El acceso a la información pública es un derecho ciudadano y una herramienta fundamental para conocer cómo se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos y qué resultados obtiene la gestión pública. El reciente informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre las solicitudes dirigidas a las municipalidades de Ñuble ofrece una lectura que va bastante más allá de un ranking de cifras.
Durante el primer semestre de este año, el Portal de Transparencia registró 167.185 solicitudes dirigidas a organismos de la Administración del Estado, la cifra más alta para un primer semestre desde su creación. De ellas, 59.659 tuvieron como destinatarias a municipalidades y otras entidades locales. El dato confirma que la transparencia se ha convertido en una herramienta que las personas utilizan para obtener información, resolver problemas y ejercer control sobre las instituciones.
En Ñuble, el comportamiento es bastante heterogéneo. Las 21 municipalidades acumulan 37.542 solicitudes, con un promedio de 1.788 por municipio. Chillán concentra la mayor cantidad, con 5.574 requerimientos, seguida por Chillán Viejo, San Carlos y Bulnes. En el extremo opuesto, Quillón registra apenas 106. Una diferencia de más de 50 veces que no permite, por sí sola, concluir que exista mayor o menor interés ciudadano, pero sí evidencia que el ejercicio de este derecho tiene intensidades muy distintas dentro de una misma región, probablemente, asociadas a la cantidad de población de cada territorio.
La brecha se vuelve más significativa cuando se observan los tiempos de respuesta. El promedio regional llega a 25,8 días, pero mientras San Nicolás responde en 13,9 días, Ninhue alcanza 56,8. Yungay llega a 51,4 y San Carlos a 48,3 días. Es decir, una persona puede esperar más de cuatro veces el tiempo que otra para acceder a información pública, dependiendo del municipio al que haya dirigido su solicitud.
Esta diferencia merece atención porque transparencia no significa solamente responder, sino hacerlo oportunamente. Una respuesta que llega demasiado tarde puede perder buena parte de su utilidad, especialmente cuando la información está relacionada con decisiones administrativas, ejecución presupuestaria, proyectos, contrataciones o situaciones que requieren seguimiento ciudadano.
El caso de Chillán resulta especialmente ilustrativo. Aunque concentra la mayor cantidad de solicitudes de Ñuble y se encuentra entre los municipios con mayor demanda del país, registra un promedio de respuesta de 18,8 días. Esto demuestra que una alta cantidad de requerimientos no necesariamente implica una gestión más lenta. San Carlos, en cambio, recibe menos solicitudes, pero demora en promedio 48,3 días. Ninhue presenta el mayor tiempo regional pese a tener una demanda considerablemente menor que la capital regional.
El desafío no debiera limitarse al cumplimiento formal de la Ley de Transparencia. También debe considerar la capacidad institucional para procesar requerimientos, entregar información completa y hacerlo dentro de plazos razonables. Una buena gestión municipal necesita procedimientos eficientes, funcionarios capacitados y sistemas adecuados, pero también una cultura administrativa que entienda la solicitud ciudadana no como una molestia, sino como parte normal de una democracia saludable.
La transparencia no termina cuando se entrega una respuesta. Allí comienza la posibilidad de que la ciudadanía pueda conocer, evaluar, cuestionar y, cuando corresponda, exigir una mejor gestión. Ese ejercicio de vigilancia no debiera ser visto como una amenaza para las autoridades locales, sino como una expresión esencial de la democracia.
