Este sábado, en el Juzgado de Garantía de Chillán, se realizó la audiencia de formalización contra cinco funcionarios de Carabineros, tres oficiales y dos suboficiales pertenecientes a unidades de patrullaje de la Segunda Comisaría de Chillán, por diversos delitos cometidos en el marco de sus funciones policiales. Esto luego, que el pasado jueves tras su aprehensión, la fiscalía solicitara ampliar la detención hasta hoy, con el fin de realizar diligencias necesarias.
Según los antecedentes, los imputados, identificados con las iniciales D.de la F.F; R.A.T.V; A.H.L.T; S.I.T.P; y C.D.M.M, (el tribunal acogió la solicitud de la defensa de no revelar sus nombres ni sus rostros) vendrían actuando de manera ilícita desde marzo de 2025, a través de procedimientos irregulares efectuados en la Población Vicente Pérez Rosales y la Villa Las Almendras.
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La fiscal Nadia Espinoza Caro expuso que los imputados, en el ejercicio de sus cargos, realizaron allanamientos irregulares, esto es sin autorización judicial ni contar con los presupuestos legales que les habilitara para ingresar a las viviendas. Tras lo anterior, en algunos casos, aprovecharon de sustraer dinero, droga y celulares. Una vez que se vieron descubiertos, los imputados falsificaron documentos para justificar sus actuaciones ilegales, lo que acordaron por medio de un grupo de WhatsApp.
En detalle, fueron formalizados por delitos de asociación criminal, allanamientos irregulares, robo en lugar habitado, microtráfico de drogas, robo con intimidación, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, denuncia calumniosa y detención ilegal.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la prisión preventiva para D.de la F.F., R.A.T.V., A.H.L.T.y S.I.T.P., por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y cumplirán la medida cautelar en la unidad especial destinada para funcionarios de Carabineros de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío.
Por su parte, el imputado C.D.M.M. quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con los demás coimputados. No fue formalizado por el delito de asociación criminal como el resto de los detenidos, y se le atribuye participación solo en uno de los seis hechos que formalizó el Ministerio Público.
El tribunal estableció un plazo de tres meses de plazo para la investigación, que está a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Chillán en conjunto con la Sección de Asuntos Internos (Saicar) de Carabineros, unidad especializada que tiene como función principal dirigir, coordinar y ejecutar los procedimientos para prevenir, detectar e investigar conductas indebidas, faltas a la probidad o delitos dentro de la institución.
“Esta es una investigación super compleja, es una investigación que ha llevado la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Chillán, a cargo del fiscal Sergio Pérez Nova y quien habla, trabajamos conjuntamente con la Sección de Asuntos Internos (Saicar) de Carabineros, quienes enfrentaron una investigación, en este caso, bien particular, que investiga claramente a sus propios colegas de las mismas unidades en las cuales trabajan, en la misma zona”, explicó la fiscal Espinoza.
“Ha sido una investigación larga, bien ardua por la cantidad de diligencias investigativas que se han realizado, y, obviamente, el día de hoy ya se materializa con una formalización de investigación un tanto extensa, con hartos hechos. Y en lo que vemos, una formalización que ha sido acogida en su mayor parte, en lo principal, por parte del Juzgado de Garantía de Chillán, quien acogió los delitos principales por los cuales el Ministerio Público estaba efectuando la formalización. Estamos conformes con lo resuelto por este tribunal”, agregó.
Evidencias
Como parte de los antecedentes del caso, el Ministerio Público recopiló una serie de evidencias, entre ellas registros audiovisuales desde cámaras de seguridad, celulares y cámaras GoPro de los ahora exfuncionarios, además de testimonios de las víctimas.
De acuerdo a lo señalado por la fiscalía, los excarabineros se habrían concertado para ejecutar los diversos delitos y para evitar ser descubiertos no dejaban registro de los procedimientos irregulares en el libro de novedades de Carabineros, y posteriormente anexaban información falsa de los hechos. “Intercambian mensajes de WhatsApp donde discuten cómo registrar en los libros oficiales de Carabineros y justificar el ingreso a los domicilios”, explicó.
En la audiencia también se relató uno de los hechos de detención ilegal que involucra a un hombre con discapacidad visual, quien sufrió agresión por parte de los exuniformados.
“Eran funcionarios que ya desde el año 2025 venían actuando de esta forma, se dieron cuenta de hechos en los cuales se coordinaban los allanamientos, se comunicaban internamente entre ellos, y, efectuaban allanamientos ilegales sin las autorizaciones judiciales y sin los presupuestos legales que los habilitan para el ingreso a un domicilio, desde donde, además, sustrajeron especies en algunos casos, y en otros se efectuaron agresiones a las personas que estaban en su interior”, indicó la persecutora Espinoza.
Añadió que, si bien el motivo de estas acciones ilícitas son materia de investigación, estarían motivadas por la adquisición de especies o drogas. En la audiencia se reportó la sustracción de ketamina, celulares, dinero en efectivo, joyas, y otras especies, durante el desarrollo de los procedimientos irregulares.
“En algunos casos, el propósito estaba motivado por adquirir especies o drogas que estaban en el interior. Ese hecho tampoco se vio por acreditado por el tribunal, sin perjuicio de ello, también puede haber una motivación interna del funcionario por tener cada vez más detenidos. No se descarta ninguna de esas posibilidades y, obviamente, son objeto de la investigación”, dijo.
Por su parte, la defensa de los imputados negó que se tratara de una asociación criminal, y resaltó la trayectoria y conducta intachable de los exfuncionarios, quienes han sido reconocidos por Carabineros por un destacado desempeño laboral.
Durante la audiencia, que se extendió por varias horas, uno de los detenidos entregó su declaración, asegurando que los medios de comunicación de Carabineros tienen una señal deficiente, y por ese motivo se comunicaban mediante sus dispositivos personales.
Asimismo, destacó el riesgo que significa patrullar en el sector de Villa Las Almendras y Las Habas, donde aseguró que los funcionarios sufren agresiones y/o le lanzan objetos contundentes por parte de residentes.
“La creación del grupo de WhatsApp fue, más que nada, para tener una interacción entre nosotros ante cualquier situación que sucediera y no entorpecer las comunicaciones radiales. En la comuna de Chillán la frecuencia radial está bloqueada en algunos sectores”, dijo el imputado.
Desvinculación
Respecto a este caso, Carabineros informó que los funcionarios involucrados fueron desvinculados de la institución.
“La Prefectura de Carabineros Ñuble informa a la opinión pública que, en el marco de los permanentes controles internos y mecanismos de supervisión institucional destinados a revisar y evaluar los procedimientos policiales, se dispuso la desvinculación de cinco funcionarios pertenecientes a la 2ª Comisaría Chillán”, informó a través de un comunicado de prensa.
Asimismo, la Prefectura sostuvo que la medida fue adoptada “tras establecerse que los funcionarios incurrieron en actuaciones que se apartaron de los protocolos institucionales y excedieron funciones legales que regulan el ejercicio de la función policial”.
Agregó que los antecedentes de los hechos se remitieron al Ministerio Público, además de iniciar un sumario administrativo de rigor.
