Decir que en Ñuble los delitos aumentaron un 3,7% durante el primer semestre de este año, en comparación con igual período de 2025, no parece, a simple vista, una cifra capaz de encender las alarmas.
Menos aún si se considera que el incremento es idéntico al registrado en el contexto nacional, conforme a las estadísticas de Carabineros y a las denuncias recepcionadas por las policías.
Sin embargo, el dato adquiere otra lectura al revisar el comportamiento de los últimos años. Ñuble venía registrando tres períodos consecutivos de disminución de delitos y el cambio de tendencia ocurre en un momento en que la región ha recibido los mayores niveles de inversión pública destinados a seguridad.
Durante el primer semestre, el aumento se concentró principalmente en comunas como El Carmen (51,1%), Coelemu (19,1%) y San Fabián (18,2%). En contraste, otras localidades como Trehuaco, Ninhue y San Carlos registraron descensos.
Las cifras muestran un escenario dispar y, junto con ellas, aparecen distintas explicaciones. Mientras algunos alcaldes atribuyen parte del incremento a una mayor disposición de los vecinos a denunciar hechos que antes permanecían fuera de los registros oficiales, dirigentes vecinales advierten que todavía existen delitos que no llegan a las policías, especialmente aquellos vinculados al tráfico de drogas y organizaciones criminales.
El fenómeno ocurre además en un territorio que ha cambiado. La expansión habitacional hacia sectores rurales, el aumento de población en algunas comunas y la aparición de nuevas dinámicas delictuales han modificado un escenario donde la seguridad dejó de ser una preocupación exclusivamente urbana.
Fotografías distintas
Los datos del primer semestre de 2026 muestran que el comportamiento del delito no fue uniforme en Ñuble.
Chillán concentra la mayor cantidad de denuncias, con 5.509 casos y un aumento de 6,3% respecto del mismo período del año anterior. La cifra absoluta mantiene a la capital regional como el principal punto de concentración delictual.
Sin embargo, las mayores variaciones porcentuales aparecen en comunas de menor tamaño. El Carmen registró un aumento de 51,1%, con 314 delitos denunciados; Coelemu creció 19,1%, con 393 casos; y San Fabián aumentó 18,2%, con 1.319 denuncias.
En varias de estas comunas los delitos más denunciados corresponden a violencia intrafamiliar, consumo en la vía pública o hechos asociados a conflictos comunitarios.
El escenario contrario se observa en Trehuaco, que registró una disminución de 16%; Pinto, con una baja de 12,4%; y Ránquil, con una reducción de 9,7%.
La diferencia entre territorios también se refleja en la discusión sobre las causas detrás de las cifras. Para algunos municipios, el aumento responde a una mayor confianza para denunciar; para otros actores, existe un componente asociado al crecimiento poblacional y a la llegada de nuevos habitantes a sectores donde las capacidades policiales se han mantenido sin grandes variaciones.
Denuncias y cifras negras
El alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, sostiene que parte del aumento registrado en su comuna responde a una mayor cantidad de denuncias.
“El acceso es altísimo, es muy evidente, por ejemplo en las denuncias aceptadas por tráfico, microtráfico y consumo de drogas”, dice.
A su juicio, en comunas con alta ruralidad todavía existen factores culturales que influyen en la decisión de denunciar.
“Hay muchos factores, culturales, de expectativa de que efectivamente se solucione el problema que ellos denuncian”, afirma.
Pedreros agrega que campañas municipales y herramientas como Denuncia Seguro han facilitado que más personas recurran a los canales formales.
“Hoy la forma de hacer denuncias es más accesible, más fácil y más anónima”, sostiene.
Una mirada similar tiene el alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, comuna que presenta el mayor aumento porcentual durante el período analizado, pero “destaco el que la gente esté denunciando más”, apunta.
Según explica, desde 2024 el municipio aumentó las horas de patrullaje y reforzó el trabajo con organizaciones vecinales para disminuir la cifra negra.
“Como municipio solo podemos colaborar en aspectos preventivos y educativos, pero no en la persecución de los delitos”, indica.
En San Fabián, el alcalde Cristofer Valdés también apunta a un cambio en la conducta de denuncia, particularmente en casos de violencia intrafamiliar y vulneraciones de derechos.
“Hoy día nosotros, a través de la oficina o los equipos que trabajan con las organizaciones de la mujer, hemos invitado a hacer las denuncias”, explica.
