En Chillán, la Villa Las Almendras sigue siendo conocida por su nombre original: Las Habas. Un pasaje de no más de 40 casas, con una sola entrada y salida, que con los años pasó de ser una solución habitacional a convertirse en uno de los puntos más complejos en materia de seguridad.
La cifra que recientemente instaló el alcalde —cerca del 70% de las viviendas con algún vínculo con el tráfico de drogas— volvió a poner el foco sobre el sector. Pero más allá del impacto de ese número, la pregunta que hoy cruza a autoridades, policías y expertos es otra: si existe una salida posible y, sobre todo, cómo se construye.
Porque ese diseño de soluciones urbanas, tan común en la década de 1980, cuando en todo el país había que ordenar situaciones similares, terminó jugando en contra, ya que ese intento de crear un entorno casi familiar de barrio, concluyó en verdaderos fortines para la delincuencia.
Sin embargo, para el arquitecto especialista en urbanismo Miguel Pino, el problema no se puede entender solo desde la delincuencia.
“Estos pequeños barrios que no tienen salida se convierten finalmente en una pequeña aldea feudal”, señala. “Hay protección entre los vecinos, y como modelo interno no necesariamente funciona mal. El problema es cómo se integra a la ciudad”.
El origen de esa configuración se remonta a principios de los 2000, cuando el municipio intervino un foco de viviendas precarias en la población Vicente Pérez Rosales y reubicó a las familias en un nuevo conjunto: Las Habas. Casas básicas, ordenadas, con una lógica de cercanía y control comunitario.
Insistimos, con el tiempo, esa misma lógica terminó generando el efecto contrario.
“El sentido comunitario está ahí y funciona”, insiste Pino. “Pero el modo de subsistencia de un barrio de ese tipo es lo que finalmente lo hace vulnerable a los ojos de la ciudad”.
Claudio Martínez, arquitecto y director regional del Servicio Nacional de Patrimonio y Cultura, coincide en el diagnóstico. Explica que este tipo de configuraciones urbanas —pasajes y calles sin salida— fueron pensadas para fortalecer la vida en comunidad, pero con el tiempo se transformaron en “reservorios del delito”.
“Son lugares muy inseguros que terminan contaminando también a su entorno”, afirma, y se adelanta a la pregunta, zanjando que con “abrir la calle no basta”.
Desde el punto de vista urbano, ambos coinciden en una medida que aparece como inevitable: Abrir el barrio junto a una intervención social determinada, constante y con recursos.
“Es posible”, plantea Martínez. “La solución definitiva es abrir la calle y generar tránsito, que no sea un callejón sin salida”.
El problema es que esa intervención no es simple. Puede implicar expropiaciones, cambios en la trama urbana y, además, resistencia de los propios vecinos, quienes ya se manifestaron cuando en 2023, el alcalde Benavente sugirió la idea.
“Muchas veces hay oposición porque sienten que el cierre les da protección”, explica. “Pero eso tiene un efecto solo de corto plazo. En el largo plazo, mantener un foco de delincuencia es un problema para todo el entorno”.
Sin embargo, tanto Martínez como Pino advierten que el urbanismo, por sí solo, no resuelve el problema.
“No basta con abrir la calle si no se interviene a la gente”, dice Pino. “Aquí tiene que haber un trabajo de integración social, entender las necesidades de subsistencia del barrio para evitar que las futuras generaciones caigan en lo mismo”.
Ese punto aparece como clave: el microtráfico no solo como delito, sino también como una forma de ingreso en contextos donde las alternativas son escasas.
Por eso, agrega, cualquier intervención debe incluir acceso a servicios, equipamiento y oportunidades. “Desde salas cuna hasta apoyo para que las familias puedan integrarse al trabajo formal”.
No es solo un caso policial
Desde el ámbito policial, el coronel (r) y exprefecto de Carabineros de Ñuble, Jhon Polanco plantea que el rol de la institución no puede limitarse a procedimientos.
“Hoy Carabineros trabaja en alianza con los municipios”, explica. Y en ese marco, destaca el trabajo de la Oficina de Asuntos Comunitarios, enfocada en fortalecer el vínculo con los vecinos.
“No se trata solo de incautar o detener personas”, señala. “Se trata de mantener reuniones permanentes, levantar información y articular redes de apoyo”.
Polanco insiste en que no todo el barrio puede ser reducido a la categoría de delito. “No todas las personas están en lo mismo. No podemos meterlas a todas en el mismo saco”.
Esa mirada también es compartida desde el nivel regional. El seremi de Seguridad en Ñuble, Héctor Ponce, reconoce que el sector está dentro de las prioridades, pero advierte que no hay soluciones inmediatas.
“Esto requiere un trabajo multisectorial, interagencial”, sostiene. “Podemos hacer un operativo, pero el problema va a volver. Por eso necesitamos un trabajo más profundo”.
Uno de los puntos críticos del sector está justo al frente: un sitio eriazo que con el tiempo se transformó en microbasural, con presencia de rucos y vehículos desmantelados.
“Ese es el gran desafío de la seguridad pública hoy día”, dice Martínez. “Cómo recuperar el espacio público para un uso que no sea ilícito”.
Desde el municipio, el director de Seguridad Pública, Lautaro Arias, explica que el terreno es privado, pero que ya se están realizando gestiones con el propietario para su limpieza.
En paralelo, también se evalúan acciones para retirar las carpas instaladas en el sector, en coordinación con otras instituciones como EFE.
En el plano local, el municipio ha desplegado distintas iniciativas, como el programa “Somos Barrio”, que incluye talleres, ferias de servicios, instalación de cámaras y coordinación con organizaciones sociales.
“Hay presencia municipal a través de distintos programas”, señala Arias. “Se trabaja con juntas de vecinos, colegios, instituciones y agrupaciones del sector”.
Sin embargo, todos coinciden en que esas acciones, si bien necesarias, no son suficientes por sí solas.
“Este es un trabajo que tiene que ser de años”, plantea Pino. “No es algo que se pueda resolver en uno o dos”.
En ese sentido, Martínez va un paso más allá y plantea la posibilidad de intervenciones estructurales más profundas, lo que denomina “cirugía mayor”: rehacer completamente el barrio, cambiar su diseño y generar nuevas condiciones urbanas.
“Son proyectos de alta inversión”, reconoce. “Pero invertir en seguridad urbana siempre es rentable en el mediano y largo plazo”.
¿Hay salida?
Las Habas no es un caso aislado, ni siquiera en la comuna.
Las mismas autoridades regionales, como el segegob, Marcos Muñoz, ha declarado públicamente, que en sectores del oriente de la ciudad, esta misma dificultad presenta diagnósticos casi idénticos.
Según los expertos, este tipo de configuraciones se repite en distintas ciudades, especialmente en contextos de desarrollo urbano acelerado y planificación deficiente.
Por lo mismo, la respuesta a si es posible recuperar el barrio no es categórica, pero sí tiene ciertos consensos.
Se requiere intervención urbana, sí.
Pero también trabajo social, coordinación institucional y presencia sostenida del Estado.
“Desde eliminar los focos más críticos hasta buscar soluciones habitacionales para quienes quieren salir, el camino es largo”, reconoce el seremi Ponce.
Y probablemente ese es el punto más claro entre todos los diagnósticos: no hay soluciones rápidas.
Lo que sí hay es una certeza compartida: sin una intervención integral, sostenida y coordinada, Las Habas seguirá siendo un barrio sin salida.
