El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados dio un paso decisivo para salir del diseño institucional y avanzar hacia su implementación efectiva.
El Senado aprobó el proyecto que optimiza la puesta en marcha de la ley y lo dejó a un paso de convertirse en norma, al despacharlo en los mismos términos en que fue visado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa, que ahora será comunicada al Ejecutivo para su promulgación, introduce ajustes operativos que buscan agilizar el funcionamiento del sistema. Entre ellos, el traslado de la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales; la ampliación de seis a 12 meses del plazo para dictar los reglamentos; y la posibilidad de incorporar oferta programática mediante resolución exenta, en lugar de decreto supremo.
Aunque el debate incluyó reparos por parte de algunas organizaciones respecto del cambio de dependencia y del nuevo mecanismo para incorporar programas, el Ejecutivo sostuvo que las modificaciones responden a dificultades detectadas durante la implementación inicial de la ley.
En ese contexto, las intervenciones de los senadores de Ñuble reflejaron una coincidencia transversal: el sistema no puede seguir postergando a quienes sostienen el cuidado cotidiano de personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas, una tarea que históricamente ha recaído mayoritariamente en mujeres.
Para la senadora Loreto Carvajal (PPD), el proyecto representa el reconocimiento institucional de una realidad que durante décadas permaneció invisibilizada. En su intervención sostuvo que miles de mujeres vieron afectadas sus posibilidades de estudiar, trabajar y desarrollar un proyecto de vida propio debido a labores de cuidado no remuneradas.
La parlamentaria afirmó que el Estado está asumiendo, por fin, una responsabilidad frente a esa carga y expresó su expectativa de que la implementación llegue con rapidez a los territorios. Enfatizó que los criterios de equidad territorial deben ser un componente central del sistema, incorporando estrategias regionales para evitar que las brechas entre zonas urbanas y rurales se profundicen.
Implementación que busca llegar a las regiones
Desde la oposición, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) respaldó el proyecto, pero puso el foco en la necesidad de que los cambios administrativos se traduzcan en resultados concretos para las familias. Recordó que, en sus recorridos por Ñuble, constató cómo muchas mujeres postergaron íntegramente su vida por dedicarse al cuidado de un familiar.
A su juicio, la iniciativa permite estructurar un sistema que apoye efectivamente a esas familias y que se haga cargo de una realidad social largamente conocida, pero insuficientemente abordada por las políticas públicas.
Sanhueza defendió especialmente la ampliación del plazo para elaborar los reglamentos, argumentando que una implementación seria requiere rigurosidad técnica.
También sostuvo que el cambio de subsecretaría tiene un carácter operativo y que podría facilitar una ejecución más ágil, especialmente en las regiones.
No obstante, el senador advirtió que persiste una sensación de desprotección entre diversas organizaciones vinculadas al cuidado y llamó al Gobierno a fortalecer el diálogo con ellas para despejar dudas sobre la implementación del sistema.
