El rápido crecimiento del número de vehículos en circulación en Ñuble no ha tenido un correlato en las necesarias inversiones en su red de caminos. Esta mora tiene variadas consecuencias y ha contribuido al aumento de los accidentes en rutas que aún permanecen como vías de solo dos carriles, usadas intensamente no solo por automóviles, sino también por un tránsito de cargas que ha crecido fuertemente.
Un caso emblemático es la Ruta Chillán-Yungay, que por capacidad, diseño y un tráfico que la supera, es escenario frecuente de graves accidentes. En su extensión de 63,21 kilómetros abundan las curvas peligrosas con radios de giro insuficiente, especialmente para los camiones y buses interurbanos de segunda mano que no siempre están en buenas condiciones mecánicas.
El lunes se registró allí el primer caso fatal del año, acrecentando la preocupación y las quejas de las comunas que conecta, que días atrás habían alzado la voz por otro accidente en el cruce de la Variante El Carmen. De hecho, representantes de cinco juntas vecinales se unieron para emitir una declaración pública en que dan cuenta de más de 20 colisiones en ese sector, y critican lo que consideran “avances poco significativos” por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Vialidad en los compromisos adquiridos para mejorar las condiciones de la ruta.
Está demostrado internacionalmente que siete de cada ocho muertes se evitan con rutas bien diseñadas y sometidas a una mantención permanente. Aquí, por el contrario, durante décadas se optó por parchar los baches y plagar el camino de carteles de peligro que no representaban otra cosa que la confesión explícita del Estado por no brindar un servicio seguro.
La gravedad del problema exige soluciones de fondo. Ese trabajo comenzó hace algunos años y ha marchado al compás de las complejidades técnicas y la siempre ajustada billetera del Ministerio de Obras Públicas.
Es justo reconocer que ha habido avances en algunos tramos, pero persisten otros, los de mayor extensión y siniestralidad, que seguirán esperando la respectiva asignación presupuestaria de un proyecto que fue dividido en diferentes etapas, pese a las promesas que se fueron acumulando durante décadas de una reposición completa que incluía la habilitación de cuatro pistas en algunos sectores.
Pero la realidad política y económica dijo otra cosa. En un modelo donde la rentabilidad social de las inversiones fiscales suele ser la excusa para concentrar el gasto público en los territorios donde hay más votos, las expectativas de la comunidad local de la modernización total de una antigua ruta en la región más joven del país tendrán que fraccionarse, tal como se hizo con este proyecto que está llamado a terminar con el calificativo de “ruta de la muerte” que tanto indigna a los habitantes de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay, y atemoriza a muchos otros que por ella circulan.
