La nueva normativa que modifica el sistema notarial busca mejorar la atención de los usuarios, aumentar la fiscalización y avanzar hacia una mayor digitalización de los trámites.
Sin embargo, en una región como Ñuble, marcada por la ruralidad y la dispersión territorial, la implementación del cambio también genera interrogantes sobre la capacidad de las comunas pequeñas para adaptarse a las nuevas exigencias.
La seremi de Justicia y Derechos Humanos, abogada Natalia Reyes, destaca que uno de los principales cambios será modificar la relación entre las personas y las notarías, incorporando una mirada de protección al usuario.
“El usuario de notaría pasa a ser un consumidor y el notario un proveedor”, explica la autoridad, señalando que la incorporación del Sernac en la fiscalización permitirá abordar situaciones relacionadas con cobros excesivos, demoras y dificultades en la entrega de documentos.
Como ejemplo, la abogada recordó un caso ocurrido en Coihueco, cuando “tuvimos una empresa constructora acá con un reclamo porque no podían entregar las casas que estaban listas por los trámites en las notarías, aunque eso ya se logró solucionar, es ejemplo de lo que pueden causar las demoras”.
Pero junto con los beneficios esperados, la autoridad reconoce que la implementación enfrenta desafíos particulares en Ñuble. Uno de ellos es la digitalización de los procesos, considerando las brechas existentes en sectores rurales.
“El tema que tenemos en la región es la digitalización. Tenemos analfabetismo digital”, afirmó la autoridad, destacando que, pese al avance tecnológico, la atención presencial seguirá siendo necesaria para una parte importante de la población.
A esto se suma la necesidad de mejorar las condiciones de atención en algunas oficinas. La seremi señaló que existen notarías donde la infraestructura puede resultar insuficiente ante una alta demanda de usuarios, especialmente en comunas donde estos servicios concentran a habitantes de distintos sectores rurales.
Actualmente, varias comunas de Ñuble no cuentan con una notaría propia, obligando a sus habitantes a trasladarse hacia otras localidades para realizar trámites. Entre ellas se encuentran El Carmen, Pemuco, San Ignacio, San Fabián, San Nicolás, Portezuelo, Ninhue, Trehuaco, Cobquecura y Ránquil.
Frente a esta situación, Natalia Reyes confirmó que tres comunas ya cuentan con autorización para disponer de una notaría: El Carmen, San Nicolás y San Ignacio. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha definida para la puesta en funcionamiento de estos nuevos oficios.
Dudas en notarías de comunas
En paralelo, la reforma también genera inquietudes entre quienes actualmente ejercen funciones notariales y conservatorias en comunas pequeñas, principalmente por los costos asociados a la modernización y la instalación de nuevos servicios.
El notario y conservador de Bienes Raíces de Coihueco, Hernán Carrasco, explica que la creación de nuevos oficios implica una inversión importante que debe asumir quien obtiene el cargo.
“La apertura de registros conservatorios en distintas comunas es una decisión de la autoridad. Lo que sí podría cambiar es el interés de algunos postulantes en hacerse parte de esos concursos”, señala.
A su juicio, la instalación de un nuevo conservador requiere recursos para personal, plataformas tecnológicas, infraestructura y condiciones adecuadas para atender a los usuarios, lo que podría hacer que algunos profesionales evalúen con mayor cautela participar en futuros procesos.
Críticas a algunas exigencias
Desde Pinto, la notaria y conservadora de Bienes Raíces, Ximena Ulsen, coincide en que uno de los principales desafíos será la transición tecnológica, especialmente en oficinas pequeñas y antiguas que aún mantienen registros físicos.
“Modernizar o digitalizar significa digitalizar todo. Eso ya es un costo, más el sistema”, explica, señalando que el proceso debe avanzar de manera gradual, considerando que el volumen de trabajo de una oficina pequeña no es comparable con el de una gran ciudad.
La titular de Pinto agrega que también existen dificultades relacionadas con la infraestructura, particularmente en comunas donde no siempre es sencillo encontrar inmuebles que cumplan con todas las exigencias. Entre ellas menciona la discusión sobre la obligación de contar con baños para público, aspecto que deberá ser precisado mediante el reglamento que debe elaborar el Ministerio de Justicia.
La ley contempla una implementación progresiva y factores como la ubicación geográfica deberán ser considerados al momento de establecer exigencias relacionadas con horarios de atención y procesos tecnológicos.
Así, mientras la reforma busca modernizar un sistema considerado históricamente lento y poco accesible, en Ñuble el desafío estará en compatibilizar esos objetivos con una realidad territorial donde las distancias, la brecha digital y la capacidad de las oficinas pequeñas siguen siendo factores determinantes.
