Con 125 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hace unos días el informe de la comisión mixta de la reforma al sistema político, iniciativa que terminó así su tramitación legislativa y quedó despachada a ley.
La propuesta modifica las reglas de constitución y funcionamiento de los partidos, el acceso al financiamiento público y los requisitos para competir como independiente, además de formalizar los comités parlamentarios.
La iniciativa busca corregir problemas que se arrastran desde hace años, entre ellos, la proliferación de colectividades con escasa representación, las dificultades para construir mayorías y la falta de disciplina parlamentaria. Su aplicación también tendrá consecuencias para los partidos que mantienen estructuras regionales en Ñuble, donde varias tiendas deberán revisar su padrón de militantes para cumplir las nuevas exigencias.
El proyecto eleva los requisitos para formar partidos. Ya no bastará con reunir firmas en tres regiones contiguas: se exigirá presencia en al menos ocho regiones y un número de afiliados equivalente al 0,3% del padrón electoral utilizado en la última elección de diputados. En Ñuble, por ejemplo, sufragaron 334.851 personas en dichos comicios de 2025.
La ley también establece un plazo de 18 meses para que las colectividades cumplan los mínimos de militancia exigidos en las regiones donde están constituidas. De no hacerlo, arriesgarán su disolución, según las condiciones contempladas en la nueva normativa.
El financiamiento público trimestral, en tanto, quedará sujeto a la representación parlamentaria. Además, si un diputado o senador cambia de partido, los recursos estatales asociados a esa representación no se trasladarán con él a la nueva colectividad.
Las advertencias desde Ñuble
El debate local ya había anticipado las diferencias que atraviesan a los partidos frente a una reforma que pretende ordenar el sistema, pero que también puede reducir el espacio para colectividades pequeñas.
El presidente regional de Renovación Nacional, Renán Cabezas, defendió en su momento la necesidad de compatibilizar la representación con la capacidad de gobernar. “La democracia necesita representación, pero también necesita gobernabilidad”, sostuvo al abordar los cambios propuestos.
Desde Evópoli, su timonel local, Jorge Ávila, también destacó la posibilidad de ordenar el funcionamiento de los partidos y planteó la necesidad de fortalecer el vínculo con la ciudadanía. En la discusión sobre las exigencias de militancia, llamó a “salir a buscarlas, a escucharlas”, en referencia al trabajo que deben realizar las colectividades para mantener y ampliar sus padrones.
Una mirada distinta expresó Sebastián González, presidente regional del PPD, quien advirtió que los cambios deben resguardar la legitimidad de la representación. El desafío, sostuvo, es alcanzar “un adecuado equilibrio entre gobernabilidad, representatividad y legitimidad democrática”.
Desde el Partido Comunista, su presidenta región, Marta Carvajal cuestionó los riesgos de que las nuevas reglas terminen restringiendo la diversidad política. “Una democracia sana debe ser el reflejo fiel de la diversidad y no puede ser un traje a la medida para blindar el statu quo”, sostuvo.
Las diferencias no se limitan a las tiendas de menor tamaño. La aplicación de los nuevos umbrales obligará a las directivas regionales a verificar cuántos militantes mantienen vigentes y qué brechas deben resolver antes del vencimiento de los plazos legales.
Declaraciones de principios y candidaturas
Otro cambio relevante es la obligación de adecuar las declaraciones de principios de los partidos dentro de seis meses. Los documentos deberán condenar el establecimiento de sistemas totalitarios y el uso de la violencia como método de acción política, además de expresar un compromiso con la probidad y la transparencia.
La redacción fue uno de los puntos que debió resolver la comisión mixta, ante las diferencias entre ambas cámaras. Mientras los partidarios del acuerdo destacaron que se alcanzó por unanimidad en esa instancia, sus detractores cuestionaron que las formulaciones generales puedan reemplazar disposiciones más específicas en materia de corrupción.
La reforma también endurece los requisitos para las candidaturas independientes y limita su proporción en las listas partidarias. Los cambios tendrán efectos en las elecciones municipales de 2028 y parlamentarias de 2029.
En el Congreso, en tanto, la formalización de los comités parlamentarios comenzará a regir con adecuaciones reglamentarias desde marzo de 2027, otorgando reconocimiento legal a estas instancias y mayores atribuciones a sus jefaturas.
