La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno comenzó a enfrentar sus primeras dificultades políticas incluso dentro del oficialismo, luego de que el vicepresidente de Evópoli, diputado Jorge Guzmán, advirtiera que la iniciativa no tiene viabilidad en las condiciones en que fue presentada.
El parlamentario cuestionó especialmente las atribuciones que el proyecto entrega al Presidente de la República y la falta de contrapesos institucionales durante la aplicación del nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. A su juicio, permitir que este se extienda por hasta 240 días sin pasar por el Congreso constituye uno de los principales obstáculos para su aprobación.
“En las condiciones que hoy día ha sido presentado no tiene ni una posibilidad de convertirse en ley y ser reforma constitucional”, sostuvo Guzmán en radio Cooperativa, agregando que también resulta cuestionable la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas sin autorización judicial previa.
El diputado calificó como “un error” tanto la forma como el contenido de la propuesta, aunque manifestó su expectativa de que el debate parlamentario permita corregir sus aspectos más controvertidos.
Desde la UDI, en cambio, el vicepresidente de la colectividad, Eduardo Cretton, entregó un respaldo general a la iniciativa, aunque reconoció que requerirá modificaciones para reunir los votos necesarios en el Congreso. El dirigente defendió la creación de un nuevo estado de excepción, una lista de organizaciones terroristas y criminales y la incorporación del deber estatal de garantizar la seguridad pública.
“Los ajustes a este texto que se ha presentado, los alcances que podría tener el estado de excepción constitucional, por supuesto, que van a ser materia de debate”, señaló.
Posturas desde la oposición
Las diferencias también se extienden hacia la oposición. La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, sostuvo que el proyecto abre una discusión sobre los límites del poder presidencial y cuestionó que el Mandatario pueda disponer de amplias facultades durante un período prolongado sin el contrapeso del Senado ni de los tribunales.
Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, fue aún más crítico y acusó al Ejecutivo de impulsar una herramienta que podría ser utilizada discrecionalmente contra adversarios políticos. Además, puso en duda que existan situaciones de tal gravedad que impidan al Congreso pronunciarse en un plazo breve.