La decisión del Gobierno Regional de Ñuble de destinar recursos para actualizar el Plan Maestro del Sistema de Transporte Urbano de Chillán y Chillán Viejo es una buena noticia, pero también debiera ser una oportunidad para extraer una lección que la conurbación lleva demasiado tiempo postergando: planificar es indispensable, pero ejecutar lo planificado lo es todavía más.
El actual instrumento data de 2012. Han pasado 14 años, durante los cuales Chillán y Chillán Viejo han cambiado profundamente. Ha aumentado el parque automotor, la ciudad se ha extendido hacia sectores periféricos, han aparecido nuevos polos habitacionales y de servicios, y los patrones de desplazamiento de las personas son muy distintos a los de comienzos de la década pasada. Incluso la pandemia modificó hábitos de movilidad que difícilmente volverán a ser los mismos.
Por eso es necesario revisar un instrumento que, por definición, debe anticiparse a las transformaciones de la ciudad y no limitarse a describir una realidad que ya quedó atrás. La incorporación de transporte público, ciclovías, movilidad activa, nuevas tecnologías y criterios de sustentabilidad es indispensable para que la planificación responda a la ciudad que Chillán y Chillán Viejo es hoy y, sobre todo, a la que será durante las próximas décadas.
Junto con valorar la actualización anunciada, es necesario evitar que esta se transforme simplemente en un nuevo ejercicio de planificación que termine acumulándose sobre otros estudios, diagnósticos y proyectos que tardan demasiado en concretarse. Porque uno de los principales problemas de Chillán no ha sido precisamente la falta de instrumentos. El problema ha sido la distancia entre lo que se planifica y lo que finalmente se ejecuta.
El caso del Plan Maestro de Transportes del Minvu es elocuente. Mientras se actualizan estudios, la ciudad sigue enfrentando diariamente congestiones en puntos críticos, dificultades de conectividad y una infraestructura que no siempre responde al crecimiento urbano. Varias de las grandes avenidas contempladas en soluciones de transporte dependen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y algunas llevan años en distintas etapas de análisis, diseño o evaluación. La consecuencia es conocida por los habitantes: proyectos que aparecen reiteradamente en las agendas públicas, pero cuyos plazos se extienden hasta perder buena parte de su oportunidad.
No se trata de cuestionar la necesidad de estudios técnicos. Una ciudad no puede improvisar sus grandes obras. Pero tampoco puede convertir el proceso de planificación en un fin en sí mismo. Si se actualiza un Plan Maestro, debe existir desde el comienzo una hoja de ruta clara para transformar sus conclusiones en proyectos concretos, con responsables, prioridades, fuentes de financiamiento y plazos razonables.
La participación del Gobierno Regional en el financiamiento constituye una señal positiva. También lo es que la Mesa Regional de Transportes reúna a los distintos actores involucrados. Precisamente esa coordinación debería permitir superar uno de los problemas históricos de la infraestructura urbana: la fragmentación de responsabilidades entre ministerios, municipios, Gobierno Regional y otros organismos públicos.
La nueva planificación debe establecer prioridades. No todo puede hacerse simultáneamente, por lo que será fundamental determinar cuáles son las obras capaces de producir el mayor impacto en los tiempos de viaje, la conectividad entre barrios, el transporte público y la seguridad vial. Y, junto con las grandes obras, deberá considerar soluciones intermedias que permitan enfrentar problemas urgentes mientras se desarrollan los proyectos definitivos.
