El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el criterio aplicado por su cartera para conceder rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según explicó, la decisión se basó en la Constitución, la legislación vigente y la jurisprudencia de los tribunales.
En el programa Estado Nacional de TVN, el titular de Justicia también abordó los cuestionamientos políticos y la posibilidad de enfrentar una acusación constitucional. Sobre este escenario, anteriormente ha sostenido que una acción de ese tipo “no tiene asidero”, pues, a su juicio, el ministerio actuó conforme a derecho.
Respecto de la posible acusación constitucional anunciada por la oposición, el ministro señaló que se trata de una facultad de los legisladores y defendió que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente.
“Yo entiendo que estoy frente a una facultad que tienen los legisladores. Y, por lo tanto, en eso no me pierdo un minuto. Pero también creo, y esta semana ha sido bastante clara, en que he estado comportándome conforme a la Constitución y la ley”.
Respecto de su continuidad en el cargo, el secretario de Estado descartó presentar su renuncia. “No, no he pensado renunciar”, afirmó agregando: “Espero acompañar al Presidente durante sus cuatro años”.
Además, el ministro anunció que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para modificar la normativa y excluir expresamente del beneficio a condenados por violación contra niños, niñas y adolescentes, junto con incorporar una mayor participación de las víctimas y control judicial de las resoluciones.
Exministro Cordero
En el mismo programa de TVN, Luis Cordero, ex ministro de Seguridad Pública y de Justicia, rebatió los argumentos jurídicos esgrimidos por Rabat, para conceder por vía administrativa la rebaja de condena a 56 violadores y abusadores de niños.
“Yo creo que, habitualmente, la pregunta es, ¿a qué debe ser leal en la aplicación de la ley una autoridad? Al texto y al propósito del Congreso”, haciendo alusión a la norma aprobada en 2022 que excluía de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores.
En esta línea, el ex ministro dejó ver que la evaluación para acceder a este privilegio debe centrarse en los requisitos vigentes al momento de postular y no la fecha en que se cometió el delito y “es una ley dictada con el propósito deliberado de aplicar, de producir la rebaja de condenas en ese caso”.
Para Luis Cordero, Fernando Rabat “ha sostenido una interpretación. Yo creo que esa interpretación jurídica, por las razones que ha expuesto, no se compadece con el texto de la ley”