Pero dirigentes vecinales plantean que esa explicación no aborda toda la realidad. En El Carmen, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Martiriano Silva, apunta al crecimiento de la comuna.
“Es más cantidad de gente en la comuna que están llegando, y las policías a veces son los mismos”, afirma.
El dirigente agrega que en sectores rurales persiste la resistencia a denunciar, especialmente cuando existe cercanía entre vecinos. “Por no meterse en nada, dicen: ¿para qué lo vamos a denunciar si a mí no me lo hacen daño?”, comenta.
En Coelemu, Marianela Cofré, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Madera, coincide en que la falta de confianza sigue siendo una barrera y dice que “la gente no denuncia por temor, porque si tú denuncias a esa persona te puede agredir”.
A su juicio, la situación es especialmente compleja en delitos asociados al tráfico de drogas, “que no lo denuncian porque no se atreven”, afirma.
Trehuaco: la clave es obvia
En medio de un escenario regional marcado por aumentos en varias comunas, Trehuaco aparece como una excepción.
La comuna registró una disminución de 16% en los delitos denunciados durante el primer semestre. Su alcalde, Jorge Morales, atribuye el resultado a medidas concretas implementadas durante los últimos meses.
La principal modificación fue el aumento de la dotación policial. El retén pasó de contar con ocho funcionarios a doce.
“Eso nos permitió contar con más personal de Carabineros, aumentar los patrullajes y eso también ha permitido bajar estos índices de delitos”, aclara.
A ello se sumó el aumento de vehículos municipales destinados a patrullajes y la incorporación de recorridos nocturnos y “pasamos a tener un vehículo a dos y aumentar también los patrullajes nocturnos”..
Morales también destaca que la comuna ha experimentado un aumento de población, especialmente de personas que buscan instalarse en sectores rurales por la tranquilidad del territorio.
Una región que cambió
La Región de Ñuble atraviesa un escenario distinto al de años anteriores. El gasto público en seguridad alcanzó cifras históricas, con recursos destinados a infraestructura, equipamiento y capacidades operativas de Carabineros, la PDI y Gendarmería.
Pero el comportamiento delictual del primer semestre muestra diferencias importantes entre comunas y una transformación que se expresa con mayor fuerza fuera de los principales centros urbanos.
El aumento regional de 3,7% no explica por sí solo la realidad de Ñuble. Detrás de esa cifra conviven comunas donde crecieron las denuncias, territorios donde persisten delitos que no llegan a los registros oficiales y localidades donde una mayor presencia policial permitió reducir los indicadores.
La estadística abrió nuevamente la discusión sobre seguridad. Esta vez, con una mirada puesta en caminos interiores, sectores rurales y comunas donde la delincuencia dejó hace tiempo de ser un fenómeno exclusivo de las ciudades.
Aunque las cifras del primer semestre muestran diferencias entre comunas, existe un fenómeno que se ha repetido en los últimos años: los delitos en Ñuble comenzaron a extenderse hacia sectores rurales con características distintas a las tradicionales.
El robo de animales, históricamente asociado al mundo campesino, dejó de ser la única preocupación. Hoy se suman la sustracción de maquinaria agrícola, insumos de alto valor, cables eléctricos y la presencia de cultivos ilegales de marihuana en sectores boscosos o de difícil acceso.
Los antecedentes recopilados por gremios agrícolas muestran que más de una decena de sectores rurales de la región han registrado incrementos en hechos delictuales. Entre las principales preocupaciones aparecen el robo de insumos agrícolas, daños a instalaciones eléctricas, sustracción de maquinaria y abigeato.
Uno de los casos que ha generado mayor impacto es el robo de conductores eléctricos. A fines de 2024, CGE, Copelec y Frontel presentaron una querella conjunta tras la sustracción de cerca de cuatro kilómetros de cable en Pemuco. El balance regional posterior dio cuenta de más de 21 kilómetros de conductores robados y miles de familias afectadas por interrupciones prolongadas del suministro.
La situación también ha obligado a los gremios agrícolas a reforzar sus propias acciones. La Asociación de Agricultores de Ñuble ha financiado camionetas todoterreno para facilitar el desplazamiento policial en sectores de difícil acceso, mientras parlamentarios de la región han impulsado modificaciones legales para endurecer las sanciones asociadas al robo de infraestructura crítica.
