El proyecto de Sala Cuna Universal superó uno de sus principales hitos legislativos tras ser despachado esta semana por la Comisión de Educación del Senado.
El avance acerca la iniciativa a su discusión en la Sala, pero también dejó en evidencia que las diferencias entre oficialismo y oposición permanecen prácticamente intactas, anticipando un debate que seguirá marcado por cuestionamientos de fondo.
La propuesta busca reemplazar el actual sistema contenido en el artículo 203 del Código del Trabajo, extendiendo el derecho a sala cuna a trabajadoras, trabajadores e independientes, mediante un fondo solidario. Con ello se pretende terminar con una de las principales críticas al modelo vigente, que obliga a las empresas con 20 ó más trabajadoras a financiar este beneficio, generando incentivos para evitar la contratación femenina.
El presidente de la Comisión de Educación, el senador por Ñuble Gustavo Sanhueza (UDI), destacó que el proyecto “elimina la discriminación que existe hacia la mujer” y valoró que, por primera vez, la crianza quede planteada desde una lógica de corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
Para el parlamentario, el cambio constituye uno de los avances laborales más relevantes de los últimos años, aunque advirtió que el desafío ahora será reforzar la fiscalización de los establecimientos que prestan el servicio, especialmente aquellos que funcionan fuera de la normativa.
Financiamiento sigue siendo el principal foco de conflicto
Sin embargo, el despacho de la iniciativa estuvo lejos de cerrar el debate político. La principal controversia continúa siendo el mecanismo de financiamiento, aspecto que concentra las críticas de la oposición.
La senadora Yasna Provoste (DC) sostuvo que el proyecto representa un retroceso respecto de la legislación vigente, al reemplazar la obligación directa del empleador por un sistema financiado con recursos provenientes del seguro de cesantía.
A juicio de la legisladora, la fórmula debilita un instrumento destinado precisamente a proteger a los trabajadores frente al desempleo, afectando tanto las cuentas individuales como el Fondo de Cesantía Solidario.
También cuestionó que el proyecto contemple la posibilidad de copagos cuando los recursos del fondo resulten insuficientes, situación que, según advirtió, podría trasladar parte del costo a las familias.
El escenario anticipa que la discusión continuará con intensidad en la Comisión de Hacienda y posteriormente en la Sala del Senado, donde el Gobierno espera consolidar uno de los proyectos emblemáticos de su agenda laboral.
Nueva amenaza de recurrir al TC
Sin embargo, los obstáculos no serán pocos.
Desde sectores de oposición se ha planteado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, opción que Gustavo Sanhueza relativizó al señalar que todos los mecanismos institucionales son legítimos, aunque criticó que este tipo de acciones se haya transformado, a su juicio, en una práctica recurrente cada vez que se debaten reformas complejas.
Con el despacho desde Educación, la iniciativa entra ahora en una etapa en la que las diferencias ya no se concentran en el objetivo del proyecto –ampliar el acceso a la sala cuna–, sino en la forma de financiar ese derecho y en los efectos que podría generar sobre el sistema de protección social.