Las indicaciones ingresadas este lunes por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal generaron diversas reacciones en el mundo sindical, empresarial y académico. La iniciativa, que actualmente se tramita en el Senado, busca reemplazar el sistema vigente que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el beneficio, por un modelo de cobertura universal destinado a madres, padres y personas que tengan el cuidado legal de niños menores de dos años.
Se trata de una reforma que ha permanecido por más de una década en discusión en el Congreso y que ahora suma modificaciones relevantes impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast. Entre ellas destaca la creación de un fondo de sala cuna financiado mediante una cotización de 0,35% de cargo del empleador, la que será compensada con una disminución equivalente en la cotización destinada al Seguro de Cesantía. Según el Ejecutivo, esta fórmula permitirá implementar el beneficio sin generar nuevos costos laborales para las empresas.
La propuesta contempla además una aplicación gradual y un aporte fiscal estimado en cerca de 10.000 millones de pesos.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente José Manuel Díaz expresó preocupación por la eventual incorporación de mecanismos de copago. En conversación con Radio Cooperativa, advirtió que actualmente las empresas están obligadas a financiar íntegramente la sala cuna, mientras que el nuevo diseño podría modificar ese principio.
En contraste, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró el avance de la iniciativa. A su juicio, el proyecto elimina una barrera histórica para la contratación femenina y representa una buena noticia para las trabajadoras, las familias y el empleo formal.
Utilización de los recursos
La economista Andrea Repetto también analizó la propuesta y puso el foco en la utilización de recursos del Seguro de Cesantía. En entrevista con Radio13c, explicó que este instrumento combina cuentas individuales y un fondo solidario destinado a respaldar a quienes agotan sus ahorros durante períodos de desempleo.
“Los fondos acumulados estaban destinados al desempleo y aquí se están redestinando a otra política pública”, señaló. A su juicio, la fórmula responde a la intención del Gobierno de evitar un aumento de los costos laborales para las empresas, aunque anticipó que la discusión sobre el uso de estos recursos marcará el debate legislativo. Asimismo, recordó que los trabajadores independientes enfrentan una situación distinta, ya que no participan del Seguro de Cesantía bajo las mismas condiciones que los trabajadores dependientes.