Señor Director:
Cuando el desempleo llega al 9,5% y casi un millón de personas no logra encontrar trabajo, la urgencia se vuelve permanente. Detrás de cada punto porcentual hay búsquedas sin respuesta, deudas, ahorros que se agotan y planes de vida que se postergan.
Su persistencia tras 43 meses consecutivos sobre el 8% lo convierten en un problema estructural. Ya no se explica solo por un shock externo, sino por dificultades más profundas para generar oportunidades y salarios suficientes.
La informalidad alcanza al 26,5% de los ocupados: 2,47 millones de trabajadores sin contrato, expuestos a perder protección social, previsión y estabilidad. A esto se suma la destrucción neta de 54 mil empleos, por primera vez en diez años.
El desempleo femenino llega al 10,3% y la subutilización bordea el 20%. Entre los jóvenes, la ocupación cae 4,1% entre 15 y 24 años y 4,8% entre 25 y 34, afectando una generación que ingresa a la vida adulta con menos experiencia laboral.
El Gobierno ha declarado una emergencia laboral y apuesta por reformas tributarias y de mercado de capitales para reactivar la inversión, pero esas medidas operan en el mediano y largo plazo.
Los subsidios a la contratación pueden ayudar si promueven empleos de calidad y permanentes en sectores capaces de absorber mano de obra. La capacitación técnica también debe responder a la demanda real, porque formar para empleos inexistentes profundiza el desacople entre educación y mercado laboral.
Aunque se proyecta para 2027 una recuperación moderada, con un PIB creciendo entre 2% y 3% e inflación cercana a la meta, mejorar la macroeconomía no garantiza por sí solo recuperar el empleo. Lo primero que se erosiona es la confianza en que el esfuerzo se traduce en oportunidades, y lo último que se recupera si no se actúa a tiempo.
Bernardo Neira Figueroa
Sociólogo UNAB
