El reciente fallecimiento de Juan Aliste Vega, exlautarista condenado a 42 años de cárcel por el asesinatos del cabo de Carabineros Luis Moyano, volvió a encender el debate por los indultos por razones humanitarias, luego que sectores del oficialismo se mostraran dispuestos a evaluar su caso y plantearan aplicar el mismo criterio para condenados por violaciones a los derechos humanos.
La muerte de Aliste se produjo este domingo, a solo días de haber solicitado un indulto humanitario al Presidente José Antonio Kast debido a que padecía un cáncer terminal con metástasis.
El Partido Republicano había respaldado previamente su requerimiento -apuntando a un indulto humanitario de carácter transversal-, mientras que en Chile Vamos se desprenden posturas similares.
“Los indultos deben verse caso a caso, independientemente del crimen que haya cometido esa persona y del sector político que venga. Una persona que está en etapa terminal, o que tiene sus facultades mentales tan perturbadas que ni siquiera recuerda el horror que cometió, debe morir acompañado de la familia”, argumentó la diputada Ximena Ossandón (RN) a radio Cooperativa.
“Justicia no es venganza. Esta es una buena oportunidad para que Chile avance en humanidad”, señaló la vicepresidenta de la Cámara.
Desde la oposición, el diputado Jaime Bassa (FA) manifestó su preocupación ante el precedente que este tipo de discusiones pudiera abrir la posibilidad de beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos.
“Ni siquiera los más graves delitos comunes, como un asesinato, pueden compararse con los delitos de lesa humanidad. Aliste Vega no recibió indulto presidencial y esperamos que tampoco lo reciban aquellos violadores de derechos humanos que han cometido los crímenes más graves que conoce nuestra historia”, aseveró el parlamentario.
“Indultarlos es una ofensa a la sociedad, es una ofensiva a la democracia, no solo a sus víctimas. Y esperamos que tanto el Presidente y el Gobierno no cometa tremenda injusticia”, puntualizó el abogado.
