Durante décadas, la delincuencia fue percibida en muchas comunas rurales como un fenómeno lejano. Los asaltos violentos, el narcotráfico, los secuestros o los tiroteos parecían pertenecer a las grandes ciudades, especialmente a Santiago, o a lo sumo a las capitales regionales. En localidades pequeñas, donde todavía predominaban relaciones de vecindad y una vida comunitaria estrecha, la seguridad era parte de ese patrimonio intangible que se daba por sentado.
Coihueco ofrece hoy una señal que obliga a revisar esa percepción. No porque la comuna se haya convertido en un territorio dominado por el delito. Sería equivocado afirmarlo. De hecho, el propio fiscal regional ha descartado que exista allí un fenómeno “disparado” en entrevista con La Discusión. Pero tampoco sería prudente minimizar lo que está ocurriendo. En pocas semanas, un homicidio ocurrido tras un ataque a balazos y un secuestro extorsivo, con una persona retenida durante 18 días, pusieron a esta comuna de poco más de 25 mil habitantes en el mapa de delitos que hasta hace poco parecían improbables en una localidad de sus características.
El problema, por tanto, no es solamente la cantidad de delitos. Es también la naturaleza de algunos de ellos y la velocidad con que determinadas dinámicas criminales pueden instalarse en territorios que históricamente no estaban preparados para enfrentarlas.
Coihueco arrastra desde hace años señales preocupantes. El tráfico de drogas, un narcofuneral en 2022, la desarticulación de organizaciones dedicadas a este ilícito y cientos de procedimientos por consumo de alcohol y drogas en la vía pública muestran que no se trata de una contingencia surgida de la noche a la mañana. Tampoco puede atribuirse todo a la llegada de nuevos habitantes. Como bien advierten vecinos de la comuna, parte de la transformación también proviene de quienes son originarios de ella y regresaron después de vivir en otras ciudades.
Lo relevante es comprender que las fronteras del fenómeno delictual han cambiado. La migración desde las grandes ciudades hacia comunas rurales, acelerada por distintos procesos sociales de los últimos años, ha llevado nuevas demandas a localidades cuya infraestructura institucional no necesariamente creció al mismo ritmo. Como plantea el historiador Gustavo Campos, existe el riesgo de repetir un viejo error: construir viviendas y urbanizaciones sin construir simultáneamente comunidad, servicios públicos y capacidad estatal.
Y allí aparece una advertencia que trasciende a Coihueco. No basta con instalar cámaras, drones, alarmas o aumentar los patrullajes. Todas esas herramientas son necesarias, pero deben formar parte de una estrategia permanente que combine prevención, inteligencia policial, persecución penal, recuperación de espacios públicos y trabajo social. Especialmente con niños y jóvenes expuestos al consumo problemático de drogas y a entornos donde el delito puede comenzar a ofrecerles alternativas económicas y de reconocimiento que la sociedad no está logrando entregar.
Ñuble todavía está a tiempo. No se trata de instalar miedo ni de estigmatizar a comunas tranquilas. Tampoco de negar los avances policiales o judiciales cuando estos existen. Se trata de reconocer las señales, escuchar a las comunidades y actuar antes de que las excepciones se conviertan en normalidad.
La tranquilidad no puede ser defendida apelando solamente a la memoria de lo que Coihueco fue. Debe ser protegida con la capacidad del Estado para garantizar lo que sus habitantes tienen derecho a esperar: que vivir en una comuna pequeña no signifique quedar al margen de la seguridad.
