La reciente resolución del Servicio Electoral (Servel) que actualiza la asignación de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados, encendió alertas en la Región de Ñuble.
El nuevo cálculo, realizado conforme a la Ley N°18.700 y basado en los datos del Censo 2024, establece que el distrito 19 -correspondiente a Ñuble- pasará de cinco a cuatro diputados a partir del período legislativo que se inicia en 2030.
La medida responde a un criterio de proporcionalidad poblacional, mecanismo que se aplica cada 10 años y que redistribuye los escaños en función del crecimiento o disminución de habitantes por distrito.
Sin embargo, su impacto político y territorial ha generado críticas transversales entre los actuales representantes de la zona, quienes coinciden en que la decisión debilita la voz regional en el Congreso.
De haberse aplicado esta redistribución en las elecciones parlamentarias de 2025, uno de los efectos inmediatos, por ejemplo, habría sido la no elección del diputado socialista Francisco Crisóstomo, reduciendo la presencia de su sector político en la zona y modificando el actual equilibrio de fuerzas.
Más centralismo
El diputado independiente-DC Felipe Camaño fue categórico al cuestionar la medida. “No es justo, más aún para las regiones más desfavorecidas como Ñuble, porque esta actualización favorece solamente a las regiones más grandes”, afirmó, agregando que “despojar a regiones fuera de Santiago de sus parlamentarios, bajo ningún punto de vista puede considerarse justo”.
A su juicio, la decisión refleja “una muestra más del centralismo tan arraigado en la cultura política chilena”.
Desde el Partido Socialista, el diputado Francisco Crisóstomo también manifestó preocupación. “Menos diputados significa menos capacidad de defender a nuestra gente, en un momento en que lo que necesitamos es exactamente lo contrario”, precisó.
El parlamentario advirtió que la reducción “no es un dato técnico más”, sino que profundiza las brechas territoriales en una región que -según indicó- enfrenta rezagos en inversión pública e infraestructura.
En la misma línea, el diputado UDI Cristóbal Martínez calificó el redistritaje como “una pésima señal para el país”, apuntando directamente a sus efectos en la descentralización.
“Perjudica directamente a las regiones y profundiza el centralismo, al concentrar aún más la representación en la Región Metropolitana”, sostuvo, anunciando además que se evalúan acciones para revertir o mitigar el impacto de la medida.
Una mirada más matizada planteó el diputado RN Carlos Chandía, quien reconoció el sustento legal de la resolución, pero cuestionó sus alcances. “Es evidente que el cálculo que se hace no mide otras variables, como la extensión y las dificultades de un territorio como Ñuble”, manifestó.
Añadió que la pérdida de un escaño implica “menos fiscalización en el territorio” y menor capacidad de apoyo a autoridades locales y organizaciones sociales.
Por su parte, la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, apuntó al trasfondo político de la decisión. “Puede responder a criterios técnicos, pero eso no significa que sea justa para todos los territorios”, afirmó. A su juicio, la redistribución “debilita la voz de las comunidades” y acentúa la concentración de decisiones lejos de las realidades locales.
Impugnación
El documento del Servel establece que la nueva distribución podrá ser impugnada ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro de cinco días desde su publicación, abriendo una ventana institucional para eventuales reclamaciones.
No obstante, más allá de los mecanismos formales, el debate ya se instaló en el plano político, donde el concepto de equidad territorial vuelve a tensionar la relación entre regiones y el nivel central.
La reducción de escaños en Ñuble no solo reconfigura el mapa electoral futuro, sino que también reabre la discusión sobre los criterios de representación en un país marcado por profundas asimetrías demográficas y territoriales. Abre, además, la ventana a una reforma más de fondo, como ya lo han anunciado varios parlamentarios y el propio gobierno durante la campaña presidencial: reducir el número de legisladores en general, lo que también podría modificar el Senado.
