cobquecura, Ránquil y Trehuaco, con 11 cada una.

Estos puntos críticos fueron identificados durante el Programa Invierno 2026. “Cabe destacar que coordinó este trabajo previo a la temporada invernal para identificar las amenazas, fomentar las medidas preventivas y articular acciones con los municipios y organismos sectoriales competentes, responsables de ejecutar las obras e intervenciones que correspondan. En este proceso, la coordinación con Sernageomin, como organismo técnico especializado en peligros geológicos, es muy relevante para fortalecer la evaluación de estas amenazas y orientar las medidas de prevención y mitigación”, explicó el director regional (s) de Senapred.

Los sectores expuestos

El director regional (s) de Sernageomin del Maule y Ñuble, Leonardo Espinoza Castañón, explicó que uno de los factores que más incide en la ocurrencia de remociones en masa es la pendiente del terreno. Por ello, las comunas cordilleranas de San Fabián, Coihueco y Pinto presentan sectores con condiciones geomorfológicas favorables para estos fenómenos.

“De entre todos los factores que condicionan las remociones en masa, la pendiente es comúnmente uno de los más relevante. Por lo tanto, gran parte de las áreas cordilleranas o serranías pueden ser susceptibles a sufrir este fenómeno. Son comunes en la cordillera principal remociones en masa como flujos de detritos y/o barro (aluviones) que bajan por los esteros y quebradas, y la caída de roca desde salientes rocosos en la parte alta de los cerros o montañas, o en los cortes excavados en las laderas para la construcción de caminos (taludes)”, precisó.

Entre las zonas que requieren especial atención se encuentran las rutas N-31, en San Fabián, y N-55, hacia las Termas de Chillán, en Pinto, debido a su trazado por sectores montañosos y laderas susceptibles a desprendimientos y otros movimientos de terreno.

Sernageomin advierte que la amenaza también se extiende hacia territorios en la cordillera de la costa y el litoral: Cobquecura, Quirihue, Ninhue, Trehuaco, Portezuelo, Coelemu, Ránquil y Quillón, donde existen cerros, lomajes y quebradas con pendientes pronunciadas.

“Si bien las alturas son mucho menores que en la cordillera principal, también existen sectores de alta pendiente. Además, el tipo de roca y su grado de meteorización favorecen el desarrollo de suelos arcillosos y materiales granulares conocidos localmente como ‘maicillo’, en amplias porciones del territorio. Dependiendo de sus características y de las condiciones de humedad, estos materiales pueden presentar problemas de estabilidad, especialmente cuando se intervienen las laderas o se modifica el drenaje natural de forma artificial”, indicó Espinoza.

Las rutas costeras M-80-N, que conecta a Cobquecura y Pelluhue, y N-102-M, en Cobquecura, son ejemplos de caminos que atraviesan terrenos donde los taludes y las cuestas pueden experimentar deslizamientos, derrumbes o desmoronamientos, con la posibilidad de interrumpir el tránsito.

“Las rutas de esta parte de la región discurren sobre el relieve conformado por cerros, lomajes y quebradas, por lo que los taludes junto al camino, sobre todo en tramos de alta pendiente, como cuestas, o al pie de laderas, son zonas susceptibles de sufrir remociones en masa de tipo deslizamiento (derrumbes o desmoronamientos) que pueden llegar a interrumpir parcial o totalmente la circulación”, dijo.

El director regional (s) de Sernageomin del Maule y Ñuble señaló que la pérdida de cobertura vegetal por incendios o tala de plantaciones forestales puede modificar la respuesta del suelo frente a precipitaciones intensas y favorecer la erosión y el arrastre de sedimentos. “Bajo ciertas condiciones, esta situación favorece la erosión y arrastre de material, pudiéndose generar remociones como flujos de detritos y barro (aluviones), y facilitando la formación de cárcavas. Un buen ejemplo de esto fueron los flujos que afectaron en agosto de este año a la ruta N-14-O que une Coelemu con la Vegas de Itata”.

Asimismo, advirtió que la excavación de terrazas y cortes en laderas para construcción de viviendas, muchas veces irregulares, también puede desestabilizar el terreno cuando no se adoptan las medidas de contención y estabilización necesarias, lo que puede generar deslizamientos que dañen las mismas construcciones.

Planificación territorial

El geólogo enfatizó que para prevenir y mitigar el riesgo asociado a remociones en masa es importante incorporar los peligros geológicos en la planificación territorial, mantener actualizados los planes de emergencia y facilitar información a las comunidades para reducir la exposición y responder oportunamente ante una eventual emergencia.

“Es fundamental que las instituciones incorporen los peligros geológicos en el ordenamiento territorial, mediante estudios fundados que permitan identificar las áreas susceptibles y limitar su uso. También es importante contar con instrumentos de planificación y planes de emergencia actualizados, junto con mecanismos de coordinación que permitan preparar a la población y responder oportunamente ante una emergencia”, sostuvo Espinoza.

“Las personas y comunidades, por su parte, deben informarse de las condiciones de su entorno y las amenazas existentes, para prepararse adecuadamente en caso de alertas o emergencias declaradas. Por supuesto, es fundamental que las autoridades dispongan y faciliten la información a la comunidad, para que las personas puedan tomar decisiones informadas”, añadió.

