La decisión del Gobierno de poner suma urgencia a la reforma del sistema político volvió a instalar en el debate local una discusión que durante meses permaneció congelada en el Congreso: cuánto debe modificarse la arquitectura de los partidos y del Parlamento para reducir la fragmentación, sin terminar restringiendo la representación política.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), anunció que el Ejecutivo acelerará la tramitación del proyecto luego del acuerdo alcanzado en la comisión mixta que permitió destrabar las diferencias entre ambas cámaras. El objetivo es que la iniciativa complete sus últimos trámites en la Cámara de Diputados y el Senado y pueda convertirse en ley durante septiembre.
El proyecto, ingresado durante 2025 bajo la administración de Gabriel Boric, contempla nuevas exigencias para la formación y funcionamiento de los partidos, modificaciones a su financiamiento, mayores requisitos para candidaturas independientes y el reconocimiento legal de los comités parlamentarios.
El punto que terminó llevando la iniciativa a una comisión mixta fue la declaración de principios que deben adoptar las colectividades. Tras el rechazo en el Senado de la redacción aprobada previamente por la Cámara, diputados y senadores acordaron finalmente que los partidos deberán condenar el establecimiento de sistemas totalitarios y el uso de la violencia, además de comprometerse con la probidad y la transparencia.
Ese acuerdo deberá ser ratificado ahora por ambas Salas. La votación se prevé para la semana posterior a Fiestas Patrias, dejando abierta la posibilidad de que la reforma quede despachada como ley antes de que termine septiembre.
Distintas miradas
En Ñuble, la lectura no es uniforme respecto de la reforma. Los presidentes regionales consultados coincidieron en que existe un problema de funcionamiento del sistema, pero las diferencias aparecen al momento de definir qué debe corregirse, y sobre todo, con qué nivel de participación y deliberación.
El presidente regional de RN, Renán Cabezas, respalda el avance y pone el acento en la capacidad del sistema para producir acuerdos. “Nuestro país necesita recuperar algo que durante demasiado tiempo ha faltado en nuestra política: orden, responsabilidad y capacidad de llegar a acuerdos”, sostuvo.
Desde su perspectiva, la reforma no debiera ser leída como una disputa entre sectores, sino como una corrección necesaria para fortalecer las instituciones. “La democracia necesita representación, pero también necesita gobernabilidad”, planteó, agregando que su sector defenderá “instituciones fuertes, reglas claras y un Congreso que esté a la altura de las necesidades de los chilenos”.
Una posición favorable, aunque con énfasis distintos, expresó el presidente regional del PPD, Sebastián González. Para el dirigente, el desafío está en evitar que la búsqueda de gobernabilidad termine debilitando la legitimidad de las instituciones.
“Como PPD creemos que debemos avanzar hacia un adecuado equilibrio entre gobernabilidad, representatividad y legitimidad democrática”, afirmó. En esa línea, valoró que la iniciativa eleve los estándares de probidad, transparencia y responsabilidad institucional de los partidos y sus representantes.
González también relevó la necesidad de fortalecer la capacidad de las colectividades para desarrollar propuestas programáticas, generar cohesión y canalizar demandas ciudadanas.
La crítica más dura provino del Partido Comunista. Su presidenta regional, Marta Carvajal, cuestionó directamente la idea de que el acuerdo alcanzado en el Congreso pueda ser presentado como una expresión automática de consenso democrático.
“Se ha planteado que hay un acuerdo transversal y queremos dejar en claro que es un acuerdo de cúpulas entre las élites parlamentarias”, afirmó. A su juicio, modificar las reglas del sistema político con suma urgencia puede dejar fuera precisamente las demandas que hoy tienen mayor peso para la ciudadanía.
Carvajal situó esas prioridades en empleo, vivienda y seguridad pública y sostuvo que existe una “desconexión del Ejecutivo con las necesidades reales de la ciudadanía”. También advirtió sobre los efectos que podrían tener mayores restricciones para la participación de nuevas fuerzas políticas.
Para la dirigenta comunista, el antecedente del sistema binominal demuestra los riesgos de un diseño institucional que limite la competencia política. “Una democracia sana debe ser el reflejo fiel de la diversidad y no puede ser un traje a la medida para blindar el statu quo”, afirmó.
En Evópoli, en cambio, la fragmentación es precisamente uno de los principales argumentos para respaldar el proyecto. El presidente regional, Jorge Ávila, considera que existe un diagnóstico transversal respecto de las dificultades que genera el actual escenario partidario.
“El acuerdo que se alcanzó en el congreso para destrabar la reforma del sistema político, obviamente que es una buena noticia para Chile”, señaló. A su juicio, el problema no radica únicamente en la cantidad de partidos, sino también en los incentivos que genera el sistema.
Ávila sostiene que la dispersión política dificulta alcanzar acuerdos, favorece el personalismo y el cortoplacismo y termina afectando la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas. Por ello, defiende mayores exigencias para la creación y funcionamiento de los partidos y una representación parlamentaria más ordenada.
El dirigente reconoce, de todos modos, que la reforma no resolverá por sí sola la crisis de confianza ni todos los problemas de la democracia chilena. Su argumento es otro: sin una modificación de las reglas que ordenan la competencia política, será más difícil que otras reformas de mayor alcance logren acuerdos y lleguen a puerto.
