Es fundamental que el Estado genere nuevas herramientas para combatir la evasión de deberes parentales, pero también lo es que estas herramientas sean funcionales. Hace dos años, cuando entró en vigor la llamada “Ley Papito Corazón”, nadie imaginó el colapso que causaría y que hoy golpea a diario a funcionarios agotados, madres que esperan justicia y niños que ven cómo sus derechos se diluyen entre formularios y demoras.
Una política pública bien intencionada —acercar y agilizar el cobro de pensiones de alimentos— terminó evidenciando las grietas de un sistema de justicia que no fue preparado para soportar el volumen de trabajo que esta ley generaría.
En el Tribunal de Familia de Chillán se vive, según palabras de su propio administrador, Felipe Catalán, un escenario de “colapso”. No se trata de una figura retórica. Se trata de cientos de causas que se acumulan sin tramitación o con meses de espera; de escritos que ya no se resuelven en días, sino en semanas o incluso más; y de funcionarios que enfrentan una carga laboral que simplemente no pueden sostener.
Las cifras hablan por sí solas: en 2019 ingresaban unas 65 mil solicitudes al mes; en 2024 esa cifra llegó a más de 175 mil, un aumento de 170%. Lo dramático es que la dotación de personal sigue siendo la misma.
Pero la crisis no es exclusiva del Tribunal de Familia. El Ministerio Público opera con una planta de fiscales por debajo del promedio nacional y con 2.900 carpetas activas por persecutor. El Tribunal Oral en lo Penal reclama por la necesidad urgente de una segunda sala permanente. La Corte de Apelaciones hace gestiones con parlamentarios y autoridades ministeriales, pero sin resultados concretos. La sobrecarga es sistémica. Y los funcionarios ya no hablan solo de saturación, sino de agotamiento físico y mental, aumentan las licencias por estrés y cae la eficiencia, más del 40% en algunas áreas de la administración de justicia.
Esta situación no puede seguir siendo ignorada.
Lo más grave es que el impacto no es solo institucional. Es humano. Cada trámite que se retrasa es una pensión que no llega. Cada carpeta que duerme meses en un escritorio es un niño que no recibe lo que le corresponde por ley. Y cada día que pasa sin reforzar estos tribunales es una señal de indiferencia hacia quienes más necesitan del Estado: madres, niños y familias que luchan por subsistir.
El diagnóstico está claro. Lo han dicho los funcionarios judiciales, lo repiten los magistrados: la ley fue impulsada sin la debida previsión en recursos humanos y técnicos. Se pensó en el instrumento legal, pero no en el soporte administrativo para ejecutarlo.
Y aunque se han hecho esfuerzos, como la creación de nuevas Corporaciones de Asistencia Judicial en comunas rurales o el acercamiento de servicios, estos paliativos no alcanzan. Las reuniones con parlamentarios y las gestiones ante el Ministerio de Justicia no se traducen en mejoras tangibles. La respuesta oficial sigue siendo que no hay recursos.
Urge que el Poder Ejecutivo y el Legislativo comprendan la magnitud de esta crisis y actúen con la seriedad que merece.
