El cambio de gobierno trae consigo nuevas autoridades y equipos, pero no modifica las obligaciones del Estado en materia de transparencia.
Con ese principio como punto de partida, el Consejo para la Transparencia (CPLT) puso en marcha el plan “Transparencia desde el primer día”, que ya ha capacitado a más de 350 funcionarios públicos en todo el país.
La iniciativa está dirigida tanto a quienes se incorporaron a la administración tras el cambio de gobierno como a funcionarios y encargados de transparencia que permanecieron en sus cargos y requieren actualizar sus conocimientos.
El programa comenzó en febrero con una capacitación dirigida a quienes habían sido designados ministros. Posteriormente, el CPLT programó cinco jornadas para funcionarios de ministerios, subsecretarías y otros servicios de la Administración Central.
Las primeras capacitaciones abordaron materias como la información que los organismos deben mantener publicada, especialmente aquella relacionada con el uso de recursos públicos; el funcionamiento del Portal de Transparencia y el procedimiento para responder solicitudes ciudadanas.
La tercera jornada, realizada el martes 11 de agosto en el Palacio Pereira, reunió a cerca de 100 funcionarios y fue inaugurada por la presidenta del CPLT, Natalia González, y el secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini.
Ñuble y las brechas que persisten
En esta instancia se revisaron las sanciones por incumplimientos a la Ley de Transparencia, el procedimiento sancionatorio del CPLT, decisiones judiciales relacionadas con el acceso a información y una recomendación para transparentar los sistemas de toma de decisiones automatizadas utilizados por el Estado.
“Un cambio de gobierno implica la llegada de nuevas autoridades y funcionarios, pero las obligaciones de transparencia no comienzan después: deben cumplirse desde el primer día”, señaló González.
La advertencia adquiere relevancia en regiones como Ñuble, donde el cumplimiento de las obligaciones de transparencia presenta diferencias importantes entre municipios.
Durante 2025, los municipios de Ñuble alcanzaron un cumplimiento promedio de 81,5% en transparencia activa, ubicando a la región en el séptimo lugar nacional. Sin embargo, mientras San Fabián llegó al 100%, El Carmen alcanzó 99,9%, Quirihue 91,91% y Chillán Viejo 90,92%, San Ignacio registró apenas 49,2%.
La disparidad evidencia que contar con las mismas obligaciones legales no necesariamente se traduce en capacidades equivalentes para cumplirlas. El conocimiento de los funcionarios, la organización interna y la disponibilidad de equipos especializados pueden marcar diferencias.
El desafío es mayor considerando el aumento sostenido de las solicitudes de información. Según antecedentes del CPLT, los requerimientos dirigidos a municipalidades pasaron de 2.440 en 2013 a 113.502 en 2024 a nivel nacional.
El CPLT ha planteado que el número de reclamos tampoco puede ser leído automáticamente como un indicador de mayor o menor transparencia. Una baja cantidad puede reflejar, entre otras razones, que las personas desconocen las herramientas que tienen para exigir información.
El programa contempla dos nuevas jornadas, con foco práctico, y cuenta con la colaboración de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia.
La apuesta del Consejo es que la renovación de autoridades no implique un período de adaptación que termine afectando el derecho ciudadano a saber. En ese sentido, la capacitación busca instalar la transparencia no como una tarea administrativa secundaria, sino como una obligación permanente del Estado.
