Una suspensión preventiva que se extiende por tres años y tres meses ubica a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Ñuble entre los servicios públicos del país con los casos más prolongados de funcionarios apartados de sus funciones mientras se desarrolla un sumario administrativo.
El antecedente aparece en un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República, fechado el 21 de septiembre de 2026, que revisó las suspensiones preventivas decretadas en organismos públicos entre enero de 2020 y marzo de 2026. La Seremi de Educación de Ñuble figura en el noveno lugar entre los 20 servicios que registran los mayores tiempos de suspensión preventiva, con un caso que alcanza los tres años y tres meses.
El informe pone el caso regional dentro de un fenómeno de alcance nacional y advierte sobre la extensión de procedimientos disciplinarios que, en algunos casos, se prolongan durante varios años.
De acuerdo con la información remitida por los organismos fiscalizados, la Contraloría ofició a 669 entidades públicas, excluidas las municipalidades, para que informaran sobre funcionarios suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos. De ellas, 662 respondieron y reportaron un total de 485 funcionarios suspendidos desde 2020 o desde una fecha posterior hasta marzo de 2026.
La normativa establece que un funcionario sometido a un sumario puede ser suspendido preventivamente de sus funciones, pero continúa percibiendo sus remuneraciones mientras dure esta medida. Al mismo tiempo, cuando expiran los plazos para concluir una investigación administrativa, la autoridad que ordenó el procedimiento debe revisarlo, acelerar su tramitación y evaluar la eventual responsabilidad del fiscal sumariante.
La dimensión del problema queda reflejada en la duración de algunos de los procedimientos detectados. Según el consolidado, 13 funcionarios llevaban cuatro años o más suspendidos preventivamente, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años. A ellos se suman 44 casos con suspensiones de entre dos y tres años y 147 con períodos de entre uno y dos años.
En el extremo más prolongado aparece un caso de la FACH-DGAC, con cuatro años y siete meses de suspensión preventiva. Le siguen casos del Servicio Nacional de Migraciones, con cuatro años y seis meses; Hospital de Santa Cruz, con cuatro años y dos meses; y Universidad de Santiago de Chile, con cuatro años y un mes, entre otros.
En este listado nacional aparece la Seremi de Educación de Ñuble, cuyo caso registra tres años y tres meses de suspensión preventiva. El informe no entrega en este consolidado la identidad del funcionario involucrado ni los hechos específicos que dieron origen al sumario, por lo que el antecedente permite dimensionar la duración del procedimiento, pero no establecer responsabilidades respecto del caso particular.
El documento de Contraloría advierte que la prolongación de estas investigaciones puede generar consecuencias tanto para la administración pública como para los propios funcionarios. La suspensión preventiva no implica por sí misma una sanción definitiva y durante su vigencia el funcionario continúa recibiendo remuneraciones.
El costo fiscal también es parte de la revisión. La Contraloría estimó en $671.426.189 el monto que el Fisco ha pagado en remuneraciones solamente respecto de los diez funcionarios que registran los períodos de suspensión preventiva más prolongados.
El organismo, además, identificó situaciones que requieren nuevas acciones de fiscalización. Entre ellas, 22 funcionarios suspendidos preventivamente que registraron otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, según información del Servicio de Impuestos Internos. También detectó que 11 funcionarios suspendidos preventivamente habían registrado salidas al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, antecedentes que forman parte de fiscalizaciones anteriores de Contraloría.
A ello se suman 15 funcionarios con suspensión preventiva incluidos entre los informados por asistencia a casinos durante períodos de licencia médica, dos funcionarios que durante su suspensión cumplían prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Copiapó y casos en que el fiscal sumariante que decretó la suspensión también se encontraba suspendido de sus funciones.
La revisión también constató que algunos de los sumarios permanecen a cargo de fiscales que ya no desempeñan funciones en la institución correspondiente, otro factor que puede incidir en la prolongación de los procedimientos.
Frente a estos antecedentes, Contraloría estableció medidas específicas. Los 30 sumarios que registran funcionarios suspendidos preventivamente por más de tres y cuatro años deberán ser remitidos al organismo contralor dentro de cinco días hábiles, para que continúe su sustanciación y determine además si existe responsabilidad de la autoridad que ordenó el sumario y no controló su demora.
Asimismo, las instituciones que mantienen funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año deberán, dentro de 15 días hábiles, remitir la resolución que ponga término al sumario, una resolución fundada que mantenga la suspensión o informar otras medidas destinadas a agilizar su conclusión.
Seremi de Educación
Consultado el seremi de Educación de Ñuble, Felipe Vogel, sobre los resultados del informe, comentó: “Desde la Seremi de Educación estamos muy comprometidos a poder realizar todas las acciones que la ley nos mandate para poder enfrentar cualquier tipo de situación, la cual conlleve a la activación de algún sumario o investigación, la cual contemple algunas responsabilidad de nuestros funcionarios. Seguiremos con ese propósito y ese compromiso en voz de la transparencia y del buen funcionamiento de nuestro servicio”.
