El debate sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) volvió a instalar una de las discusiones más sensibles de la política educacional: cómo equilibrar el derecho de las familias a elegir un establecimiento con un sistema de acceso que garantice equidad e inclusión.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma al mecanismo de admisión y despachó el proyecto al Senado, donde enfrentará un segundo trámite que promete reeditar una fuerte confrontación política.
La iniciativa fue aprobada en general por 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención. En Ñuble, cuatro parlamentarios respaldaron el proyecto y uno lo rechazó. El diputado socialista Francisco Crisóstomo fue el único representante de la región que votó en contra, argumentando que la propuesta implica un retroceso y abre espacio a nuevas formas de segregación escolar.
El proyecto busca reformar el SAE para otorgar mayor relevancia a las preferencias de las familias, reconocer determinadas particularidades de los postulantes y permitir que una parte de las vacantes pueda asignarse mediante criterios de mérito académico. Al mismo tiempo, mantiene un mecanismo de asignación aleatoria cuando la cantidad de postulantes con igual prioridad supera los cupos disponibles.
Ese punto es relevante porque gran parte del debate público ha utilizado la expresión “tómbola” para referirse al SAE. Sin embargo, esa denominación no corresponde técnicamente al funcionamiento del sistema. El SAE contempla un procedimiento de asignación aleatoria para resolver empates entre postulantes que cumplen las mismas condiciones, por lo que reducir todo el sistema a la idea de una “tómbola” resulta impreciso y simplifica un mecanismo regulado por criterios de prioridad y asignación.
La discusión, por tanto, no gira únicamente sobre el azar, sino sobre cuánto deben influir la elección familiar, el mérito académico y la integración social en el acceso a los establecimientos educacionales.
Una división política en Ñuble
El respaldo mayoritario de los diputados de Ñuble refleja una coincidencia transversal respecto de la necesidad de modificar el sistema vigente.
Cristóbal Martínez (UDI), Sara Concha (Partido Cristiano), Carlos Chandía (RN) y Felipe Camaño (ind.-DC) votaron a favor, aunque con argumentos que enfatizaron distintos aspectos de la reforma.
Martínez sostuvo que el proyecto corrige un sistema que no premia el rendimiento académico ni considera adecuadamente la cercanía entre el hogar y el establecimiento. Concha destacó que la iniciativa fortalece el derecho preferente de los padres a elegir el proyecto educativo para sus hijos.
Chandía resaltó que la reforma devuelva protagonismo a las familias en el proceso de admisión y que reduzca la incidencia del azar en la asignación de vacantes.
Camaño, en tanto, afirmó que el proyecto no elimina el SAE, sino que lo perfecciona al permitir mecanismos de selección acotados, manteniendo resguardos de no discriminación y cuotas para estudiantes con necesidades educativas especiales.
La posición de Crisóstomo fue diametralmente distinta. El parlamentario sostuvo que la iniciativa reintroduce mecanismos de selección que favorecen la segregación y que el reconocimiento del mérito académico, en un contexto de profundas desigualdades, termina reproduciendo ventajas socioeconómicas.
A su juicio, las deficiencias del SAE deben corregirse mediante mejoras en su implementación, fortalecimiento de la educación pública y perfeccionamiento de la plataforma de admisión, pero sin alterar los principios de inclusión que inspiraron el sistema.
La votación también deja una señal política para el Senado. El apoyo obtenido en la Cámara muestra que existe una mayoría favorable a modificar el sistema, pero el debate sobre los criterios de selección y el peso del mérito probablemente concentrará las principales diferencias durante la tramitación.
Más allá de la discusión técnica, la reforma vuelve a instalar una pregunta de fondo: si el sistema escolar chileno debe privilegiar la libertad de elección de las familias, el reconocimiento del desempeño académico o la integración entre estudiantes de distintos contextos sociales. Esa tensión, que ha acompañado al SAE desde su creación, ahora se trasladará a la Cámara Alta.
