Durante más de una década, la construcción de una nueva cárcel para Ñuble y el retiro del actual recinto penitenciario desde el centro de Chillán han transitado entre anuncios, estudios, cambios de gobierno y sucesivas postergaciones. Por eso, las recientes declaraciones del delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, en Radio La Discusión, representan una señal política que merece ser destacada.
“La decisión de este Gobierno es sacar la cárcel del centro de Chillán”, afirmó la autoridad regional. La frase adquiere relevancia porque constituye uno de los compromisos más explícitos expresados desde el Ejecutivo respecto de una demanda histórica de la capital regional. Más aún, porque se produce en un contexto en que el propio Presidente anunció la creación de 20 mil nuevas plazas penitenciarias a nivel nacional y cuando la región busca elaborar estudios y antecedentes técnicos que permiten avanzar en definiciones concretas.
Las declaraciones del delegado se suman a las gestiones que ha venido impulsando el Gobierno Regional. El gobernador Óscar Crisóstomo ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo adopte una definición respecto de un proyecto que lleva décadas esperando una resolución y que busca avances en materia de prefactibilidad y evaluación de alternativas para su emplazamiento.
La discusión hace tiempo dejó de ser únicamente penitenciaria. La permanencia de la cárcel en pleno centro de Chillán constituye también un asunto de planificación urbana, de desarrollo territorial y de proyección de ciudad. El crecimiento de la capital regional ha terminado por rodear una infraestructura que fue concebida para una realidad completamente distinta y que hoy aparece desalineada con las necesidades de una ciudad que aspira a seguir consolidándose como polo de servicios y capital regional.
Para que esta vez el proyecto avance, será necesario algo más que declaraciones de intención. La experiencia acumulada demuestra que una de las principales dificultades ha sido la incapacidad de construir consensos respecto del lugar donde debiera emplazarse un nuevo recinto penitenciario. La reacción habitual ha sido apoyar la idea en términos generales, pero rechazarla cuando se plantea una ubicación específica.
Por eso resulta indispensable que el compromiso expresado por el Gobierno encuentre eco en el conjunto de las autoridades regionales y comunales. Los alcaldes de Ñuble, incluido el de Chillán, tienen la oportunidad de asumir un rol activo en una discusión que afecta al desarrollo futuro de toda la región. Ello implica respaldar la necesidad de una nueva infraestructura penitenciaria moderna, pero también participar en la búsqueda de soluciones que permitan compatibilizar dicha necesidad con la legítima preocupación de las comunidades vecinas.
La región requiere una mirada amplia y responsable. Un nuevo complejo penitenciario debe responder a estándares adecuados de seguridad, reinserción y operación, pero también debe considerar las condiciones urbanas, territoriales y ambientales del lugar donde se instale. Es precisamente en ese equilibrio donde debe construirse el consenso. Ñuble ha esperado demasiado tiempo por una definición. Hoy existe voluntad de estudios, apoyo desde el Gobierno Regional y ahora también una señal política clara desde el Ejecutivo. Lo que corresponde es transformar esas coincidencias en decisiones concretas.
