El caso de corrupción descubierto tras conocerse grabaciones de conversaciones entre el abogado santiaguino Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y los hermanos Sauer y Jalaf, también abogados, quienes buscaban eludir sanciones penales por lavado de activos, sigue entregando nuevas aristas.
A más de un año de indagaciones, ya es un hecho que la causa, encargada al Ministerio Público de Los Lagos, cuenta con una en Ñuble, puntualmente en el nombramiento de algunos funcionarios, entre ellos el del actual conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle.
La filtración del audio, en 2024, dejó al descubierto un grado pocas veces transparentado de poder que recaía en un particular, en este caso, Luis Hermosilla, cuya influencia le permitía interceder en nombramientos de fiscales, jueces, ministros y otros cargos públicos de alta relevancia.
La madeja se fue desenredando y comenzaron a caer diversos funcionarios del Poder Judicial, entre ellos, la abogada Ángela Vivanco, quien para octubre de 2024 era aún ministro de la Corte Suprema, siendo suspendida por “malas prácticas”.
Estas apuntan a fallos en favor de un consorcio bielorruso (Balaz-Movitec) que demandó a Codelco (por $17 mil millones) por fin de contrato anticipado, acción que la cuprífera adoptó tras diversos incumplimientos de la empresa, y que terminó con la muerte de un trabajador por falta de seguridad.
Y es por medio de la exministra que se llega a Chillán.
La Fiscalía indaga, a través del OS-9 de Carabineros, una serie de movimientos bancarios entre la pareja de Vivanco (Gonzalo Migueles) y dos conservadores de bienes raíces: Sergio Yáber, de Linares, y Najle, de Chillán.
En este minuto, la indagatoria que lleva la fiscal Carmen Gloria Witter, apunta a que Najle le pagó $25 millones en cuotas a Migueles para (según la Fiscalía) quedarse con el cargo principal del CBR tras la muerte de Luis González, el exconservador de Chillán.
De acuerdo al medio Ciper, cuando el pasado 23 de octubre el OS9 allanó la oficina de Najle en Chillán, este fue interrogado y se refirió al pago, aduciendo que era producto de una deuda anterior que tenía con Migueles.
Se descubría al mismo tiempo que se había confeccionado un contrato predatado (simulando una fecha anterior a la real), asunto que Najle admitió, pero porque -según él- se sentía presionado.
Así se lee en su declaración que publica el citado medio de investigación periodística: “Quiero aclarar que, en uno de los contratos, hice referencia al pago de $25 millones para justificar la deuda que yo tenía con Gonzalo Migueles, finiquitarla y crear otra relación comercial, peor, en definitiva. Yo usé la nomenclatura de los $25 millones, que eran los que en junio de 2024 me había transferido Sergio Yáber [conservador de bienes raíces de Puente Alto y también indagado por triangular presuntos pagos a Vivanco a través de Migueles], para ser entregados a Migueles. Ambos estuvimos de acuerdo y finalmente se firmaron los contratos. Este contrato lo suscribí porque me sentía agobiado y quería sacarme de encima a Gonzalo Migueles”.
Actualmente, la Fiscalía cuenta con registros de audios (interceptaciones telefónicas y registros fotográficos) que respaldan la tesis de la parte persecutora, en relación al vínculo entre Najle, Yáber y Migueles, además de otras personas que trabajan para ellos.
Esperarán fin de la investigación
Pese a que la situación del conservador Najle se ha hecho ya pública y notoria, el magistrado Guillermo Arcos, presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán (entidad con facultades para fiscalizar y sancionar al CBR), dice que el asunto “no es algo que por el momento se haya discutido en el pleno”.
Junto con aclarar que desde el tribunal de alzada se ha mantenido la fiscalización regular del actuar administrativo de la oficina de archivos, una investigación penal como la que cursa la fiscal Witter no es parte de las competencias de los ministros.
Por tal razón confirma que “ante una denuncia formal, nosotros tenemos el deber de pedirle un informe. Toda persona tiene que ser escuchada antes de ser juzgada y para juzgar tenemos que contar con informes oficiales, que no nos han llegado”.
En consecuencia con lo anterior, se aclara que Yamil Najle, si bien es parte de una investigación en etapa de indagatoria policial, su causa aún no se judicializa por lo que a la fecha no ha sido formalizado por delito alguno, y ha podido continuar con sus funciones como conservador de Bienes Raíces con normalidad.
