La discusión sobre el Presupuesto 2027 abre una preocupación para Ñuble: la posibilidad de que los recursos destinados a inversión regional disminuyan en torno a un 10%, pasando de los aproximadamente $85 mil millones considerados al inicio de este año a unos $77 mil millones para el próximo. De concretarse, serían cerca de $8 mil millones menos para una región que enfrenta una de las tasas de desempleo más altas del país y que necesita, precisamente, más inversión para recuperar dinamismo.
La señal resulta especialmente contradictoria si se considera que Ñuble ha mostrado una elevada capacidad de ejecución. A julio, el Gobierno Regional alcanzaba un 53,6% de avance presupuestario, ubicándose, según los antecedentes entregados por la autoridad regional, entre los gobiernos regionales con mejor desempeño del país.
El gobernador Óscar Crisóstomo planteó que el recorte sería un retroceso para la descentralización y ha anunciado gestiones ante el Ministerio de Hacienda para revertirlo. Al mismo tiempo, el delegado presidencial Diego Sepúlveda viajó a Santiago para abordar con autoridades del nivel central dos prioridades que también requieren una respuesta presupuestaria: la generación de empleo y la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional de Ñuble.
Ambas gestiones, aunque provengan de autoridades de distinto ámbito, apuntan a una misma necesidad: que la discusión presupuestaria nacional considere las particulares condiciones de una región que todavía presenta importantes brechas de desarrollo y que enfrenta un escenario laboral especialmente complejo. No se trata solo de defender una cifra en una planilla fiscal, sino de resguardar capacidad de inversión en un territorio que requiere activación económica.
La defensa de los recursos regionales, sin embargo, debe ir acompañada de una segunda exigencia: que cada peso disponible sea utilizado con máxima eficiencia y con prioridades claras. Un presupuesto mayor no garantiza por sí mismo mejores resultados. En una región con necesidades tan evidentes, los recursos deben traducirse en obras, empleos, infraestructura y servicios que tengan impacto concreto en la calidad de vida y en la actividad económica.
Si la prioridad es la reactivación, la inversión pública debe concentrarse en iniciativas capaces de movilizar rápidamente la economía local, sostener empleos y generar condiciones para que el sector privado vuelva a invertir. También debe existir una programación que permita evitar los tradicionales retrasos administrativos que terminan trasladando recursos de un año a otro.
El nuevo Hospital Regional constituye un proyecto que trasciende la dimensión sanitaria. Su puesta en marcha implica inversión, empleo directo e indirecto y una transformación relevante para la red asistencial de Ñuble. Asegurar los recursos para que pueda comenzar a operar adecuadamente debería formar parte de una agenda regional que concite transversalmente a las autoridades.
Lo mismo ocurre con la cartera de proyectos que el Gobierno Regional, los municipios y los ministerios deben impulsar en conectividad, infraestructura urbana, agua, salud y desarrollo productivo. La discusión presupuestaria debiera ser una oportunidad para ordenar esas prioridades y establecer compromisos verificables, más que una disputa anual por montos.
Ñuble necesita defender los recursos que se le han comprometido. Pero también necesita demostrar que sabe administrarlos, priorizarlos y convertirlos en desarrollo. Ambas exigencias son perfectamente compatibles y, de hecho, forman parte de una misma responsabilidad pública.