Además, aclaró que la identificación de puntos críticos específicos y la determinación de los niveles de peligrosidad requieren evaluaciones a una escala adecuada, considerando las características particulares de cada sector.

Algunas recomendaciones generales, tanto para las autoridades locales como para la población, son prestar especial atención a los sectores que ya han registrado remociones en masa, evitar acercarse a cauces y quebradas durante precipitaciones intensas y observar posibles señales de inestabilidad, como grietas en el terreno, desprendimientos de material y cambios inusuales en el caudal de esteros.

Asimismo, llamó a conducir con precaución por rutas en zonas montañosas, cuestas y caminos junto a taludes, respetar las restricciones de tránsito y seguir las instrucciones de las autoridades, incluida la evacuación cuando sea ordenada.

Mayor cantidad de puntos críticos

Coelemu es la comuna de Ñuble que registra la mayor cantidad de puntos críticos asociados a amenazas de remoción en masa, con 16 puntos identificados.

La situación cobra especial relevancia luego de la remoción en masa registrada el pasado 31 de julio en el cerro La Picota, en la población Villa Madera, donde las intensas precipitaciones desencadenaron desplazamiento de rocas y sedimentos que provocó graves daños en la vivienda de una familia.

“Hubo una remoción en masa que afectó a una familia particular, dejando con grave afectación su vivienda, por lo que levantamos una solicitud formal a Sernageomin para evaluar las condiciones de este cerro”, explicó Juan Salvador Ramírez, director de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Coelemu, quien advirtió que el episodio pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

Ramírez sostuvo que el caso evidencia la vulnerabilidad que presentan determinados sectores de la comuna frente a precipitaciones intensas, especialmente después de los incendios forestales que dejaron el suelo sin cobertura vegetal.

Junto con el cerro La Picota, el municipio mantiene especial atención en la ruta N-14-O que conecta a Coelemu con su borde costero, y registra al menos ocho puntos críticos por amenazas asociadas a remociones en masa del tipo deslizamiento y flujo, en sectores como Meipo, Vegas de Itata y Perales.

De acuerdo con Ramírez, esta vía no solo constituye el principal acceso para las familias que viven en esos sectores, sino que también cumple un papel fundamental como ruta de evacuación ante una eventual emergencia.

La preocupación se relaciona con la presencia de cerros, lomajes y quebradas, además de taludes y sectores de pendiente que pueden presentar inestabilidad durante períodos de precipitaciones intensas.

“Coelemu tiene remociones en masa, incendios forestales, incendios estructurales, accidentes de tránsito, marejadas, aluviones, trombas marinas, entre otras afectaciones. Por ejemplo, en la costa tenemos el riesgo de que se produzca un terremoto y, por ende, un maremoto. En el caso de la remoción en masa, como bien dice su nombre, depende la calidad técnica que tenga la ladera o cerro. El ejemplo que pasó en Las Condes, en el verano hubo un incendio, ese suelo quedó descubierto, sin vegetación, y por la alta cantidad de lluvia en poco tiempo se produjo esta caída de masa con sedimento y otras cosas que afectó a la comunidad de Las Condes. Ya pasó en la comuna de Coelemu, hubo una remoción en masa bajo estas mismas características en el cerro La Picota y afectó a una familia donde se salvaron de milagro”, afirmó.

El director de Gestión de Riesgo y Desastres planteó que una de las principales dificultades para las municipalidades es la falta de recursos y capacidades técnicas para abordar obras de mitigación.

Explicó que, en el caso del cerro La Picota, al tratarse de un terreno privado, las facultades municipales son limitadas. El municipio puede notificar al propietario, informar sobre las condiciones de riesgo y solicitar las acciones correspondientes, pero no ejecutar directamente obras en el predio fuera de sus competencias legales.

Distinto es el escenario de los terrenos fiscales, donde el municipio puede desarrollar determinadas obras de mitigación y seguridad de acuerdo con sus atribuciones.

“Como municipio, si bien contamos con una Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres, siempre en los municipios, y aquí hablo a nivel general, hay una falencia técnica de un profesional específico en la materia, como también recursos que nos pueden entregar. Si bien nuestro municipio es uno de los que cuenta con su Plan Comunal de Reducción de Riesgo de Desastres, el cual señala los tipos de riesgo y los tipos de vulnerabilidades que están afectando a la comuna, también necesitamos recursos para mitigar”, sostuvo.

“El llamado que uno hace al estamento del Estado, es a que no tan solo nos obliguen a tener planes comunales, sino también que, al generar estos planes, nos puedan generar la posibilidad de recursos para mitigar”, agregó Ramírez.

Desde el municipio también destacaron la importancia de fortalecer la comunicación de riesgo con las comunidades, no solo cuando ocurre una emergencia, sino durante todas sus etapas. Esto implica identificar los sectores expuestos, informar a los vecinos sobre las amenazas, promover medidas de prevención y mantener canales de comunicación activos durante una eventual emergencia.

“Eso es fundamental, no tan solo por los equipos de respuesta cuando está pasando la emergencia, la comunicación de riesgo en todas las fases”, señaló Ramírez.

La autoridad municipal insistió en que la prevención debe comenzar antes de que ocurra una emergencia, mediante la identificación de los puntos críticos, la educación de la comunidad y la ejecución de obras que permitan reducir las condiciones de vulnerabilidad.

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